¿Quedarse en casa o ir al trabajo enfermo de COVID-19?
A medida que la variante ómicron del coronavirus infecta a los trabajadores por todo Estados Unidos, millones tienen que elegir entre su salud y su salario
A medida que la variante ómicron del coronavirus infecta a los trabajadores por todo Estados Unidos millones tienen que elegir entre su salud y su salario.
Si bien muchas empresas instituyeron políticas de licencia por enfermedad más sólidas al comienzo de la pandemia, algunas se han reducido desde entonces con la llegada de las vacunas. Mientras tanto, la escasez de personal se suma a la presión de los trabajadores que tienen que decidir si se presentan a su trabajo enfermos, si no pueden darse el lujo de quedarse en casa.
“Es un círculo vicioso”, dijo Daniel Schneider, profesor de política pública en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. “A medida que se agota el personal porque la gente está enferma, eso significa que aquellos que están en el trabajo tienen más que hacer y son aún más reacios a reportarse enfermos cuando se enferman”.
Los trabajadores de bajos ingresos son especialmente vulnerables. Un 80% de todos los trabajadores del sector privado obtienen al menos un día de enfermedad pagado, según una encuesta en marzo de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Pero solo el 33% de los trabajadores cuyos salarios se encuentran en el 10% inferior tienen licencia por enfermedad pagada, en comparación con el 95% en el 10% superior.
Una encuesta del otoño pasado de aproximadamente 6.600 trabajadores de bajos salarios por hora realizada por el Proyecto Shift de Harvard, que se enfoca en la desigualdad, encontró que el 65% de los trabajadores que informaron estar enfermos en el último mes fueron a trabajar de todos modos. Eso es menos que el 85% que se presentó a trabajar enfermo antes de la pandemia, pero mucho más alto de lo que debería ser en medio de una crisis de salud pública. Schneider dice que esto podría empeorar debido a ómicron y la escasez de mano de obra.
Además, Schneider señaló que la proporción de trabajadores con licencia por enfermedad remunerada antes de la pandemia apenas se movió durante la pandemia: de 50% a 51%, respectivamente. Agregó también que muchos de los trabajadores pobres encuestados ni siquiera tienen algún fondo de emergencia.
The Associated Press entrevistó a un trabajador que comenzó un nuevo trabajo en el estado de Nuevo México el mes pasado y comenzó a experimentar síntomas similares a los de COVID-19 a principios de semana. El trabajador, que pidió no ser identificado porque podría poner en peligro su empleo, se tomó un día libre para hacerse la prueba y dos días más para esperar los resultados.
Un supervisor llamó y le dijo al trabajador que calificaría para días de enfermedad pagados solo si la prueba resultaba positiva; si es negativa, el empleado tendrá que tomar los días sin goce de sueldo, ya que no ha acumulado días de trabajo para solicitar una baja por enfermedad.
“Pensé que estaba haciendo lo correcto al proteger a mis compañeros de trabajo”, dijo el entrevistado, quien aún espera los resultados y estima que le costará 160 dólares por día de trabajo perdido si da negativo. “Ahora desearía haber ido a trabajar y no haber dicho nada”.
Por su parte, Walmart el minorista más grande del país, está reduciendo a la mitad la licencia paga relacionada con la pandemia, de dos semanas a una, después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos redujeran los requisitos de aislamiento para las personas que no tienen síntomas después de dar positivo.
En el frente federal, el movimiento se ha estancado. El Congreso aprobó una ley en la primavera de 2020 que requiere que la mayoría de los empleadores brinden licencia por enfermedad remunerada a los empleados con enfermedades relacionadas con el coronavirus. Pero el requisito expiró el 31 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el Congreso extendió los créditos fiscales para los empleadores que voluntariamente brindan licencia por enfermedad pagada, pero la extensión caducó a fines de septiembre, según el Departamento de Trabajo.
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D’Innocenzio informó desde Nueva York y Durbin informó desde Detroit.