Entregan en Chile títulos póstumos de abogado a ocho víctimas de pasada dictadura militar
A dos semanas de que se cumpla el 50 aniversario del golpe militar en Chile, el máximo tribunal de justicia entregó el martes títulos póstumos de abogado a ocho víctimas fatales de la dictadura de Augusto Pinochet, incluidos desaparecidos forzados y ejecutados.
La ceremonia se realizó en el pleno de la Corte Suprema ante la presencia de jueces, familiares de las víctimas y de los ministros de Justicia, Luis Cordero, y de Interior, Carolina Tohá, cuyo padre es una de las víctimas de la dictadura militar (1973-1990).
El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, dijo que los títulos se entregaron a quienes cursaron la totalidad de los estudios, y que “lamentablemente no pueden estar presentes, ni prestar a viva voz el juramento o promesa ni desempeñar la profesión que hoy solemnemente se les reconoce”.
Patricia Silva, cuyo padre Mario Silva Iriarte es uno más de los más de un millar de detenidos desaparecidos durante la dictadura, afirmó a The Associated Press que “es un momento bien doloroso, (porque) vinimos acá mismo a pedir justicia y nos fue negada”.
Los tribunales de justicia chilenos rechazaron miles de recursos de amparo presentados en favor de millares de detenidos por el régimen militar. Sólo se acogió un puñado de ellos, según los familiares.
También recibió el título póstumo José Tohá González, exministro de Defensa y del Interior del derrocado presidente Salvador Allende. Tohá, que era el padre de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, fue detenido y llevado a un campo de prisioneros, aunque por sus condiciones de salud extremas fue trasladado al hospital militar, donde falleció en marzo de 1974.
Littré Quiroga, director nacional del servicio de prisiones, es otro de los destacados con el cartón profesional. Fue detenido en septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente a un regimiento, desde donde lo llevaron a un centro de detención y tortura, donde además fue baleado. Sus asesinos fueron condenados en la víspera a 25 años de cárcel efectiva.
La Corte Suprema hizo algo similar en noviembre de 2022, cuando entregó títulos profesionales póstumos a los familiares de dos detenidos desaparecidos y de tres ejecutados políticos egresados de la Universidad de Chile.
El poder judicial decidió entregar los títulos por petición de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Colegio de Abogados de Chile, y “a modo de reparación y en forma extraordinaria”, según indicó.