Programas evitan catastróficas pérdidas de viviendas en EEUU

Chandra Dobbs se sorprendió al ver al policía a su puerta con los documentos para expulsarla, pues ella pensó que tenía más tiempo.

“Yo pensé que a mí no me iban a botar de la casa porque yo había pedido asistencia pública”, relató Dobbs, residente de Tucson, Arizona, unos pocos días después. “Pero ellos se negaron a esperar el período reglamentario de entre cuatro y seis semanas, así que estamos en la calle: yo, mi hijo de 16 años, mi hija y mi nieto que es todavía un bebé”.

Ella no es la única en quedar sorprendida en estos días en que el gobierno de Estados Unidos ha acabado con la moratoria a los desahucios aunque sigue dando asistencia a los inquilinos.

En vez del aumento pronunciado en las pérdidas de viviendas que se temía, muchos propietarios están esperando a que les llegue la asistencia pública.

Pero si bien algunas jurisdicciones prohíben la expulsión de inquilinos que hayan enviado una solicitud, la mayoría no lo prohíbe.

Según documentos judiciales, Dobbs perdió su vivienda porque debía 3.837 dólares, de los cuales 2.700 eran por alquiler y el resto respondían a multas y costos legales. Encore Management LLC, la compañía propietaria de la vivienda, no respondió a llamadas pidiéndole comentario.

Dobbs, quien durante la pandemia perdió su empleo como bailarina exótica, dice que temporalmente se están quedando en casa de una amiga al tiempo que consulta con una ONG para recibir asistencia económica.

Tras un inicio demorado, el plan para repartir los primeros 25.000 millones de dólares del plan asistencial de 46.500 millones se está acelerando. Fuentes del Departamento del Tesoro indican que el programa ha beneficiado a 420.000 viviendas desde agosto -- un aumento con respecto a 340.000 en julio — y ha repartido 7.700 millones de dólares desde enero.

Las fuentes indican que el plan está progresando bien en Nueva Jersey Nueva York y Carolina del Sur donde tuvo un inicio aletargado. Nueva Jersey, por ejemplo, no desembolsó ninguna ayuda en los primeros tres meses del año pero ahora ha repartido 78% del primer tramo y duplicó la cantidad de viviendas beneficiadas en agosto comparado con julio.

Los desembolsos en Florida subieron de 60,9 millones de dólares en julio a 141,4 millones en agosto, mientras que en Carolina del Sur subieron de 10,6 millones a 25,3 millones y en Nueva York subieron de 8,5 millones a 307 millones.

“Estas cifras son preliminares, inciertas y probablemente hay mucho dolor que no se ve reflejado en estos reportes”, indicó Gene Sperling, coordinador del programa de rescate económico, “pero lo que se ha logrado es mucho mejor al mejor escenario que se preveía tras el cese de la moratoria”.

Sperling estimó que la asistencia económica y los programas de alternativas habitacionales son las razones por las que no se han concretado las enormes cantidades de pérdidas de viviendas, pero enfatiza la importancia de seguir enviando asistencia monetaria a los caseros. El miércoles, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano emitió una nueva norma que prohíbe a los propietarios de viviendas afiliadas al departamento expulsar a los inquilinos sin darles por lo menos 30 días de gracia e información sobre cómo obtener asistencia pública.

Algunos inquilinos se han beneficiado de otras moratorias que han continuado, como la de California que concluyó el mes pasado, la de Nueva York que dura hasta fin de año y la de Boston que sigue en pie.

Otros -- en lugares como Washington, Texas, Filadelfia y Nueva Hampshire -- se han beneficiado de programas nuevos que buscan mantener fuera de los tribunales a los casos de desahucios y a mantener a los inquilinos en sus casas. Algunos sistemas judiciales han aplicado normas según las cuales se suspende la expulsión de una persona que haya solicitado asistencia estatal, y por lo menos tres estados y 10 municipalidades han aprobado medidas que ofrecen asistencia legal gratuita en casos de pérdida de vivienda.

Diane Yentel, presidenta de una ONG que ayuda a personas de bajos recursos, indicó que organización ha hecho un llamado a las autoridades estatales y locales a mantener en pie las moratorias, aun cuando han expirado a nivel federal.

Asociaciones de propietarios han animado a sus miembros ha desistir de expulsar a inquilinos que hayan solicitado asistencia pública, pero no todos hacen caso. En particular, los dueños de propiedades pequeñas tienen sus propias presiones económicas, teniendo que pagar sus propias hipotecas e impuestos.

“La gran mayoría de los propietarios han estado cooperando con los inquilinos para no tener que echarlos a la calle, durante casi dos años”, relató Courtney Gilstrap LeVinus, presidenta de la Asociación de Propietarios de Arizona.

Gilstrap LeVinus ha defendido a los propietarios durante la crisis sanitaria, acotando que muchos de ellos han estado al borde de la quiebra.

Muchos propietarios han hecho profundas concesiones durante la pandemia, permitiendo que los inquilinos paguen tarde o no paguen del todo, según dos investigaciones de pequeños propietarios realizadas por el Terner Center of Housing Innovation, la Universidad de California-Berkeley y el Centro de Estudios sobre Vivienda de la Universidad de Harvard.

Las investigaciones hallaron que los inquilinos también están sufriendo penurias económicas. Algunos han tenido que vender sus propiedades, lo que podría causar una disminución de viviendas asequibles en algunas comunidades.

Paul Wunder, otro residente de Tucson que perdió su vivienda, opina que todos los caseros deben esperar a recibir su asistencia económica antes de expulsar a inquilinos.

“Si esperan apenas un mes, recibirán su plata”, dice Wunder, veterano de la Infantería de Marina de 66 años de edad, quien perdió su empleo como técnico de aire acondicionado.

“Si nos echan a la calle no reciben nada”, añadió.

El corresponsal Michael Casey contribuyó a esta nota desde Boston.

Anita Snow en Twitter: www.twitter.com/asnowreports