La justicia panameña ordena detener al expresidente Martinelli, asilado en la embajada Nicaragua
La justicia panameña ordenó el jueves la detención del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por un caso de blanqueo de capitales, y declaró al exmandatario en riesgo de fuga, tras haberse refugiado hace poco más de dos semana en la embajada de Nicaragua en Panamá.
Una jueza aceptó la petición de la Fiscalía de modificar la medida cautelar que pesa contra Martinelli, quien debe presentarse regularmente ante el juez en tanto que su sentencia condenatoria aún no está en firme, por la de prisión preventiva, dado que “ha mostrado intención de evadirse de la justicia panameña al serle otorgado un asilo político por la República de Nicaragua”.
El exmandatario, empresario de 71 años que gobernó el país centroamericano entre 2009-2014, se encuentra refugiado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en Panamá, luego de que el gobierno de Daniel Ortega le otorgara asilo político.
No puede salir de la sede diplomática pues la Cancillería panameña le negó un salvoconducto que le permitiera salir del país con destino a Nicaragua.
Martinelli fue condenado en julio del año pasado a 10 años de prisión y al pago de 19 millones de dólares en el llamado caso “New Bussiness”, relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010, lo que complicó sus aspiraciones de buscar un segundo mandato en las elecciones generales del próximo 5 de mayo.
De acuerdo con las autoridades judiciales, la última comparecencia del expresidente ante el juez para el cumplimiento de su medida cautelar personal fue el 15 de enero de 2024, lo que revela desde esa fecha un incumplimiento de sus obligaciones procesales y agrava aún más el riesgo de fuga.
La causa penal contra el exmandatario se encuentra a la espera de que sean resueltas solicitudes de aclaración de la sentencia, entre ellas, dos a favor del expresidente, que fueron presentadas el día 20 de febrero de 2024 al Tribunal Superior de Liquidación de Panamá
“La decisión analizó y ponderó la gravedad del delito imputado, el riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte” manifestó el Órgano Judicial, el ente de administración de justicia en el país.