Holanda: Activistas piden despenalizar el suicidio asistido
Activistas que piden la despenalización del suicidio asistido en Holanda presentan una demanda contra el gobierno, argumentando que su prohibición de ayudar a una persona a terminar con su vida viola los derechos humanos
Activistas que piden la despenalización del suicidio asistido en Holanda presentaron una demanda contra el gobierno el lunes, argumentando que su prohibición de ayudar a una persona a terminar con su vida viola los derechos humanos.
El caso en el Tribunal de Distrito de La Haya es la batalla legal más reciente sobre poner fin a la vida desde que Holanda se convirtió en 2002 en el primer país del mundo en despenalizar la eutanasia.
Un grupo llamado Cooperative Last Will pidió a la corte que declare que el Estado holandés está “actuando ilegalmente al negar a sus ciudadanos el derecho a morir con dignidad bajo su propio control”.
Su presidente, Jos van Wijk, dijo que quiere que Holanda vuelva a asumir un papel de liderazgo en la legislación que rige la vida de las personas.
“Holanda ha sido pionero en lo que respecta al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la legislación sobre eutanasia. Y ahora somos una vez más pioneros con respecto a su propio control sobre el final de la vida”, dijo.
La eutanasia implica que los médicos, bajo condiciones estrictas, quiten la vida a los pacientes con ayuda de fármacos. En la muerte asistida, los pacientes reciben una sustancia letal que ellos mismos toman.
Cooperative Last Will, que dice tener casi 30.000 miembros, quiere que el caso fuerce un cambio en la ley holandesa para despenalizar la asistencia a las personas que quieren quitarse la vida en el momento de su elección y que una sustancia letal esté disponible bajo condiciones estrictas.
El gobierno argumenta que aquellos que quieran terminar con su vida pueden hacer uso de la ley de eutanasia existente.
“Sin embargo, el Estado no está obligado a facilitar el suicidio asistido, y mucho menos permitirlo en todas las circunstancias”, dijo el abogado del gobierno, Erik Koppe, a un panel de tres jueces.
Los abogados de la cooperativa argumentaron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consagra el derecho a morir en el momento y lugar que elija la persona. Los abogados del gobierno cuestionaron esa afirmación.