Cuando el miedo lleva al cierre. La extorsión va al alza en México asfixiando a tiendas y empresas

A escasos días de la celebración del Día del Padre en junio del 2019, cuando su tienda de ropa para caballeros en el centro histórico de la capital mexicana estaba atestada de clientes, un comerciante recibió una llamada que lo dejó petrificado. Del otro lado de la línea escuchó la voz de un hombre que sin identificarse le dijo: “Necesito que me preparen 10.000 pesos semanales, si no vamos a tener que actuar”.

La primera reacción del empresario capitalino, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias, fue colgar y no volver a atender el teléfono por unos días, pero a la siguiente semana se repitió la llamada. Entonces se armó de valor y respondió que no pagaría la extorsión porque esa cifra, equivalente a unos 500 dólares, suponía la mitad de sus ingresos de un día.

“Pues aténganse a las consecuencias”, escuchó decir al otro lado del teléfono. Por ocho meses, nadie en su tienda respondió a ninguna llamada más.

Cuatro años después de la primera advertencia, tras haber recibido la visita en su local de delincuentes, cuatro asaltos y amenazas de muertes, decidió cerrar la tienda que estableció su abuelo en 1936, que heredó su padre y luego él de su padre.

Para pequeños, medianos y grandes comerciantes del centro capitalino el llamado “cobro de piso” es un problema con el que conviven en silencio, por miedo, y con una sensación de desamparo por parte de las autoridades. Unos negocios terminan asumiéndolo como parte de sus gastos, otros quedan abocados al cierre.

La Confederación Patronal de la República Mexicana estima que la extorsión causó pérdidas en 2023 por 25.964 millones de pesos (unos 1.300 millones de dólares).

Víctor Hugo Noriega, propietario de un quiosco de botanas y gaseosas, admitió que la extorsión es un rumor a voces que impera en los alrededores del Zócalo, la principal plaza de la capital en la que se encuentra el Palacio Nacional de gobierno, a pesar de la presencia de policías y de cámaras de seguridad.

Coincide con él Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México: se “ha venido afianzado” en los últimos años en el país y, en particular, en la capital.

Ciudad de México ocupó en mayo el tercer lugar por casos de extorsión entre los 32 estados, superada sólo por Estado de México y Guanajuato.

Cuando denunciar no sirve de mucho

Según cifras de la Secretaría de Seguridad federal, en los primeros cinco meses de este año se abrieron 498 investigaciones en la capital, lo que representó casi el doble de igual período de 2024 (249 casos) y el mayor registro en los últimos seis años.

En ese periodo se abrieron a nivel nacional 4.588 investigaciones. Los de Ciudad de México representan casi el 11% del total del país.

La extorsión es, junto con las lesiones por arma de fuego y violaciones, uno de los delitos de alto impacto identificados por las autoridades que se ha mantenido al alza en los últimos cuatro años, de 2021 a 2024. A nivel nacional, el repunte es del 6% entre enero y mayo de este año.

Y eso es sólo un 3% del problema real. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cifras negras en los casos de extorsión alcanzaron casi 97% en 2023. El secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vásquez Camacho, lo admite: "No podemos resolver algo que no estamos ni siquiera viendo o que no se está formalizando”.

Las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias, pero también porque claudican ante un delito con alta impunidad. Eso es lo que le pasó al dueño de la tienda de ropa para hombres.

Las amenazas de 2019 se interrumpieron durante los ocho meses que dejó de responder el teléfono. Pero una mañana de febrero de 2020, dos hombres se presentaron en la tienda y exigieron el pago a uno de los empleados. El propietario, que estaba en el local, se escabulló por la puerta principal haciéndose pasar por un cliente.

Los temores del comerciante se reavivaron nuevamente en 2021 con más llamadas semanales exigiendo sumas de dinero a cambio de “seguridad”.

Por recomendación de sus abogados, el comerciante decidió dejar de ir a la tienda y manejarla remotamente desde otra oficina. Las amenazas coincidieron con al menos cuatro asaltos. En uno de ellos, sus empleados fueron sometidos a punta de pistola, maniatados y encerrados en el baño, mientras los maleantes se llevaron el poco efectivo que había en la caja registradora.

Harto de la intimidación y los asaltos, finalmente decidió acudir al Ministerio Público capitalino para denunciar las extorsiones, pero la investigación no prosperó. Los fiscales le exigieron pruebas que no pudo presentar debido a que las amenazas siempre fueron verbales.

“No hay mucho que hacer. Pagar cuando hay que pagar”, afirmó resignado el joven Daniel Bernardi, otro empresario, al hablar de la situación que padecen los propietarios del centro histórico, como es el caso de su familia que, por 85 años, han preservado una de las peleterías más emblemáticas en medio del complejo contexto.

Pagar o exponerse incluso a morir

En un intento de contener el repunte delictivo, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció en julio una nueva estrategia nacional para perseguir a los extorsionadores. La presidenta propuso además una reforma constitucional para que el Congreso pueda emitir una normativa que tenga alcance en los 32 estados.

Esta semana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó el nuevo plan que contempla un número telefónico para recibir denuncias anónimas, la cancelación inmediata de cuentas telefónicas y celulares vinculados a llamadas de extorsión —incluidos los que se usan desde las cárceles—, la creación de unidades de antiextorsión locales y la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas de quienes se dedican a la extorsión.

La expansión de este delito ha sido asociada por especialistas de seguridad, en parte, a la rentabilidad que genera. Organizaciones como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han incluido la extorsión en “una de las divisiones de su portafolio criminal”, que usan para financiar las guerras territoriales, así como para pagar a sus colaboradores o los sobornos a autoridades locales y policías, según el analista en seguridad David Saucedo.

Francisco Rivas, director de la organización civil local Observatorio Nacional Ciudadano que defiende el Estado de derecho y la prevención del delito, afirmó que la invisibilidad de la extorsión tiene que ver en cómo operan los delincuentes. Suelen acudir a empresas grandes, medianas y pequeñas, pero también a trabajadores informales o distribuidores de corporaciones, para exigir un pago semanal o mensual a cambio de protección.

A diferencia de otros delitos, en la extorsión “conviven todos, desde pequeñas bandas, individuos que aprovechan el temor ciudadano y entonces se hacen pasar por algún cartel, alguna marca reconocida como Jalisco, Sinaloa, la Unión Tepito, hasta grupos delictivos organizados”, explicó Rivas.

Para el propietario de la tienda de ropa, el nuevo plan gubernamental llega tarde.

Ante la falta de respuesta de las autoridades y la escalada de la intimidación —llegaron a amenazarlo de muerte sino pagaba la extorsión—, el comerciante claudicó en diciembre de 2023 y liquidó su negocio.

“Cuando cerré me dio mucha tristeza, mucha", dijo el propietario asegurando que la tienda aún podría haber seguido adelante pero no pudo por miedo. Fue sacando los antiguos muebles hasta dejar completamente vacío el local, que por casi 90 años vivió lleno de los recuerdos de su abuelo y su padre. “Se trabaja toda la vida para que te destruyan la vida”.