Principal imputado por muerte Maradona declara ante fiscalía

El neurocirujano Leopoldo Luque, cara visible del equipo médico que tenía bajo su cuidado la salud de Diego Maradona, declaraba el lunes ante los fiscales que investigan la muerte del astro del fútbol por supuesta negligencia médica.

Luque se presentó junto con sus abogados en la Fiscalía General de San Isidro a prestar declaración indagatoria como imputado por homicidio simple con dolo eventual, delito que contemplada una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Maradona murió el 25 de noviembre a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires tras una cirugía en que se le extrajo un edema craneal.

Según la acusación de los fiscales, Luque y el resto del equipo médico que cuidaba a Maradona “infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo... incrementando el riesgo por fuera del margen permitido y condujeron al fatal desenlace del paciente que, de lo contrario, hubiese podido evitarse”.

Si bien la autopsia concluyó que Maradona falleció por causas naturales, por impulso de los hijos del exfutbolista la justicia inició una pesquisa y convocó a una junta médica de expertos, la cual concluyó que el desempeño del equipo de salud fue inadecuado y temerario.

También señaló que la internación domiciliaria de Maradona “no cumplía con los lineamientos mínimos de tal en un paciente de la pluripatología compleja que presentaba”. El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en 1986 sufría las secuelas de años de adicción a las drogas y el alcohol.

Además de Luque también están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón, la médica Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni. Estos seis ya declararon y deslindaron responsabilidades.

Tras la declaración de Luque, los fiscales tienen un plazo de diez días hábiles —aunque en la práctica suele ser mayor— para resolver si procesan a los imputados y continúan con la investigación o quedan libres de cargos.