ONU preocupada por cierre de grupos civiles en Nicaragua

La Organización de las Naciones Unidas dice que el cierre arbitrario de cientos de instituciones de la sociedad civil en Nicaragua “es muy preocupante” y pide al gobierno del presidente Daniel Ortega que evite reprimir a los activistas y opositores politicos

ONU NICARAGUA
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La Organización de las Naciones Unidas dijo el viernes que el cierre arbitrario de cientos de instituciones de la sociedad civil en Nicaragua “es muy preocupante” y pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega que evite la represión y la violencia contra los activistas y opositores politicos.

“Instamos a las autoridades a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones”, expresó un grupo de expertos de la ONU en una carta dirigida al gobierno de Nicaragua. "Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático”, dijeron.

El cierre de grupos cívicos ha sido observado desde 2018, pero se ha acelerado con dos leyes que entraron en vigor más recientemente. En total los expertos de la ONU contabilizaron el cierre de más de 700 organizaciones, 487 de ellas en junio.

Nicaragua vive una grave crisis política que estalló en abril de 2018, cuando el gobierno de Ortega reprimió con violencia una revuelta social y provocó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados, en su mayoría refugiados en la vecina Costa Rica, de acuerdo con información de organismos defensores de los derechos humanos.

El gobierno de Nicaragua no respondió de manera inmediata un pedido de comentarios de The Associated Press ni efectuó declaraciones públicas sobre el informe de la ONU.

En una carta dirigida al gobierno de Nicaragua el lunes y que fue revelada el viernes, más de una decena de expertos de la ONU dijeron que la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones civiles “representa un claro patrón de represión del espacio cívico”. Advirtieron asimismo que "tendría un efecto amedrentador en activistas” y defensores de los derechos humanos.

Por otra parte, el Comité contra la Tortura de la ONU dijo que está “preocupado por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas” en Nicaragua durante las protestas de 2018, e instó a las autoridades a realizar una pronta investigación independiente y compensar a las víctimas.

En su segundo informe periódico sobre Nicaragua, el Comité pidió asimismo a las autoridades que garanticen salvaguardias legales para todos los detenidos y tome las medidas necesarias para prevenir la represión y la violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, y libere todos aquellos que hayan sido detenidos de manera arbitraria.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un grupo civil ligado a la oposición, al 30 de junio pasado había en Nicaragua 190 reos de conciencia, de ellos 180 arrestados desde 2018. Del total 18 son mujeres, cuatro de ellas bajo aislamiento total.

El gobierno de Ortega no ha dado cifras de encarcelados. Asegura que en el país no hay presos políticos y que los detenidos son “delincuentes y terroristas”.

El Comité dijo que las autoridades nicaragüenses no han respondido sus pedidos de información sobre las medidas implementadas para seguir recomendaciones que ha ofrecido anteriormente.

En su informe, indicó que Nicaragua debe garantizar que todos los detenidos gocen de sus derechos de tener un abogado sin demora al ser detenidos, tengan acceso a un médico independiente, sean informados sobre sus derechos, los motivos de su detención y las acusaciones que enfrentan, puedan comparecer ante a un juez sin demoras, y acceder a recursos que les permitan impugnar sus cargos.

Asimismo, dijo el Comité, se debe garantizar que los detenidos sean registrados y haya constancias de todas las etapas de su privación de la libertad, incluyendo cuando son transferidas. También recomendó que se tomen medidas legislativas para asegurar que la detención policial no exceda las 48 horas, y que se apliquen sanciones a los funcionarios responsables cuando no se permita a los presos el goce de las garantías fundamentales.

El Estado debe garantizar que los presuntos autores de tortura y malos tratos sean suspendidos de manera inmediata durante la investigación, y abstenerse de conceder amnistías e indultos a los condenados por tortura, consideró el Comité.

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