Zonas de desarrollo preocupan a lugareños en Honduras

Numerosas hileras de invernaderos nuevos y relucientes están apareciendo en campos a corta distancia de la tierra donde la familia de Zonia Amparo Vásquez ha cultivado maíz y frijol durante cuatro décadas.

Las estructuras comenzaron a ser construidas en enero, pero no fue sino hasta junio cuando los lugareños se enteraron de que su comunidad formaba parte de un polémico proyecto gubernamental que prevé la creación de zonas semiautónomas de desarrollo económico, exentas de muchas leyes nacionales y del pago de impuestos.

Los chiles pimiento y tomates producidos en los invernaderos serán exportados, y se prevé que algún día se establezcan también otros negocios.

El presidente Juan Orlando Hernández que hizo declaraciones en las que reveló la naturaleza de la iniciativa a los lugareños, prometió que el proyecto de la empresa Agroalpha será el más grande de su tipo en Centroamérica creando a la larga más de 4.500 empleos en Las Tapias, una pequeña comunidad en el municipio rural de San Marcos de Colón, el cual tiene unos 30.000 habitantes y se ubica cerca de la frontera con Nicaragua

Vázquez y otros habitantes de Las Tapias dicen que los puestos de trabajo son bienvenidos, pero les preocupa que algún día pudieran expropiarles sus tierras, un derecho que la ley les concede potencialmente a esas zonas de desarrollo.

“Tenemos miedo porque a nosotros nadie nos ha venido a decir qué es lo que verdaderamente pasa”, dijo Vázquez, de 64 años. Su hija, Dora Elena Ramírez, de 40 años, señaló que ha estado pasando noches de insomnio debido a la inquietud de dónde vivirán si les quitan sus tierras.

Esta es sólo una de las muchas preocupaciones que los detractores han planteado sobre las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Inspiradas por pensadores libertarios y pro libre mercado para atraer inversiones extranjeras al empobrecido país, las zonas quedaron autorizadas mediante una ley aprobada en 2013, cuando Hernández era presidente del Congreso

Se creó un comité de “mejores prácticas” con 21 miembros para que supervisara y ayudara a regularlas. Al principio estuvo dominado por defensores extranjeros del libre mercado, entre ellos varios veteranos del gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan, el activista estadounidense Grover Norquist, opuesto al pago de impuestos, y Michael Reagan, hijo del mandatario.

Las zonas están exentas de impuestos a las importaciones y exportaciones y pueden establecer sus propias formas internas de gobierno, así como sus tribunales, fuerzas de seguridad, escuelas e incluso sistemas de seguridad social. También administran sus propios puertos marítimos y aéreos, si los tienen.

Aunque la ley señala que las ZEDE deben acatar la mayor parte de los principios constitucionales de Honduras y los acuerdos internacionales de derechos humanos, sus detractores aseguran que básicamente crean un Estado dentro de un Estado, socavando la soberanía del país.

Hernández asegura que unos 450.000 hondureños necesitan empleos y las ZEDE pueden contribuir a generarlos. El mandatario hizo sus declaraciones frente a una concepción artística de un futuro así: un amancecer sobre una ciudad relumbrante de rascacielos y parques exuberantes.

Quienes apoyan el proyecto aseguran que las zonas atraerán tanta inversión que el ingreso per cápita del país podría multiplicarse en unas cuántas décadas.

Durante años, la iniciativa pareció haberse estancado, pero Hernández la impulsó y recientemente la Corte Suprema desechó todas las impugnaciones judiciales.

La reacción de las empresas, así como de grupos religiosos y defensores de los derechos humanos, ha sido mayoritariamente hostil.

Los representantes de las Naciones Unidas en Honduras advirtieron que la creación de las ZEDE “podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación”.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada censuró el proyecto. El Consejo Nacional Anticorrupción, un organismo no gubernamental, solicitó al Congreso que revoque la ley correspondiente.

“Las ZEDE son el resultado de un proceso legislativo y judicial ilegal e ilegítimo” que cambia la forma de gobierno establecida por la Constitución, dijo la directora ejecutiva del consejo, Gabriela Castellanos.

Algunos sectores han advertido que las zonas podrían convertirse en refugio de actividades delictivas o de quienes deseen mantenerse lejos del alcance de la ley.

Ramírez, la hija de Vásquez, recordó que el alcalde de San Marcos de Colón, Douglas Ordóñez, había hablado de lo que “sería una empresa en la que iba a haber trabajo para la gente pobre y que no emigrara a Estados Unidos, pero no dijo que era una ZEDE”.

Ordóñez señaló que no lo mencionó debido a que él tampoco lo sabía, y no se enteró sino hasta que Hernández lo mencionó en junio por la televisión.

Héctor Herrera director de la organización no gubernamental Plataforma del Sur contra las ZEDE, dijo que los lugareños le habían dicho a su organización que gente del parque industrial les había presionado para que vendieran su tierra o de lo contrario corrían el riesgo de que se las expropiaran.

Sin embargo, Filadelfo Izaguirre, dirigente comunitario en Las Tapias, señaló que aunque ha escuchado rumores de ese tipo, nadie se le ha acercado para hablar sobre la adquisición de la tierra. Ha vivido en la comunidad durante 48 años y señaló que las poco más de 60 familias del lugar no dejarán fácilmente sus tierras.

“Sería mentiroso si le digo que nos han pedido vender (...) pero si eso pasa vamos a defender nuestras tierras y hasta muertos pueden haber”, declaró Izaguirre.

Víctor Wilson, inversionista y promotor del parque industrial, dijo que no hay intención de expropiar propiedad alguna.

“Ahorita estamos generando 500 plazas de trabajo y nuestro objetivo es generar más de 2.400 empleos en San Marcos de Colón. Esta inversión no hubiese sucedido sin la ZEDE, porque la modalidad es más ágil y permite conseguir su aprobación en 60 días”, señaló.

El procedimiento normal podría requerir cuatro años para comenzar un proyecto, apuntó.

“Creo que está tergiversando el tema de las ZEDE", agregó Wilson. "Un Estado dentro de otro Estado, eso es falso. Es emocionalismo negativo para lograr un objetivo, en este caso la eliminación de las ZEDE”.

Una zona de este tipo quizá más ambiciosa frente a la costa caribeña del norte de Honduras también ha suscitado protestas locales. Los lugareños han expresado temores similares sobre una posible expropiación, especialmente para los indígenas que habitan el departamento Islas de la Bahía. Quienes están detrás de la ZEDE Prospera en la isla de Roatán también rechazaron que tengan intención de expropiar tierras.

Los promocionales de Prospera presentan apartamentos futuristas que dan al mar y prometen un lugar con “controles clave del poder gubernamental, una declaración de derechos que protege a las personas de todos los niveles de ingresos y una estructura sencilla para hacer negocios”.

Sin embargo, Vásquez y sus vecinos en Las Tapias están inquietos debido a la perspectiva de que intereses empresariales con sus propias fuerzas de seguridad apliquen sus propias normas.

“Nosotros estamos de acuerdo con que se genere empleo, pero que se hable de sacarnos, no es tan fácil", manifestó. "Cuando a uno le tocan sus cosas es delicado y nos vamos a defender.”