Líder opositor ecuatoriano pide pruebas sobre dinero ilegal

A un día de que se instalen las mesas de diálogo entre el gobierno ecuatoriano y el movimiento indígena, el líder de esas organizaciones pidió al presidente Guillermo Lasso probar las acusaciones sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a las manifestaciones que recientemente paralizaron al país.

Entre el 13 y 30 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, lideró una violenta protesta en demanda de la reducción de los precios de los combustibles, que el gobierno ya redujo de 2,55 dólares al galón a 2,40 dólares, mayor presupuesto para la salud y educación y la fijación de precios de productos agropecuarios.

“Decirle al gobierno nacional que deje de ser irresponsable, que pruebe lo que está acusando”, aseguró el martes Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en alusión a las declaraciones de Lasso, quien en días anteriores afirmó que las protestas “habrían costado 15 millones (de dólares) y el tercer actor es el narcotráfico”. Se trata de la primera reacción del dirigente indígena tras las afirmaciones divulgadas por funcionarios oficiales.

Iza, en declaraciones a una radio local, negó además que sus organizaciones cuenten con un grupo de choque violento y afirmó que “pretenden también desnaturalizar la lucha, las guardias comunitarias que ha habido toda la vida, como si fuera un cuerpo político militar”.

“Lo que se ha ganado en las calles, en la lucha, pretende dañar con acusaciones falsas … generando difamación”, increpó el dirigente, quien pese a la tensión surgida confirmó que asistirán a la instalación del diálogo previsto para este miércoles y en el que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana participará como garante. Añadió que “apegados al espíritu democrático” se agotarán todas las posibilidades del diálogo en las mesas, pero no descartó la disposición para volver a las calles.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, consultado al respecto durante una rueda de prensa, respondió el martes que “se ha puesto en debate público cómo pueden financiarse las marchas y quiénes están detrás de estos financiamientos”. Mencionó que durante las movilizaciones hubo rutas en la zona costera que permanecieron expeditas, por lo que “hay posibilidad de que las mercaderías ilegales pudieron movilizarse”, mientras la policía se encontraba cumpliendo otras actividades. No ofreció pruebas ni dio más detalles.

“Esta forma de distraer son mecanismos que aprovecha el crimen organizado”, acotó el ministro. También afirmó que se debe investigar la supuesta influencia de estos grupos ilegales en “algunos gobiernos autónomos” y agregó que durante las movilizaciones se incautaron nueve toneladas de droga, todo lo cual debe ser investigado.

Las declaraciones de ambas partes tensan el ambiente a vísperas de que se instalen los diálogos. El analista político y editorialista, Hernán Pérez Loose, se mostró “escéptico” de que “vayan a prosperar por la forma en cómo llegaron a la mesa”, sin embargo, dijo que “debe haber un esfuerzo en ambas partes para lograr una salida consensuada a la crisis” y evitar que el escenario de junio se replique.

En diálogo con The Associated Press, el experto advirtió que habrá cosas en las que no se podrán poner de acuerdo, pero habrá que seguir negociando a largo plazo. “No deberíamos tener demasiadas expectativas de que vayan a salir resultados importantes y de inmediata implementación, pero sí es un ejercicio que debe hacerse”, acotó. Abogó porque el gobierno presente una política social “en base a lo que puede dar la caja fiscal y su plan de gobierno”, y seguir adelante.

La instalación de unas mesas de conversación, con una agenda temática de diez puntos que se discutirán durante 90 días, fue parte del acuerdo que alcanzaron el gobierno y las organizaciones indígenas para poner fin a las protestas que dejaron cinco muertos y centenares de heridos, así como bloqueos en carreteras y vías que causaron desabastecimiento en la nación.

Las mesas técnicas contarán con facilitadores y delegados de universidades para viabilizar el debate sobre la focalización de combustibles, condonación de deudas de la banca pública y privada, fomento productivo, derechos laborales, control de precios, derechos colectivos y otros.