Denuncian que la esterilización forzada de mujeres indígenas no ha desaparecido en Canadá
Décadas después de que muchos otros países desarrollados dejaran de esterilizar por la fuerza a mujeres indígenas, numerosos activistas, médicos, políticos y al menos cinco demandas colectivas alegan que esta práctica no ha desaparecido en Canadá
Décadas después de que muchos otros países desarrollados dejaran de esterilizar por la fuerza a mujeres indígenas, numerosos activistas, médicos, políticos y al menos cinco demandas colectivas alegan que esta práctica no ha desaparecido en Canadá.
Un informe del Senado del año pasado concluyó que “esta horrible práctica no se limita al pasado, sino que claramente continúa en la actualidad”. En mayo, un médico fue sancionado por haber esterilizado por la fuerza a una mujer indígena en 2019.
Los líderes indígenas dicen que el país aún tiene que hacer frente a su problemático pasado colonial y poner fin a una práctica de décadas que se considera genocidio.
No hay cálculos sólidos sobre cuántas mujeres están siendo esterilizadas en contra de su voluntad, pero los expertos indígenas dicen que regularmente escuchan quejas al respecto. La senadora Yvonne Boyer, cuya oficina recopila los datos disponibles, que son limitados, asegura que al menos 12.000 mujeres se han visto afectadas por esta práctica desde la década de 1970.
“Cada vez que hablo con una comunidad indígena, me abruma la cantidad de mujeres que me dicen que sufrieron una esterilización forzada”, declara Boyer, quien tiene ascendencia indígena metis, en una entrevista con The Associated Press.
Las autoridades médicas de los Territorios del Noroeste de Canadá sancionaron en mayo a un médico por esterilizar a la fuerza a una mujer indígena, según documentos obtenidos por la AP.
El doctor Andrew Kotaska realizó la operación de 2019. Tenía el consentimiento por escrito para extirparle la trompa de Falopio derecha, para aliviarle un dolor abdominal, pero no la izquierda, lo que la dejaría estéril.
A pesar de las objeciones de otros trabajadores médicos durante la cirugía, Kotaska extrajo ambas trompas de Falopio.
La investigación concluyó que no había justificación médica para la esterilización y se descubrió que Kotaska había tenido una conducta poco profesional. El “error grave de juicio quirúrgico” por parte de Kotaska no fue ético, le costó a la paciente la oportunidad de tener más hijos y podría socavar la confianza en el sistema médico, concluyeron los investigadores.
Y probablemente el caso no fue algo excepcional.
Durante las últimas siete décadas, miles de mujeres indígenas canadienses fueron esterilizadas coercitivamente, de acuerdo con la legislación eugenésica, que las consideraba inferiores.
Los Convenios de Ginebra describen la esterilización forzada como un tipo de genocidio y crimen contra la humanidad y el gobierno canadiense ha condenado la esterilización forzada en otros lugares, incluso de mujeres uigures en China.
En 2018, el Comité contra la Tortura de la ONU le advirtió a Canadá que estaba preocupado por los informes persistentes de esterilización forzada, y dijo que todas las denuncias deberían investigarse.
En 2019, el primer ministro Justin Trudeau reconoció que los asesinatos y las desapariciones de mujeres indígenas en Canadá equivalían a un “genocidio”, pero los activistas sostienen que se ha hecho poco para abordar los arraigados prejuicios contra los indígenas, lo que permite que continúen las esterilizaciones por la fuerza.
En un comunicado, el gobierno canadiense le dijo a la AP que estaba al tanto de las denuncias de que las mujeres indígenas fueron esterilizadas a la fuerza y que el asunto está ante los tribunales.
“La esterilización de mujeres sin su consentimiento informado constituye una agresión y es un delito penal”, expresó el gobierno. Reconoció que el sesgo en el sistema de salud “sigue teniendo efectos catastróficos” en los pueblos indígenas.
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Los pueblos indígenas comprenden alrededor del 5% de los casi 40 millones de habitantes de Canadá. Las más de 600 comunidades indígenas del país norteamericano, conocidas como Primeras Naciones, enfrentan desafíos de salud significativos en comparación con otros canadienses.
Hasta la década de 1990, la mayoría de los indígenas eran tratados en hospitales segregados, donde había informes de abusos desenfrenados.
Es difícil decir cómo ocurre la esterilización común, con o sin consentimiento. La agencia nacional de salud de Canadá no recopila de forma rutinaria datos de esterilización, incluido el origen étnico de los pacientes.
En 2019, Sylvia Tuckanow le contó a una comisión del Senado que investiga esterilizaciones forzadas cómo dio a luz en un hospital de Saskatoon en julio de 2001. Describió estar desorientada por los medicamentos y atada a una cama mientras lloraba.
“Podía oler algo quemándose”, afirmó. “Cuando el (médico) terminó, dijo: ‘Ahí: amarrado, cortado y quemado. No pasará nada por ahí’", agregó Tuckanow, refiriéndose a sus trompas de Falopio. La mujer dijo que nunca dio su consentimiento.
En noviembre, un informe documentó casi una veintena de esterilizaciones forzadas en Quebec entre 1980 y 2019, incluida la de una mujer que dijo que su médico le dijo después de una cirugía de vejiga que le había extirpado el útero al mismo tiempo, sin su consentimiento.
El informe concluyó que “parece ser una práctica existente en Quebec” la de que médicos y enfermeras “cuestionan insistentemente si una madre de las Primeras Naciones o de los indígenas inuit quiere (ser esterilizada) después del nacimiento de su primer hijo”.
Algunas mujeres ni siquiera estaban enteradas de que habían sido esterilizadas.
Morningstar Mercredi, una escritora indígena de Alberta, fue esterilizada cuando tenía 14 años, pero no se enteró hasta décadas después, cuando buscó ayuda después de no poder concebir. “Entré en una etapa catatónica y tuve un ataque de nervios”, escribió Mercredi en su libro de 2021, “Sacred Bundles Unborn” (“Paquetes sagrados no nacidos”).
La escritora calificó de “escalofriante” el impacto de las esterilizaciones forzadas entre los miembros de las Primeras Naciones. Describió como un “genocidio” las generaciones de vidas indígenas perdidas.
El informe del Senado sobre la esterilización forzada hizo 13 recomendaciones, incluida la compensación a las víctimas, medidas para abordar el racismo sistémico en la atención médica y una disculpa formal.
En respuesta a las preguntas de la AP, el gobierno canadiense dijo que reconocía “la necesidad apremiante” de poner fin a la esterilización forzada. El gobierno aseguró que ha invertido más de 87 millones de dólares canadienses (65 millones de dólares estadounidenses) para mejorar el acceso a servicios de salud “culturalmente seguros”, un tercio de los cuales apoya las iniciativas de parteras indígenas.
El año pasado, el gobierno asignó 6,2 millones de dólares canadienses (4,7 millones de dólares) para ayudar a las sobrevivientes de la esterilización forzada.
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El doctor Alika Lafontaine, el primer presidente indígena de la Asociación Médica Canadiense, recuerda momentos en los que no estaba claro si las mujeres indígenas habían accedido a ser esterilizadas.
“Durante mi residencia, había situaciones en las que les hacíamos cesáreas a pacientes y alguien se inclinaba y decía: ‘Así que también le cortaremos las trompas de Falopio’”, manifestó. “Nunca me pasó por la cabeza si estas pacientes tuvieron una conversación informada” sobre la esterilización, agregó. Aclaró que él asumió que eso había sucedido antes de que las mujeres llegaran a la mesa de operaciones.
El doctor Ewan Affleck, quien hizo una película de 2021, “The Unforgotten”, sobre el racismo generalizado contra los pueblos indígenas de Canadá, notó un constante “desequilibrio de poder” en la atención médica. “Si tienes un médico blanco que le dice a una mujer indígena: ‘Deberías esterilizarte’, es muy probable que eso suceda”, lamentó Affleck.
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Hay por lo menos cinco demandas colectivas contra autoridades sanitarias, provinciales y federales relacionadas con esterilizaciones forzadas en Alberta, Saskatchewan, Quebec, Columbia Británica, Manitoba, Ontario y otros lugares.
May Sarah Cardinal, la representante en la demanda colectiva de Alberta, denuncia que la presionaron para que le ligaran las trompas después de tener a su segundo hijo en 1977, y que el médico nunca le explicó que el procedimiento era irreversible.
“El médico me dijo: ‘Vienen tiempos difíciles y ¿cómo vas a cuidar a un montón de niños? ¿Qué pasa si tu esposo se va?’”, recuerda Cardinal a la AP. “Sentí que no tenía nada que decir”.
En el caso contra Kotaska, los documentos muestran que un anestesista y una enfermera quirúrgica se alarmaron cuando, durante la cirugía para extirpar la trompa de Falopio derecha de la mujer, él dijo: “Veamos si puedo encontrar una razón para quitarle también la trompa izquierda”.
El doctor alega que él sólo estaba “expresando en voz alta su proceso de pensamiento” de que quitar ambos tubos disminuiría el dolor pélvico de la mujer.
Al describir las acciones de Kotaska como “una violación de sus obligaciones éticas”, los investigadores suspendieron la licencia médica del doctor durante cinco meses y le ordenaron tomar un curso de ética. La mujer está demandando a Kotaska y a las autoridades del hospital por 6 millones de dólares canadienses (4,38 millones de dólares).
En los documentos no se insinúa que Kotaska estuviera motivado por el racismo. El médico declinó hacer comentarios a la AP.
“La gente no quiere creer que cosas como esta están sucediendo en Canadá, pero casos como este explican por qué poblaciones enteras de las Primeras Naciones todavía se sienten inseguras”, manifiesta el doctor Unjali Malhotra, director médico de la Autoridad de Salud de las Primeras Naciones en Columbia Británica.
Mercredi afirma que ella continúa sufriendo por haber sido esterilizada sin su consentimiento.
“Ninguna cantidad de terapia o curación puede conciliar el hecho de que me quitaron mi derecho humano a tener hijos”, declara.
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