Planta de celulosa en Uruguay, ¿doble filo del desarrollo?

Darío Maldonado, uno de los albañiles que construye la planta de celulosa más grande de Uruguay, está agradecido por tener trabajo en una de las zonas con mayor desempleo del país.

El obrero de 32 años vive en Paso de los Toros, una ciudad al centro del territorio donde se ensambla la pastera de celulosa UPM2, que tendrá casi la misma superficie de la pequeña urbe: siete kilómetros cuadrados. Antes del arranque de la construcción, este pueblo de 12.000 habitantes parecía detenido en el tiempo con su ritmo pausado, pero ahora es visible el contraste que ha traído el frenesí de la mega obra. Maldonado nunca había esperado 40 minutos para pagar en el supermercado. Tampoco se acostumbra a las colas de cuadra y media en el cajero automático y dice que los operarios extranjeros le “roban la mirada”.

Cuando la multinacional finlandesa empiece a operar —tentativamente en 2023— será la mayor inversión extranjera directa de la nación, con casi 3.000 millones de dólares, y tan pronto los embarques desamarren del puerto de Montevideo, las dos toneladas anuales de pulpa de celulosa aumentarán el PBI 2%. Según las proyecciones del gobierno, a partir de ese momento la celulosa desplazará a la carne como principal exportación.

La instalación de la segunda planta de UPM ha sido celebrada y cuestionada a la vez. Por un lado implica una inversión estatal de 2.800 millones de dólares en caminos, infraestructura ferroviaria, expropiaciones y obras portuarias durante 20 años. Por otro, algunos pobladores temen que los contaminantes comprometan la fauna y la salud humana en la orilla del Río Negro, el segundo más extenso del país que nace en Brasil desemboca en Argentina y divide al país. Además, el valor de los alquileres residenciales y de la tierra para agronegocios se ha disparado.

Maldonado teme que su trabajo termine el año próximo. Desea seguir en la planta que tendría 40 años de vida útil, donde gerentes finlandeses ocuparán unos 300 uruguayos, según empresa y gobierno. En su casa frente al Río Negro, su hijo de cinco años le tira los pantalones. “Como UPM me dio la oportunidad de trabajar a mí, quizás se la pueda dar a él con estudios, en otra posición”, aventura el obrero que no completó la educación media

Para que la planta opere en Uruguay, el gobierno del exmandatario Tabaré Vázquez autorizó una zona franca para producir y exportar pulpa de celulosa e insumos con exenciones fiscales y arancelarias, y comprometió el financiamiento de 200 kilómetros de carretera y 250 de moderna vía férrea para conectar UPM2 con el puerto de Montevideo. Según las previsiones gubernamentales, la inversión estatal se extenderá 20 años. Solo por las 983 expropiaciones se pagaron 50,5 millones de dólares, confirmó el Ministerio de Transporte a The Associated Press.

Un puñado de empresas gestionan obras civiles, industriales, portuarias y viales “con equipamiento y personal especializado limitado y capacidad ingenieril también a tope”, explicó a la AP Luis Ceiter, ingeniero asesor del ministerio de Transporte y Obras. “Hay un estrés de las capacidades de construcción”, acotó. En este momento trabajan unos 2.000 operarios y en pocos meses habrá 500 más. Es la inversión pública más ambiciosa del Uruguay en un momento de retracción económica.

Un 88% de los trabajadores en UPM2 son hombres uruguayos, asegura la empresa, pero cientos llegaron del exterior porque la mano de obra local no está capacitada. Hace año y medio, entre 3.000 y 4.000 trabajadores temporales invadieron Paso de los Toros y los villorrios aledaños rodeados de amplias extensiones de campo cada vez más forestadas. Varias fincas de antaño dedicadas a la lechería, la cría de ganado y agricultura fueron abandonadas y ahora verdes islotes de eucalipto serpentean el horizonte.

Hay algunos comercios nuevos en Paso de los Toros y la región: bares, algún restorán, posadas, unos pocos almacenes y algunos prostíbulos que viven de los operarios desperdigados con sus mamelucos naranjas y del puñado de familias finlandesas corriendo a orillas del río.

Durazno, la ciudad más grande cercana a la obra, cobija parte del movimiento económico de la construcción. El año pasado tuvo la tasa de desocupación más alta del país, 14%, y aunque todavía no se conocen las estimaciones de este año, la reactivación de algunos comercios se siente en la zona de influencia de la construcción.

Carmelo Vidalín es el intendente departamental y dice que la obra de UPM no ha significado mayores recursos económicos para la zona. Desde 2006 intenta que alguna papelera se instale en su localidad. Por entonces viajó a Brasil junto a dos intendentes para buscar que la multinacional Stora Enso produjera celulosa en la región centro del Uruguay.

La compañía finalmente se instaló en otra localidad, pero en 2017 el gobierno de Vázquez cerró el acuerdo para que UPM construyera su segunda planta en Durazno.

Hace año y medio comenzaron las obras. Vidalín celebra el mayor movimiento del sector forestal, comercial y gastronómico, pero “nos quedamos con la ilusión que trabajarían muchísimos más”, lamenta, a pesar que UPM2 asegura que la mitad de los obreros son de la región. Tampoco le cae en gracia que los alquileres se hayan triplicado. “Hay casas en la ciudad de 7.000 dólares mensuales, estamos todos locos”.

“Esos valores son para gerentes alquilando”, explicó a la AP Eduardo Bovio, secretario de la Junta Local de Centenario, el pueblo más cercano a la obra, con mil habitantes. Allí las inmobiliarias piden mil dólares por habitación para una modesta casa. Antes se podían alquilar dos casas por ese dinero, asegura Bovio.

El precio de la tierra también se disparó. Uruguay produce 2,7 toneladas de celulosa al año en dos plantas. UPM2 agregará 2,1 toneladas y requerirá, según distintos cálculos, entre 90.000 y 200.000 nuevas hectáreas forestadas con eucalipto que aumentará entre 10% y 20% el área forestada en 10 años.

Edgardo Gutiérrez es productor rural, edil de Tacuarembó, departamento vecino a Durazno, e integra la comisión de agro. Entiende que la forestación, además de problemas ambientales, intensifica la migración de productores rurales pequeños. “Yo tengo un campito chico y otro arrendado, pagaba 80 dólares por hectárea. Hoy UPM paga 120 a 200, es imposible competir. Eso hace que el productor chico se vaya del campo”, observa. Según datos oficiales, la ganadería ha perdido espacio con la forestación: en los últimos 20 años disminuyó la cantidad de pequeños y medianos campos dedicados a la ganadería y aumentó la forestación (y también la soja) en grandes latifundios.

Gutiérrez agrega que la cría de ovejas, su negocio, está acechada por caranchos, zorros, jabalíes y plagas como la garrapata que fomentan los eucaliptos. Además, “consumen mucha agua, insumen nutrientes del suelo difíciles de reponer y producen desertificación”, opina.

Diversos estudios académicos, sistematizados entre otros científicos por Daniel Panario, PhD en Tecnología Ambiental y gestión del Agua de la Facultad de Ciencias, corroboran las palabras de Gutiérrez sobre el impacto del monocultivo forestal en la biodiversidad, la acidificación del suelo y la disminución del rendimiento hídrico en las cuencas donde crecen los eucaliptos.

Esteban Calone es veterinario y participa de la comisión de seguimiento a UPM2 que integran la empresa, oficinas gubernamentales y sociedad civil. Tiene una reserva de peces nativos a 10 kilómetros de UPM en Rincón del Bonete, sobre el Río Negro. “Me sentí angustiado al enterarme que por la chimenea saldrá arsénico, cadmio, plomo, mercurio, aluminio y zinc. No lo esperé, no quiero ser cómplice, quiero que la gente sepa, los vecinos no tienen idea”, dijo con la voz entrecortada a la AP.

Tanto la empresa como los gobiernos aseguran que la producción será limpia y que los controles evitarán la contaminación de aire, suelo y agua, pero Calone no cree lo mismo. “Esas sustancias ingresan a la cadena alimentaria, los peces más grandes comen los chicos, la cadena termina en los que consumimos nosotros. Comeremos peces con arsénico, cadmio, cromo, mercurio y plomo”, dice. “UPM es trabajo para hoy, arsénico para mañana”.

“El trabajo estaba jodido acá", dice Maldonado, el albañil, que por ahora sigue armando hormigón para los desagües que descargarán 106.500 m3 de efluentes diariamente al Río Negro donde pesca los fines de semana. "Si no era empleo público o militar, el resto era más bien changas y algún supermercado. Ahora está movido” .

“Pienso en la contaminación, pero confío en la tecnología de la planta, no solo por la pesca sino por el futuro de las generaciones”, señala mientras su niño sigue tironeando de su mameluco naranja y el atardecer tiñe de naranja al río.