Defensa de expresidenta boliviana Áñez buscará absolución de condena tras rechazo de apelación
La defensa de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez informó el jueves que presentará un pedido de absolución de su sentencia a 10 años de cárcel un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazó una primera apelación que buscaba que la exmandataria salga libre tras permanecer en la cárcel más de cuatro años.
Áñez fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Ya no pediríamos la nulidad. Vamos a abrirnos directamente hacia la absolución de esa condena”, dijo el abogado defensor Luis Guillen a The Associated Press.
Guillen explicó que en un primer recurso se buscó “la nulidad de la sentencia por haber sido dictada por autoridades incompetentes”, pero que el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso de revisión.
La defensa sostiene que Áñez no debió ser juzgada en una corte ordinaria sino en un proceso político en la Asamblea Nacional por su condición de exmandataria.
En agosto dos tribunales bolivianos declararon la nulidad de otros dos juicios a Áñez por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis de 2019, los cargos más complicados que pesan sobre la expresidenta.
Al mismo tiempo, la justicia boliviana ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva impuesta a Áñez y a otros dos líderes opositores, quienes salieron de la cárcel con detención domiciliaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas cuestionaron esa decisión de la justicia boliviana —que incluyó a policías y militares— porque aseguraron que implica un “riesgo de impunidad”.