CPI dictamina que puede proceder pesquisa sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional dictaminaron el viernes que puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017. Por su parte, Caracas expresó su desacuerdo con la decisión.

El juez presidente del panel de apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, dijo que el tribunal “rechaza las apelaciones” presentadas por Venezuela.

El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, anunció a finales de 2021 que abriría una pesquisa tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Sin embargo, la investigación a gran escala quedó en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. La CPI es un tribunal de último instancia que sólo se ocupa de casos cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar, un sistema conocido como complementariedad.

Khan siguió adelante con sus esfuerzos para continuar su investigación, la primera del tribunal en América Latina. Él dijo el año pasado que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia “siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en procedimientos potencialmente relevantes”.

Los jueces de la CPI estuvieron de acuerdo con Khan y el año pasado lo autorizaron a reanudar las pesquisas en Venezuela. Los jueces señalaron en ese momento que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.

Caracas apeló el fallo, lo que llevó a la decisión del viernes.

En tanto, el gobierno de Maduro expresó el viernes en un comunicado su desacuerdo con la decisión de la sala de apelaciones de la CPI y afirmó que “quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado (abierto)” en esa instancia judicial “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.

“Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la constitución”, destacó el escrito divulgado por el canciller venezolano Yvan Gil mediante su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Venezuela reiteró que como Estado tiene “derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas. Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuicia cualquier delito cometido en su territorio”, agregó el comunicado.

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Jorge Rueda informó desde Caracas.