Los padres de Ayotzinapa amenazan con romper diálogo con el gobierno. La culpa: 800 folios ocultos

Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México en 2014 amenazaron el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregan los 800 documentos de inteligencia militar que llevan exigiendo un año y que podrían tener información clave sobre el destino de sus hijos.

Según denunciaron los padres y sus abogados en una conferencia de prensa, desde que se presentó la exigencia, lo único que han conseguido son mentiras, intentos de las autoridades de dividir al grupo, ofertas engañosas de apertura de los archivos y un trato que les recuerda a la administración anterior.

Por eso el jueves, después de meses de choques y desavenencias, se salieron de una reunión de la Comisión de la Verdad a la que habían sido convocados y exigieron ser recibidos de nuevo por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aunque, afirmaron, su confianza en él ya casi no existe.

“Señor Presidente, no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos", dijo Mario González, padre de uno de los 43 desaparecidos. “Firmó un decreto presidencial donde nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada su palabra". "¿Cuál es el cambio?”, preguntó en referencia a la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

López Obrador se comprometió a resolver el caso nada más llegar al poder. Pero pese a la creación de la Comisión de la Verdad, de haber calificado el ataque contra los jóvenes como un “crimen de Estado", de que la Fiscalía General reconociera que la anterior administración armó toda una trama para obstruir el acceso a la justicia, de sumar pruebas, detenciones y procesos judiciales, el caso sigue sin esclarecerse.

Y la principal traba sigue, según las críticas de los padres, en las Fuerzas Armadas. Aunque más de una docena de militares están detenidos y procesados, lo que para el presidente es una muestra de que no habrá impunidad, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que acompañaron durante 8 años a las familias de las víctimas— dejaron el país en julio alegando que los militares seguían ocultando información clave.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

Cuando falta menos de un año para el fin de la administración, padres, madres y abogados presentaron durante la conferencia de prensa un panorama desolador.

El de un gobierno que reitera una y otra vez estar dispuesto a abrir los cuarteles para que los padres escarben en los archivos y hacer la foto del momento, pero niega los 800 documentos solicitados, alguno de los cuales podría tener, por ejemplo, información del traslado de 17 estudiantes la noche del ataque, dijo el abogado Vidulfo Rosales.

O de un presidente que arremete contra los representantes de los padres y los expertos internacionales en muchas mañaneras, la última este mismo jueves, y que dice no confiar en ellos.

Denunciaron también que un pequeño puñado de familiares “en su vulnerabilidad económica han ido sucumbiendo" a grupos de Iguala para participar en manifestaciones pidiendo la liberación, por ejemplo, del exalcalde de esa ciudad y uno de los principales acusados del crimen, explicó otro de los abogados, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Con ese grupo es con el que parece que el gobierno seguirá hablando. “A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer”, dijo el gobierno en un comunicado.

En la conferencia de prensa estaban familiares de casi todos los desaparecidos incluidas un par de madres que denunciaron cómo sus exesposos se habían pasado al otro bando.

Ahora, dijeron, solo les queda que el presidente los reciba para saber a qué atenerse. “Que asuma los compromisos, que nos dé la cara y que toque a los militares”, dijo otro de los padres, Clemente Rodríguez.