Inmigrantes que buscan asilo en EEUU son enviados a países desconocidos y quedan en el limbo

El hombre afgano había huido del Talibán para refugiarse en el norte del estado de Nueva York cuando las autoridades migratorias de Estados Unidos ordenaron su deportación a Uganda. La mujer cubana estaba trabajando en un Chick-fil-A de Texas cuando fue arrestada tras un accidente de tránsito menor y le comunicaron que la enviaban a Ecuador.

Está el hombre mauritano que vive en Michigan al que le dijeron que tendría que ir a Uganda, la madre venezolana en Ohio a la que le dijeron que la enviarían a Ecuador y los bolivianos, ecuatorianos y tantos otros en todo el país a quienes se ordenó ser expulsados a Honduras.

Están entre los más de 13.000 migrantes que vivían de forma legal en Estados Unidos, a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, cuando de pronto se enfrentaron a las llamadas órdenes de deportación a un “tercer país”, con destino a lugares con los que la mayoría no tenía vínculos, según la organización sin ánimo de lucro Mobile Pathways, que impulsa la transparencia en los procedimientos migratorios.

Sin embargo, pocos han sido deportados, q pesar de que la Casa Blanca presiona para que se expulse a cada vez más inmigrantes. Debido a cambios no explicados en la política estadounidense, muchos están ahora atrapados en un limbo migratorio, sin poder defender sus solicitudes de asilo ante un tribunal y sin saber si serán encadenados y subidos a un vuelo de deportación hacia un país que nunca han visto.

Algunos están detenidos, aunque la cifra no está clara. Todos han perdido el permiso para trabajar legalmente, un derecho que la mayoría tenía mientras tramitaba la solicitud de asilo, lo que agrava la preocupación y el temor que se ha extendido por las comunidades inmigrantes.

Y ese podría ser el objetivo.

“El objetivo de este gobierno es infundir miedo en la gente. Eso es lo principal”, afirmó Cassandra Charles, abogada principal del National Immigration Law Center, que ha estado combatiendo la agenda de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump. El temor a ser deportado a un país desconocido podría, según los activistas, llevar a los afectados a abandonar sus expedientes migratorios y decidir regresar a sus países de origen.

Las cosas podrían estar cambiando.

A mediados de marzo, altos funcionarios jurídicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicaron a abogados de campo del Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico que dejaran de presentar nuevas mociones de deportación a terceros países vinculadas a casos de asilo. El correo, que fue visto por The Associated Press, no ofrecía motivos. No se ha hecho público, y el departamento no respondió a solicitudes para aclarar si la suspensión pausa era permanente.

¿Pero y los casos de deportación anteriores? Esos continúan.

Solicitante de asilo, aterrorizada de ser enviada a un país que no conoce

En 2024, una mujer guatemalteca que asegura haber sido retenida y agredida sexualmente en repetidas ocasiones por miembros de una poderosa pandilla llegó con su hija de cuatro años a la frontera entre Estados Unidos y México y pidió asilo. Más tarde descubrió que estaba embarazada de otro hijo, concebido durante una violación.

En diciembre, se sentó en una sala de un tribunal migratorio en San Francisco y escuchó mientras un abogado del ICE pedía que fuera deportada.

El abogado no le pidió al juez que la enviara de regreso a Guatemala. En su lugar, apuntó el letrado, la mujer, originaria de las tierras altas indígenas de Guatemala, iría a uno de tres países: Ecuador, Honduras o, al otro lado del mundo, a Uganda.

Hasta ese momento, nunca había oído hablar de Ecuador ni de Uganda.

“Cuando llegué a este país, volví a llenarme de esperanza y le di gracias a Dios por estar viva”, dijo la mujer después de la vista, con los ojos llenos de lágrimas. “Cuando pienso en tener que ir a esos otros países, entro en pánico porque escucho que son violentos y peligrosos”. Habló bajo condición de anonimato, por temor a represalias de las autoridades migratorias estadounidenses o de la red de pandillas guatemaltecas.

Más de 13.000 órdenes de expulsión para solicitantes de asilo

Los abogados del ICE, que actúan como fiscales de facto en las cortes migratorias, recibieron por primera vez el verano pasado instrucciones para presentar mociones conocidas como “pretermissions”, que ponen fin a las solicitudes de asilo de los migrantes y permiten su deportación.

“No están diciendo que la persona no tenga un caso”, explicó Sarah Mehta, quien sigue temas migratorios en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Simplemente están diciendo: ‘Vamos a desestimar este caso por completo y vamos a enviar a esa persona a otro país’”.

El ritmo de las órdenes de deportación se aceleró en octubre tras una resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, que establece precedentes legales dentro del laberíntico sistema de cortes migratorias.

El fallo de los tres jueces —dos designados por la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el tercero un remanente del primer gobierno de Trump— despejó el camino para que los migrantes que solicitan asilo puedan ser expulsados a cualquier tercer país donde el Departamento de Estado de Estados Unidos determine que no enfrentarán persecución ni tortura.

Tras el fallo, el gobierno amplió de manera agresiva la práctica de poner fin a las solicitudes de asilo.

Más de 13.000 migrantes han recibido órdenes de deportación a los denominados “terceros países seguros” después de que se cancelaran sus casos de asilo, según datos de Mobile Pathways, con sede en San Francisco. Más de la mitad de las órdenes fueron para Honduras, Ecuador o Uganda, y el resto se repartió entre casi tres docenas de naciones.

Los migrantes deportados son libres, al menos en teoría, de solicitar asilo y quedarse en esos terceros países, aunque algunos cuentan con sistemas de asilo apenas funcionales.

Las deportaciones, mucho más complicadas de lo que esperaba el gobierno

Las autoridades migratorias han revelado poca información sobre los acuerdos con terceros países, conocidos como Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo, o sobre los deportados, y no está claro exactamente cuántos han sido enviados a un nuevo destino como parte de expulsiones vinculadas a casos de asilo.

Según Third Country Deportation Watch, un observatorio gestionado por los grupos de derechos Refugees International y Human Rights First, se cree que menos de 100 han sido deportados.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional calificó los pactos como “acuerdos bilaterales legales que permiten que extranjeros ilegales que buscan asilo en Estados Unidos puedan solicitar protección en un país socio que ha aceptado resolver sus solicitudes de manera justa”.

“El Departamento de Seguridad Nacional está utilizando todas las herramientas legales disponibles para abordar el retraso y el abuso del sistema de asilo”, agregó la nota, atribuida únicamente a un portavoz. Hay aproximadamente dos millones de casos de asilo pendientes en el sistema migratorio.

Pero las deportaciones resultaron ser, claramente, mucho más complicadas de lo que el gobierno esperaba, limitadas por una serie de desafíos legales, el alcance de los acuerdos internacionales y un número limitado de aviones.

Los datos de Mobile Pathways, por ejemplo, muestran que se ha ordenado la deportación de miles de personas a Honduras, pese a un acuerdo diplomático que permite al país recibir un total de apenas 10 deportados de ese tipo por mes durante 24 meses. Decenas de personas a quienes se les ordenó ir a Honduras en los últimos meses no hablaban español como idioma principal, sino que eran hablantes nativos de inglés, uzbeko y francés, entre otras lenguas.

Y aunque se ha ordenado el envío de cientos de solicitantes de asilo a Uganda, un alto funcionario ugandés dijo que no ha llegado ninguno. Las autoridades estadounidenses podrían estar “haciendo un análisis de costos” y tratando de evitar despachar vuelos con pocas personas a bordo, indicó a la AP Okello Oryem, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Uganda.

“No se puede estar haciendo con una, dos personas” a la vez, expresó Oryem. “Cargamentos completos —esa es la manera más efectiva”.

Muchos abogados de inmigración sospechan que el correo electrónico de marzo que ordenaba suspender las nuevas concesiones de asilo podría indicar un giro hacia otras formas de deportaciones a terceros países.

“Por ahora no han podido expulsar a tanta gente”, comentó Mehta, de la ACLU. “Creo que eso va a cambiar”.

“Ahora mismo están haciendo contrataciones a gran escala. Tendrán más aviones. Si consiguen más acuerdos, podrán enviar a más personas a más países”, agregó.

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Los periodistas de The Associated Press Garance Burke en San Francisco; Joshua Goodman en Miami; Rodney Muhumuza en Kampala, Uganda; Marlon González en Tegucigalpa, Honduras, y Molly A. Wallace en Chicago contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.