La mayor organización indígena de Ecuador convoca a paro nacional en rechazo a suba de combustible
La mayor organización indígena de Ecuador convocó el jueves a una paralización nacional por tiempo indefinido en rechazo al incremento del precio del combustible dispuesto por el presidente Daniel Noboa.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo en rueda de prensa que el llamado a paro es de carácter inmediato, con el objetivo de exigir que se derogue el decreto que elimina el subsidio al diésel. El gobierno no se pronunció de inmediato respecto a ese anuncio de los indígenas.
El viernes, Noboa dispuso la eliminación de un subsidio de 1.100 millones de dólares al diésel utilizado por el transporte pesado, de pasajeros y el sector agrícola, entre otros. Ello causó que el precio del galón subiera de 1,80 dólares a 2,80 dólares.
Para reducir el impacto de la medida las autoridades ofrecieron el pago de compensaciones monetarias desde 400 a 1.000 dólares mensuales a los transportistas y programas de apoyo social y agrícola.
Aunque las protestas, especialmente de transportistas, empezaron de forma tibia el fin de semana, arreciaron desde el lunes en siete provincias con bloqueos de las principales carreteras, pero en las últimas horas cesaron luego de acuerdos con las autoridades. El gobierno decretó un estado de excepción en esas provincias.
Los dirigentes indígenas se reunieron en la ciudad andina de Riobamba, 162 kilómetros al sur de la capital, donde durante la jornada también estuvo Noboa entregando bonos agrícolas y tractores a una parte de los campesinos afectados por la medida. No se produjeron roces.
Ese grupo indígena protagonizó violentas movilizaciones en 2019 y 2022 en contra de subas de los precios de los combustibles, incluyendo el diésel, que llevaron a los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y del exbanquero Guillermo Lasso (2021-2023) al borde del derrocamiento.
En ambos casos, los indígenas bloquearon las principales carreteras del país y mantuvieron una incesante presencia casi por tres semanas en la capital, obligando a los comercios a cerrar. Las autoridades debieron dar marcha atrás a la suba de los carburantes.