La jueza boliviana que anuló la orden de captura contra Evo Morales va a prisión por 30 días
La justicia boliviana decidió el martes enviar a prisión preventiva por 30 días a la jueza que anuló una orden de detención contra el expresidente de Bolivia Evo Morales, en un caso de presunto abuso a una menor cuando era mandatario en 2016.
La jueza Lilian Moreno deberá cumplir prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, tras ser imputada por la fiscalía por los delitos de desobediencia y presunto prevaricato por anular la orden de captura contra Morales.
“El Ministerio Público ha señalado riesgo de fuga", declaró Nicolás Osinaga, abogado de la jueza, tras la conclusión de la audiencia. Calificó la resolución como una decisión arbitraria.
El lunes Moreno fue detenida en la región oriental de Santa Cruz. La jueza era buscada después de emitir un fallo que favorecía a Morales ya que anulaba la orden de captura en su contra. Tras la polémica, autoridades judiciales y de gobierno han salido a explicar que la orden de aprehensión y el caso siguen vigente contra Morales (2006-2019).
En su cuenta de X, el expresidente denunció que la jueza fue “ilegalmente” detenida con el fin de dar un “claro mensaje de intimidación, coacción y persecución para todos los jueces... que no cumplan con las órdenes ilegales y autoritarias dictadas por del gobierno en el marco de la guerra judicial accionada en contra de mi candidatura".
Analistas señalaron que se buscaba favorecer a Morales para que pueda presentarse en La paz para registrar su candidatura.
El exgobernante de 65 años es investigado por un presunto caso de trata de personas. Fue convocado en varias ocasiones a declarar, pero no se presentó, por lo que fue librada la orden de aprehensión.
En enero otro juez declaró a Morales en rebeldía y emitió una orden para que no pueda salir del país. Además, se congelaron sus cuentas, entre otras medidas.
Morales anunció que la próxima semana realizará una marcha con sus seguidores a La Paz para presionar por su registro ante el Tribunal Supremo Electoral como candidato a los comicios presidenciales del 17 de agosto a pesar de haber sido inhabilitado por el Tribunal Constitucional.
Morales acusa a su exaliado, el presidente Luis Arce, de perseguirlo judicialmente para sacarlo de la carrera electoral. A su vez, Arce culpa al exmandatario de un “boicot” económico por bloquear la aprobación de créditos desde la Asamblea Legislativa destinados a aliviar la peor crisis económica del país en décadas.