Fiscalía colombiana busca acusar a expresidente Álvaro Uribe y su defensa la nulidad del proceso
Un inédito proceso penal en Colombia contra el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez avanzaba el viernes con la continuación de la audiencia en la que la fiscalía busca acusarlo formalmente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convertiría en el primer exmandatario en afrontar un juicio en el país andino. Pero la acusación podría tardar.
La defensa de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, pidió el 17 de mayo la nulidad del proceso penal por considerar que hubo afectación al debido proceso y al derecho a la defensa en el caso: “No está claro qué se le imputó, no está claro los ribetes de la imputación”, señaló el abogado Jaime Granados. Por lo que la jueza deberá resolver la solicitud.
“Si la jueza niega, la defensa puede apelar; si la jueza acepta, la fiscalía y las víctimas pueden apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá”, señaló a The Associated Press el abogado penalista Fabio Humar, quien aseguró que es común que la defensa pida nulidades durante la audiencia de acusación.
En caso de que la jueza no acepte la nulidad del proceso, se espera que la fiscalía acuse formalmente a Uribe Vélez por medio de un escrito en el que enuncie los elementos de prueba que tiene y justifique su presunta responsabilidad por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, los cuales podrían significar hasta 12 años de prisión de ser hallado culpable.
Uribe enfrenta un proceso penal porque en 2012 le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a un senador opositor por supuestamente estar buscando testigos en las cárceles para relacionarlo con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que fue de su familia.
En un giro inesperado, la Corte cerró la causa contra el senador y abrió otra contra Uribe, al sospechar que sería él quien intentó presionar por medio de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios. El expresidente ha insistido en que es inocente y que no buscó engañar a la justicia.
Uribe, entonces senador, estuvo detenido en su residencia por dos meses durante el 2020 por orden de la Corte, encargada de investigar a los congresistas. Sin embargo, decidió renunciar a su curul y con eso el proceso pasó a manos de la fiscalía, ente que pidió en dos ocasiones el cierre del proceso alegando que el expresidente fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas que hicieron terceros. Los jueces negaron el cierre.
Uno de los terceros que habría buscado que los testigos contra Uribe cambiaran su versión es el abogado Diego Cadena, quien enfrenta un proceso penal por presunta manipulación de testigos por los mismos hechos que el expresidente.
La fiscalía, tras un cambio en su jefatura, decidió en abril llamar a juicio a Uribe Vélez, lo que supuso un cambio de rumbo que fue interpretado por el expresidente como una “venganza política”.
El juicio contra Uribe va contra reloj, debido a que se calcula que el proceso prescribiría en octubre de 2025, lo que no dejaría suficiente tiempo para cubrir todas las etapas judiciales y llegar a una sentencia.
El agobado Humar indicó que Uribe podría renunciar a la prescripción, lo que prolongaría por dos años más el proceso, tiempo para el cual debería haberse emitido una sentencia de segunda instancia o la acción penal cesaría definitivamente.