Procesadoras de pescado no protegen a migrantes del COVID-19

Cincuenta y nueve mexicanos recorrieron miles de kilómetros a lo largo de dos días en autobús, a pesar de la pandemia del coronavirus, para trabajar legalmente recogiendo cangrejos y en plantas procesadoras de pescado en islas de Maryland.

Lindy’s Seafood Inc., la firma que los contrató, pagó por su viaje y los puso a trabajar al día siguiente de su llegada, sin haberlos colocado en cuarentena ni esperado por los resultados de sus pruebas de COVID-19. La empresa no está obligada por ley a tomar esas medidas.

A la semana, se informó a varios trabajadores que sus pruebas de coronavirus habían dado positivo.

Los migrantes que trabajan en plantas procesadoras de pescado y que son contratados temporalmente todos los años a partir del programa de visas H-2B, enfrentan muchos riesgos de contraer el COVID-19.

A menudo viajan grandes distancias hasta llegar a sus trabajos, donde viven varios bajo el mismo techo. Son catalogados como trabajadores esenciales y se les permite trabajar incluso si han estado en contacto con alguien que contrajo el virus.

El Departamento del Trabajo, que supervisa el programa H-2B, no reguló los largos viajes de estos trabajadores en autobús a la luz del COVID-19. Y Maryland, Virginia y Carolina del Norte tres estados con pujantes sectores pesqueros que dependen mucho de los trabajadores con visas H-2B, tampoco les dieron protección en plena pandemia.

Entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, más de 12.000 personas con visas H-2B fueron autorizadas a trabajar en empresas del sector pesquero de Estados Unidos, incluidos 2.232 en 41 firmas de estos estados, de acuerdo con un análisis del Howard Center for Investigative Journalism (Centro Howard para Investigaciones Periodísticas) de la Universidad de Maryland.

De los tres estados, solo Virginia dio cifras de casos de COVID-19 en las firmas pesqueras —103 en tres brotes— y ninguno de los departamentos de salud de los estados dijo dónde hubo brotes.

El Centro Howard comprobó brotes de COVID-19 en plantas procesadoras de pescado de los tres estados a través de entrevistas con trabajadores migrantes, grupos de apoyo y una iglesia.

Rara vez los organismos encargados de velar por la seguridad de los sitos laborales reciben quejas de las condiciones de trabajo en medio de la pandemia.

Desde enero del 2020, la Administración de la Seguridad y la Salud Laborales recibió 63.455 denuncias de todo el país relacionadas con el COVID-19. Solo 32 estaban vinculadas con plantas procesadoras de pescado, que tienen más trabajadores con visas H-2B que ningún otro sector, con excepción de la jardinería, según comprobó el análisis del Centro Howard.

“Si se quejan, pueden ser despedidos en represalia y perder su status legal en Estados Unidos”, expresó Clermont Ripley, abogado del Centro por la Justicia de Carolina del Norte, una organización sin fines de lucro.

Al no haber regulaciones ni supervisión gubernamental, la decisión acerca de cómo velar por la seguridad del trabajador y evitar contagios queda en manos de los patrones.

“Si un trabajador no se siente a salvo, obviamente no tiene que venir”, dijo Lydia Hock, cuya agencia, Labormex LLC, ha reclutado trabajadores con visas H-2B para las plantas de pescados. “Hay millones de personas en México que quieren tener esta oportunidad”.

EL GOBIERNO NO INTERVIENE

Todos los años, los trabajadores que quieren sacar visas H-2B se presentan a una de siete ciudades de México en las que consulados estadounidenses procesan sus solicitudes y aprueban sus visas. Luego empresas de transporte los llevan a sus destinos en Estados Unidos, con los gastos de viaje pagados por las firmas que los contrataron.

Los trabajadores se exponen a contraer el COVID-19 en cada etapa de este proceso.

Esperan varios días, si no semanas, en salones atestados, que los consulados procesen sus solicitudes y acto seguido abordan camionetas y autobuses también repletos para enfilarse hacia el norte.

Algunos trabajadores dijeron al Centro Howard que viajaron miles de kilómetros en un autobús lleno de gente en septiembre y durmieron en una camioneta repleta, con más de una docena de personas, durante dos noches en enero.

A su llegada a sus destinos, los trabajadores generalmente son alojados varios en una misma vivienda conseguida por el empleador, aunque ellos pagan el alquiler. Algunos empiezan a trabajar al día siguiente de su llegada, sin haberse hecho pruebas de COVID-19.

Organizaciones defensoras de los migrantes enviaron en abril del 2020 una carta a varios organismos federales pidiendo que se tomasen medidas inmediatas para proteger a los trabajadores migrantes.

No se adoptó ninguna de sus recomendaciones.

SURGEN BROTES DE COVID-19

En septiembre, “Santiago” —un trabajador con visa H-2B que pidió al Centro Howard no ser identificado por temor a perder su trabajo en la Bonums Oyster Company Inc. de Kinsale, Virginia, se subió a un autobús en México junto con otras 40 personas con visas H-2B.

El viaje duró un día y medio.

Dos días después de su llegada a Virginia, Bonums los llevó a una clínica para que se hiciesen el análisis del COVID según Santiago. El suyo dio positivo y la empresa lo puso en cuarentena por 15 días junto con otras 11 personas, indicó. Agregó que le pagaron su sueldo mientras estuvo en cuarentena.

Hay documentos que dicen que las autoridades estaban al tanto de la situación. Un intercambio de emails con el Departamento del Trabajo de Virginia revela que a 33 empleados de Bonums se les detectó el virus.

Las llamadas a Bonums fueron derivadas a un vocero de la firma, que declinó identificarse y hablar del tema.

En enero, “Mónica”, otra persona con la visa H-2B que pidió no ser identificada por temor a perder su trabajo, partió de la costa del Pacífico de México y se encaminó hacia el frío invierno del Atlántico para trabajar en plantas procesadoras de camarones y cangrejos de la compañía Fulcher’s Seafood LLC en Aurora y Oriental, Carolina del Norte.

Mónica dijo que su patrón dispuso pruebas del virus solo después de “que surgieron contagios”.

Ella empezó a sentir los primeros síntomas después de tres semanas.

Mónica y otros empleados fueron puestos en cuarentana por al menos ocho días, según dijo ella. Durante la cuarentena le pagaron la mitad de su sueldo y no vio a un médico mientras estuvo enferma, según relató.

Fulcher confirmó posteriormente nueve contagios en dos plantas. Pero cuando el Centro Howard preguntó a los directores del departamento de salud local, estos dijeron que no tenían conocimiento de contagios.

En Maryland, 50 trabajadores de plantas de pescado se contagiaron del COVID-19 a mediados del año pasado, de acuerdo con el Departamento de Salud del Condado de Dorchester. La dependencia se abstuvo de revelar los sitios donde hubo contagios, aduciendo leyes que protegen el derecho a la privacidad.

Entre quienes dieron positivo en julio del año pasado figuraron siete empleados de Lindy’s con visas H-2B.

Aubrey Vincent, vicepresidente de Lindy’s, dijo que la firma había implementado medidas de seguridad con motivo de la pandemia. Se entregan barbijos a los trabajadores, mantienen dos metros (seis pies) de distancia y se aumentaron las medidas sanitarias.

Este año, cuando los 59 trabajadores con visas H-2B llegaron a Maryland tras un viaje de dos días por tierra, Lindy’s los puso a trabajar al día siguiente. Vincent afirmó que la decisión fue tomada tras consultar con funcionarios sanitarios locales y estatales.

“Vinieron en autobús”, dijo Vincent. “Ya están instalados. Se han expuesto entre sí”.

“¿Por qué nos preocupamos del trabajo, si no es allí donde se producen los contagios?”, preguntó luego.

Según Vincent, el reclutador que busca personal con visa H-2B para Lindy’s dijo que los trabajadores se harían pruebas antes de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, no hace falta un resultado negativo para ingresar a Estados Unidos por tierra desde México, según el consulado de Estados Unidos en México.

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Este artículo fue producido por el Howard Center for Investigative Journalism de ll Colegio de Periodismo Philip Merrill de la Universidad de Maryland. El Centro Howard es una iniciativa de la Fundación Scripps Howard en homenaje a Roy W. Howard, finado ejecutivo y pionero del periodismo.

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Vanessa Sánchez Pulla y Brittany Nicole Gaddy informaron desde Maryland y Virginia. Luciana Pérez Uribe Guinassi lo hizo desde Carolinan del Norte y suministró análisis de información junto con Aadit Tambe. Carmen Molina Acosta y Sophia Sorensen informaron desde Maryland. Trisha Ahmed informó desde Maryland y escribió el despacho. También colaboraron Natalie Drum, Molly Castle Work , Elisa Posner, Kara Newhouse, Nick McMillan, Rachel Logan y Sahana Jayaraman.