Expresidenta Fernández seguirá con tobillera eléctrica y visitas limitadas en prisión domiciliaria
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández seguirá llevando una tobillera electrónica para controlar sus movimientos y también sujeta a un régimen de visitas restringido mientras cumple una condena de seis años de prisión por corrupción en su domicilio de Buenos Aires.
La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, ratificó el viernes el lugar de confinamiento y las condiciones del mismo para la líder del peronismo opositor, condenada en 2022 por haber cometido administración fraudulenta durante su mandato (2007-2015).
La decisión judicial implicó un revés a las pretensiones de la también exvicepresidenta (2019-2023), que había cuestionado tanto el uso del dispositivo electrónico en uno de sus tobillos como las restricciones a las visitas que puede recibir en el departamento donde está confinada en el sur de la capital.
Fernández había pedido que se revocara la orden de pedir permiso para recibir visitas en su casa distintas a las de allegados, abogados y personal de seguridad que sí tiene autorizadas.
En su resolución, la cámara alegó la “legalidad” y “razonabilidad” de la serie de medidas impuestas a Fernández por el tribunal federal que la condenó.
Destacó que la exmandataria fue condenada por “delitos de corrupción estructural de gran magnitud” y señaló la necesidad del que se asegure "el cumplimiento efectivo de la pena”.
La decisión sobre la situación de Fernández no fue unánime; uno de los tres jueces de la cámara se mostró contrario a la tobillera eléctrica.
Fernández fue hallada culpable a raíz de irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales con los que fue beneficiado un empresario allegado.
La exmandataria dice ser víctima de una persecución judicial para sacarla del escenario político. Por su condena, no podrá competir en las elecciones legislativas de septiembre próximo en la provincia de Buenos Aires, tal como pretendía, ya que la condena incluye inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.