Nigerianos exigen justicia, un año después de protestas

Joshua Samuel recuerda penosamente el día, hace un año, cuando soldados nigerianos abrieron fuego contra él y sus compañeros que protestaban en contra de la brutalidad policial.

“La gente empezó a correr, gritando, la gente se caía, se tropezaba”, contó Samuel, de 23 años, narrando lo sucedido el 20 de octubre del 2020 en la estación de peaje Lekki en Lagos. “A mí me dispararon en la espalda”.

Samuel, quien todavía se recupera de sus heridas, está desempleado y sin casa, y no ha recibido asistencia alguna por parte del gobierno.

“Claro que no estoy bien. Cada vez que hablo me duele”, afirmó al ser entrevistado por The Associated Press

Samuel es uno de más de 100 nigerianos que aún están esperando respuesta a sus solicitudes de compensación y justicia, por lo que califican de brutalidad policial. Entregaron sus reclamos a una comisión del gobierno que investiga tanto los hechos del 20 de octubre como denuncias previas de abusos por parte de los uniformados.

Las protestas eran en contra de una unidad policial conocida como Escuadrón Especial Anti-Robos (SARS, por sus siglas en inglés), acusada de violencia, arrestos indebidos y sobornos. El movimiento, apodado #EndSARS, tuvo su cúspide el año pasado cuando 38 manifestantes fueron abatidos en la protesta, según el capítulo local de Amnistía Internacional

Otros 69 manifestantes y policías murieron en los días previos a las protestas del 20 de octubre, en días de violencia en que muchos edificios del gobierno y cuarteles policiales fueron incendiados, según el presidente Muhammadu Buhari

Buhari juró que su gobierno jamás permitiría semejante brote de violencia de nuevo, y hubo fuerte presencia policial el miércoles, en el primer aniversario de las protestas, cuando salieron a marchar cientos de personas y la policía lanzó gases lacrimógenos. Por lo menos cuatro fueron arrestadas, informaron autoridades.

El escuadrón anti-robos ha sido acusado de arrestar ilegalmente, torturar y extorsionar a jóvenes nigerianos, según testimonios de las víctimas. Entre el 2017 y el 2020, Amnistía Internacional recibió 82 denuncias de torturas por ese escuadrón, sin que el gobierno haga nada al respecto.

El gobierno nigeriano desbandó a la unidad policial acusada, y prometió compensación y justicia para las víctimas.

Pero Damian Ugwu, del capítulo nigeriano de Amnistía Internacional, dice: “Las autoridades no tienen intención alguna de cumplir esa promesa”.

En Nigeria, los procesos judiciales para denuncias de brutalidad policial son sumamente lentos, y los policías acusados suelen salir impunes.

Y si bien la unidad policial ha sido desarticulada, muchos nigerianos se quejan de que la policía brutalidad continúa.

Ayobami Adesina, de 29 años, estaba durmiendo en su casa en Oyo, un estado en el sudoeste de Nigeria, cuando la policía irrumpió en noviembre pasado y se lo llevó. Su familia estuvo dos semanas buscándolo, pensando que alguien lo había secuestrado, narró su hermana, Kemi Adesina.

Eventualmente se enteraron que había sido detenido, junto con otras 10 personas, acusadas de matar a policías durante las protestas. Estuvo seis meses encarcelado antes de siquiera ser llevado a juicio, dice su hermana.

“No hay ningún indicio, nada que diga que él tuvo algo que ver con esto”, contó Kemi.

Más de 200 manifestantes siguen en la cárcel en Lagos y algunos ni siquiera han sido acusado de delito alguno, ni han sido llevados a tribunales, asevera Nicholas Mba, quien fue puesto en libertad bajo fianza tras estar ocho años encarcelado, acusado de provocar incendios durante las protestas. Todavía no ha sido enjuiciado.

“La primera noche en la cárcel fue la peor de mi vida”, contó Mba, de 33 años.

“Había más de 1.000 personas, todas acusadas de las protestas, y algunas hasta el día de hoy no han sido llevadas a tribunales, no han podido siquiera comunicarse con sus familias”, agregó.

Oke Ridwan, abogado que ha ayudado a algunos de los arrestados, asegura que ha conseguido la libertad de unos 70 de ellos, cuyos cargos fueron eliminados.

Después de las protestas, las autoridades nigerianas crearon comisiones en cada provincia del país y en la capital, Abuja, para recibir denuncias de brutalidad policial y reclamos de compensación.

En Lagos, la comisión recibió más de 235 peticiones, relató Tony Eze, quien representa al Colegio de Abogados de Nigeria en las audiencias.

Se ha pagado unos 637.470 dólares a 47 reclamantes, pero muchos todavía están esperando. Entre ellos está Nicholas Okpe, de 39 años de edad.

Okpe indicó a la AP que recibió un balazo en el pecho y que un año después, todavía tiene una herida abierta, pero no puede pagarle a un médico. Afirma que no ha recibido asistencia alguna del gobierno.

“Yo simplemente estoy agradecido a Dios de que estoy vivo. No he trabajado desde ese día”, afirma Okpe, quien antes trabajaba como chofer de autobús.

Una gran cantidad de peticiones siguen responder y por lo menos nueve provincias han postergado indefinidamente sus audiencias, informaron a la AP los reclamantes y Amnistía Internacional.

Uno de los solicitantes cuyo reclamo fue postergado era Chijioke Iloanya, quien fue arrestado por miembros de la SARS en el 2012 en Anambra, una provincia del sudeste de Nigeria. La policía le dijo a la familia que Iloanya murió en detención, contó su hermana, Obianuju Iloanya. La AP no ha podido confirmar de manera independiente cómo murió.

Ugwu, el funcionario de Amnistía Internacional, afirmó que las comisiones encaran severos problemas, como audiencias secretas, falta de fondos, falta de cooperación por parte de la policía y las interminables demoras de los procesos.

“Necesitamos un tribunal especial que examine las violaciones de derechos humanos fundamentales en Nigeria y que puedan impartir castigos a los policías culpables”, expresó el abogado Ridwan.