Cámara de Diputados argentina debate proyecto de Milei para bajar a 14 años edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados argentina debatía el jueves un proyecto del gobierno de Javier Milei que propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como el homicidio, su medida más defendida en materia de seguridad.

La iniciativa establece además una pena máxima de hasta 15 años de prisión para quienes cometan asesinatos u otros delitos graves como abuso sexual y secuestro, con la posibilidad de obtener la libertad condicional una vez cumplidos dos tercios de la condena, y sanciones alternativas a la prisión cuya punición sea inferior a los 10 años.

Envalentonado por su triunfo en las elecciones de medio término de octubre —que le permitió sumar más legisladores en ambas cámaras del Congreso— y luego de conseguir la víspera que el Senado aprobara su ambiciosa reforma laboral, Milei impulsa ahora una legislación que, según el gobierno, responde a la acuciante demanda de una sociedad harta de ser víctima de delincuentes cada vez más jóvenes.

Una de las promesas de Milei en la campaña que lo condujo a la presidencia a fines de 2023 fue el combate frontal a la delincuencia, que está entre las principales preocupaciones de los argentinos en las encuestas. El mandatario ha advertido en varias ocasiones que los que cometen crímenes ya no viven en “la Argentina de la impunidad".

El tratamiento de la iniciativa se fue posponiendo porque el gobierno estaba centrado en reformas económicas y administrativas que consideraba prioritarias.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil pretende reemplazar al de 1980 y obtendría un respaldo mayoritario en la cámara baja gracias al apoyo de bloques aliados como el conservador PRO y la Unión Cívica Radical. De ser aprobado, en una jornada que se estima que será maratónica, la iniciativa pasará al Senado, donde el gobierno contaría con el respaldo necesario parea su sanción.

Entre sus principales oponentes están el peronismo y los partidos de izquierda, que acusan al mandatario de ultraderecha de fomentar el poder punitivo del Estado con legislaciones que no logran la reinserción social de los adolescentes que cometen delitos.

La diputada Victoria Tolosa Paz, del bloque peronista Unión por la Patria, reconoció que el régimen actual “es vetusto y atrasa 100 años”, pero calificó la iniciativa oficial como “a la derecha de la derecha” y acusó al gobierno de tener “una fijación con el castigo”.

Otros opositores denunciaron que el proyecto “profundiza el abandono” porque establece un régimen donde no hay jueces ni fiscales especializados y tampoco un presupuesto adecuado, además de considerarlo inconstitucional por no respetar tratados internacionales que exigen un régimen diferenciado para los menores, con medidas de revinculación social y educativa.

La diputada de la oficialista La Libertad Avanza, Karen Reichardt, descartó que la iniciativa castigue pero no eduque, al señalar que “prevé capacitación y estudios dentro de las cárceles hasta que se cumplan las condenas” y destacó que los sentenciados cumplirán las penas de encierro “lejos de los adultos” presos.

“El proyecto representa a los argentinos de bien que se levantan todas las mañanas para ir a trabajar por una Argentina mejor, que quiere más seguridad, más tranquilidad”, agregó.