La Suprema Corte de México avala polémica ley eléctrica

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México avaló el jueves la constitucionalidad de una polémica ley de la industria eléctrica aprobada el año pasado, la cual da ventaja a la generación gubernamental de electricidad sobre las plantas privadas de energía.

En cuanto entró en vigor en marzo de 2021, compañías energéticas privadas interpusieron amparos para poder seguir operando y muchas consiguieron el aval temporal de los tribunales para bloquear la normativa. Pero de forma paralela a esos recursos judiciales, se interpuso una acción de inconstitucionalidad que es la que la Corte Suprema analizó el jueves al detalle y acabó desestimando.

La ley señala que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son de propiedad gubernamental, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda se podrá comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural. Permite, además, revocar permisos obtenidos mediante actos que constituyan un fraude a la ley, y revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes.

Jesús Ramírez, portavoz de la presidencia, celebró en Twitter que el máximo tribunal apoyara la norma que, según el gobierno, protege a las compañías estatales, garantiza los derechos de los mexicanos y evita la corrupción.

Sus detractores, entre los que se encuentra Estados Unidos, alegan que socava la competitividad en el sector, daña el medio ambiente y va en contra de acuerdos de libre comercio firmados por México.

Aunque el voto del jueves estuvo muy dividido con voces mayoritariamente críticas a la norma, el pleno no logró la mayoría calificada necesaria necesaria para anularla.

Los ministros resaltaron que México debe respetar el derecho a un medio ambiente sano y los compromisos que lo vinculan a reducir la emisión de gases efecto invernadero, mediante la sustitución de energías de fuentes fósiles por renovables. No obstante, el alto tribunal indicó que tratados como el T-MEC “no contienen normas sobre derechos humanos” y por tanto no sirven como argumento para hacer valer una acción de inconstitucionalidad.

Sin embargo, los problemas legales de esta norma están lejos de acabar.

“Nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”, dijo en un comunicado Ken Salazar, el embajador estadounidense en México, poco después de la votación de la Corte.

Salazar también mostró su preocupación por la reforma constitucional que está actualmente en trámite parlamentario y que va en la misma línea que la ley de 2021.

“Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático, y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos”, señaló. Además, confió en que proteja “las inversiones actuales y futuras” de empresas estadounidenses en México y las cadenas de producción en el marco del T-MEC.

Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad Rice, aseguró a The Associated Press que con esta decisión judicial el país puede perder “mucha capacidad de inversión, mucha credibilidad” porque tendrá “un sistema eléctrico inoperable” que podría generar una crisis energética en el peor momento, justo cuando el mundo vive momentos muy complicados debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además teme que este pueda ser el principio del fin de la libre competencia en el sector energético porque esta votación alienta a que la reforma constitucional salga adelante.

Los detalles del fallo se conocerán cuando la Suprema Corte publique la sentencia en unas semanas. El máximo tribunal también tiene pendiente someter a discusión otros recursos contra esta norma —dos controversias constitucionales— que previsiblemente se resolverán en la misma línea.

Es muy probable que el fallo complique que prospere cualquier arbitraje internacional, ya que los países tienen el derecho soberano a cambiar sus normas, agregó la académica.