Juez admite amparo contra contratación de médicos cubanos, se alega esclavitud moderna e ilegalidad

En México, un juez admitió un amparo contra la medida que anunció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contratar 500 médicos cubanos que cubrirán las plazas de especialistas en regiones apartadas del país. El recurso fue presentado por Fernando Castillo Pacheco y concedido por José Luis Evaristo Villegas, juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil de Puebla.

El magistrado citó a una audiencia el 1 de junio, para determinar si concede una suspensión provisional o definitiva, que frenaría el proceso que ha generado diferentes reacciones negativas, tanto entre la población, como entre los profesionales del sector salud.

El amparo se solicitó bajo el argumento de que las autoridades mexicanas no han verificado la calidad de los médicos cubanos que llegarán a México o si éstos han homologado sus estudios conforme las leyes que aplican en la materia.

Al respecto, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, señaló que la legislación mexicana vigente ordena que un extranjero no puede trabajar como médico en México, sin antes realizar un proceso de homologación o revalidación de sus estudios profesionales realizados.

La llegada de varios centenares de médicos cubanos se anunció el pasado 9 de mayo como parte del convenio del gobierno federal con el de La Habana, que incluye además la adquisición de la vacuna Abdala para inmunizar a niños de 5 a 11 años en lo que resta del año.

La denuncia acusa que la contratación es irregular, al favorecer las condiciones de esclavitud moderna e incluso la trata de personas, así como actos a los que México se encuentra obligado, por diversos tratados Internacionales, a combatir frontalmente. Sin embargo, no obtuvo la suspensión pues no se presentó un convenio formal por parte de los representantes del gobierno de ambas naciones.

Lo anterior ha sido confirmado por colectivos de médicos cubanos y activistas internacionales, quienes afirman que las misiones internacionales como la que se tiene previsto que llegue a México, viven en condiciones de esclavitud laboral, son separados de sus familias y son amenazados de ser considerados “traidores a la patria”.

"Ellos de facto nos quitaron la patria potestad (de nuestros hijos). En la nueva legislación denominada responsabilidad parental, vamos a perder legalmente la patria potestad sobre nuestros hijos. Es un crimen contra la patria potestad, contra los derechos del niño, contra la humanidad y la familia", dijo Leyva, quien estuvo en una misión en Brasil entre 2017 y 2018 en un evento de la organización Prisoners Defenders International.

Javier Larrondo, director de la ONG, resaltó que mientras los médicos cubanos que vinieron a México en la misión anterior se les destinó casi 11 mil dólares por persona, la mayor parte de esos recursos fueron retenidos por el gobierno de Díaz-Canel, mientras que los trabajadores apenas recibían dos pagos, uno de 400 dólares y uno más de 324 dólares al volver. "El Gobierno de México auspició la esclavitud", dijo.

Sin embargo, algunos defensores de la medida, como la diputada Yeidckol Polevnski, aseguran que se trata de un rechazo de corte “clasista, racista que habla muy mal de los fascistas que están en contra” y que tienen un “coraje, un odio irracional con Cuba”.

“Luego muchas hay que, van para allá a ver si pescan novio, pero cuando no las voltean ni a ver, es ahí como que le agarran coraje a Cuba”, dijo en entrevista en la Cámara de Diputados.

El 21 de mayo pasado, desde Sonora, López Obrador defendió la medida y mandó “al carajo” a quienes se oponen a la llegada de médicos cubanos, sin embargo, días después matizó su postura e informó que primero se abrirá una convocatoria para cubrir las más de 13 mil plazas de personal médico que se encuentran vacantes en toda la República.

El mandatario admitió en diferentes ocasiones que muchas veces los médicos no quieren ir a la “sierra” porque es peligroso, pero muchas otras es porque no quieren salir de la “comodidad”. Sin embargo, evitó hablar de la falta de insumos, infraestructura y equipo que sufren los centros de salud de las zonas más apartadas o vulnerables; o la presencia de cárteles y organizaciones del crimen organizado que han cobrado la vida de varios profesionales del sector.

La denuncia fue secundada por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, sin embargo, a ello respondieron varios médicos en redes sociales, cuestionando que él mismo haya hecho su servicio social en investigación, en el departamento de Salud Pública de la UNAM, en vez de ir a una zona rural del país como la mayoría de los estudiantes hacen al terminar sus estudios.