México: Diputados aprueban desafuero de gobernador opositor

La Cámara de Diputados de México aprobó el viernes el desafuero del gobernador del estado norteño de Tamaulipas —una de las principales figuras de la oposición—, en una decisión que fue rechazada horas después por el Legislativo de esa entidad desatando una controversia que tendrá que decidirse en tribunales.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca de la fuerza opositora Partido Acción Nacional (PAN), quedó a las puertas de su enjuiciamiento tras la decisión de la mayoría oficialista y sus partidos aliados que autorizaron el retiro de la protección judicial constitucional del político durante un debate que se extendió más de seis horas y marcó el cierre del período de sesiones ordinarias previo a los comicios generales de junio. El proceso fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

García Cabeza de Vaca, un empresario, exdiputado y exsenador que le arrebató en los comicios de 2016 la gobernación de Tamaulipas al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que la había controlado por casi nueve décadas, deberá enfrentar el proceso de la Fiscalía General, que desde febrero solicitó el retiro de su protección para enjuiciarlo por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto equivalente a 321.000 dólares.

Tras la decisión de la Cámara de Diputados, García Cabeza de Vaca acusó al oficialismo de consumar “un nuevo golpe a la constitución y a la democracia”, y dijo en un video que se difundió en su cuenta de Twitter que su proceso constituía un “linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno”. “La ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos”, agregó.

Al rechazar las acusaciones en su contra, García Cabeza de Vaca sostuvo que el oficialismo quiere enjuiciarlo por no haber pagado supuestamente los impuestos de la compra venta de un departamento. “Esta operación fue lícita y ... los impuestos fueron debidamente declarados y pagados”, sostuvo al asegurar que su patrimonio es producto de su esfuerzo personal y familiar y afirmó que sus denunciantes recurrieron a “falsificar” y “manipular” para acusarlo.

Horas después, el Congreso de Tamaulipas aprobó con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones que “no procede la homologación de la declaración de procedencia” emitida por la Cámara de Diputados contra el García Cabeza de Vaca, señala un comunicado de ese cuerpo.

Es así que el Legislativo del estado norteño rechazó la decisión de la Cámara de Diputado de retirar la inmunidad procesal penal del gobernador.

Ante la controversia que surgió entre los dos cuerpos legislativos, el abogado Santiago Nieto, miembro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que el caso deberá ir a la Suprema Corte de Justicia para decidir qué resulta procedente.

Nieto dijo al canal local de noticias Milenio que la constitución de Tamaulipas establece expresamente que en el caso de muerte, renuncia o proceso judicial le corresponde al Congreso de ese estado designar un gobernador interino por el tiempo que falte para completar el período de mandato. Agregó que no le sorprendía la decisión del Congreso de Tamaulipas porque ese estado vive “bajo un terror” y el control de la “delincuencia organizada”.

El Ministerio Público vinculó al gobernador opositor a uno de los operadores financieros del Cártel de Sinaloa y quien presuntamente financió el túnel por el que escapó en 2015 el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El gobernador, que culminaría su sexenio el próximo año, enfrenta una denuncia por un supuesto enriquecimiento ilícito por 46 millones de dólares. El político también ha sido señalado de recibir sobornos por la aprobación en el Congreso de una serie de reformas que se realizaron durante el mandato Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El proceso contra el gobernador, que ha rechazado los cargos, fue condenado por el PAN y otras organizaciones opositoras que demandaron el respeto irrestricto de la ley y la Constitución, y consideraron el proceso como un “abuso de poder”.

Frente a una gran pancarta que decía “¡basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia”, que levantaron congresistas opositores en medio del salón de debates, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la motivación del proceso “no es el combate a la corrupción” sino la “urgencia de incrementar distractores ” de cara a los comicios generales que se darán en cinco semanas en los que se elegirán los miembros de la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales, 15 gobernaciones y miles de cargos locales.

A los cuestionamiento se sumó también la diputada del PAN, Adriana Dávila, quien acusó, sin mostrar pruebas, al mandatario Andrés Manuel López Obrador de haber ordenado la investigación de la Fiscalía, y afirmó que la acción contra García Cabeza de Vaca era una “venganza” del gobernante.

Por su parte, el diputado del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sergio Carlos Gutiérrez, negó los señalamientos de los opositores de que el proceso contra García Cabeza de Vaca respondía a una maniobra del gobierno, e indicó que su grupo parlamentario será recordado por impulsar acciones para hacer frente a un “estado fallido, un narcoestado”.

Gutiérrez también cuestionó al gobernador opositor del estado central de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien fue señalado por las autoridades de amenazar a través de un miembro de su equipo a una diputada oficialista para que apoyara el proceso contra García Cabeza de Vaca. En medio de la sesión algunos diputados de Morena mostraron pancartas en las que se leía “amenazas a una, nos amenazas a todas”, en alusión a la denuncia contra Aureoles Conejo.

Por otra parte, el estatal Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el viernes en un comunicado que emitió una alerta migratoria contra el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, quien es investigado por supuesto abuso sexual a un menor, para que no abandone el territorio mexicano. El INM acordó la acción después que la Fiscalía Genera de la Ciudad de México solicitó la verificación de los movimientos de ingreso-salida del político.