Presidente mexicano arrastra a EEUU a disputa por gobernador

México ha realizado escasos avances en la solución de un extraño enfrentamiento en torno al posible arresto de un gobernador acusado de evasión de impuestos, lavado de dinero y crimen organizado.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó una cosa en claro el jueves: cualquier documento diplomático enviado por Estados Unidos a México está en riesgo de ser difundido por él mismo.

México ya enfrenta dudas sobre la claridad de su sistema legal y si Estados Unidos puede seguir enviándole información de inteligencia. Pero esta semana la disputa en torno al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca amenaza con perjudicarlo en ambos frentes.

Cortes, fiscales y las legislaturas estatal y federal no se ponen de acuerdo sobre si el gobernador del estado fronterizo con Estados Unidos puede ser arrestado o si goza de inmunidad como funcionario electo.

El Congreso federal dominado por el partido oficialista Morena ha votado por el desafuero. La legislatura estatal dominada por la oposición se niega a reconocerlo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se niega a intervenir en la disputa.

Esto crea la posibilidad de que García sea arrestado si sale de Tamaulipas; o si agentes federales intentan arrestarlo en la entidad, podrían enfrentar la resistencia de la poderosa policía estatal.

López Obrador insinuó el jueves que una cuarta entidad, el Senado, podría intervenir en la disputa, pero no está claro cuáles serían sus poderes en este caso.

Los fiscales federales dijeron el miércoles que habían obtenido una orden de arresto y que las cuentas bancarias del gobernador estaban congeladas.

El gobernador es una figura destacada dentro de la acosada oposición de derecha mexicana, la cual sostiene que se trata de una persecución política. López Obrador dice que es un caso claro de la corrupción que ha prometido eliminar de raíz.

Es tal su avidez por lograr el arresto de García, que exhibió copia de una carta del 4 de mayo enviada por el agregado legal de la embajada estadounidense que pide información sobre el gobernador como parte de una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos.

A pesar de que los protocolos diplomáticos consideran que esas cartas son confidenciales —y las leyes mexicanas prohíben identificar públicamente a los sospechosos a menos que se los condene— el presidente proyectó una copia de la misiva en una gran pantalla durante su conferencia de prensa diaria.

La carta nombra al menos una veintena individuos y empresas aparte del gobernador, aunque no está claro si se los ha acusado. En México, difundir archivos de un caso o investigación abiertos es en sí un delito.