Haití: exmilitares colombianos impactan mercado de seguridad

Durante un año de pandemia la familia Romero esperó por una oportunidad de trabajo que ayudara a pagar las deudas. La pensión del militar en retiro Mauricio Romero Medina, de unos 790 dólares, sólo alcanzaba para sobrevivir.

La solución ideal pareció llegar en una llamada.

Al otro lado de la línea Duberney Capador intentaba convencer a Mauricio Romero, a quien conoció en sus días en el Ejército de unirse a un “trabajo legal y de largo plazo” cuyo único requerimiento era un pasaporte al día.

“Háblelo con su familia y si está interesado nos vemos el día de mañana en Bogotá porque el vuelo es ya pasado mañana", contó Giovanna Romero a The Associated Press al recordar la conversación de aquel 2 de junio que conoció de primera mano. "Eso fue así, casi de inmediato”, comentó.

Un mes después, el 7 de julio, Romero y Capador aparecieron en la lista de los exmilitares muertos en Haití junto a otros 18 detenidos acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse Capador ha sido señalado por la policía colombiana como uno de los organizadores del plan criminal.

El caso ha mostrado el papel de los exmilitares colombianos en la industria global de seguridad, incluyendo su lado más oscuro: los mercenarios.

La mano de obra calificada para estos trabajos es abundante. Según el Ministerio de Defensa, anualmente 10.600 miembros del Ejército se retiran del servicio y se convierten en potenciales fichajes por su experiencia en combatir narcotraficantes y la que fue la guerrilla más vieja del continente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz en 2016. Además, algunos reciben entrenamiento del Ejército estadounidense, entre ellos varios de los involucrados en el caso de Haití.

Los exmilitares colombianos son usualmente contratados para prestar servicios de consultoría, seguridad de personas y custodia de sectores petroleros en Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos utilizaron exsoldados colombianos en Yemen durante el conflicto contra los rebeldes hutíes.

“Los exmilitares colombianos están muy bien entrenados... y pueden ser más baratos o más accesibles que otro tipo de fuerza laboral especializada y entrenada”, mencionó Silvana Amaya, analista senior para la región de los Andes de la firma de seguridad global Control Risks. “Para soldados colombianos retirados tener un trabajo para el que obviamente están preparados para hacer es una buena oportunidad… por lo que para ambas partes, oferta y demanda, creemos que funciona muy bien”.

Sean McFate, un ex paracaidista del ejército de EEUU y contratista militar privado que ha escrito sobre mercenarios, dijo que los colombianos generalmente están a la par de los soldados estadounidenses y británicos y son “bien valorados” por su experiencia en combate, su obediencia en la cadena de mando y trabajo en equipo.

“Es una industria ilícita que opera en torno al lenguaje de comandos”, dijo McFate. “Los tres grupos principales de mercenarios son los anglo-parlantes, los hispano hablantes y los rusos. Y para el español, los colombianos son los más grandes”.

La esposa de Francisco Uribe, uno de los capturados en Haití, aseguró a la W Radio que les prometieron un sueldo mensual de $2.700, una buena oferta teniendo en cuenta que la pensión de los militares retirados puede oscilar entre los $370 y $1.000, dependiendo del rango.

Aunque en Colombia estos salarios suenan bien pagos, están por debajo de lo que reciben veteranos estadounidenses, británicos, israelíes o sudafricanos. “Frente a ellos, a nosotros nos pagan normalmente casi un 50 y a veces hasta un 70 por ciento menos por la condición de ser latinoamericanos, especialmente a los colombianos, salvadoreños y chilenos”, según explicó a la AP el excoronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro (ACORE) y consultor internacional en seguridad.

Marulanda insistió en que se trata de un “negocio legal” que no tiene nada que ver con el “mercenarismo”.

“Si se comprueba lo de Haití sería el primer caso de mercenarios colombianos en el último siglo”, aseguró.

El presidente colombiano Iván Duque dijo la semana pasada que solo un grupo “reducido” de exmilitares arrestados tenían “conocimiento detallado de lo que sería una operación criminal”, mientras que el resto de los exmilitares habrían sido engañados antes de viajar bajo la premisa de cumplir una “supuesta misión de protección”.

Para algunas familias es claro que los exmilitares no creían necesario esconderse y varios publicaron fotos como turistas en República Dominicana, antes de llegar a Haití. Según explicó a la AP el abogado que los asesora, Nélson Romero, eso indicaría que no sabían a lo que se enfrentaban porque de haberlo querido habrían escapado sin ser detectados.

“Todos eran de fuerzas especiales de combate”, indicó.

El comandante del Ejército, general Luis Fernando Navarro, dijo este mes ante la prensa que como institución no tienen la capacidad de hacer seguimiento a todos los militares retirados, solo de garantizar el pago de la pensión.

Los detalles clave de lo que sucedió el 7 de julio no están claros.

Las autoridades dijeron que los atacantes allanaron la casa privada del presidente antes del amanecer del 7 de julio, gritando ”¡Operación de la DEA!” y empuñando armas de alto calibre. Un pequeño grupo entró y el resto custodió afuera.

Algunos testigos dijeron que los atacantes ataron a dos empleados de la casa y saquearon la oficina y el dormitorio de Moïse. Mientras que la hija del presidente se escondió en el dormitorio de su hermano y sobrevivió.

Cuando terminó, Moïse yacía en el suelo de su dormitorio. Le habían disparado en la frente, el pecho, la cadera y el estómago, y le habían abierto el ojo izquierdo. Su esposa también resultó herida por disparos y tuvo que ser hospitalizada en Miami.

Ninguno de los miembros de seguridad del presidente resultó herido, lo que generó dudas sobre su papel.

Los atacantes no parecen haber hecho un plan para escapar. Algunos se escondieron en un negocio de dos pisos, otros invadieron la Embajada de Taiwán y otros tantos fueron encontrados escondidos en los arbustos por los transeúntes y entregados a la policía.

Al menos tres de los colombianos murieron, incluido Romero.

Romero se retiró del Ejército en diciembre de 2019 después de recibir varias condecoraciones y especializarse como paracaidista militar, enfermero de combate y asistiendo a la Escuela de Lanceros, similar a la U.S. Army Ranger School. Sin antecedentes penales, Romero salió del país sin problema.

“A los militares cuando se retiran les hacen la invitación a hacer parte de ejércitos en otros países”, dijo Giovanna Romero a la AP. “Mauricio no era la excepción a que si se presentaba una oportunidad de esas se podía tomar, porque tenía el conocimiento para el trabajo”, agregó.

Giovanna asegura que nunca supo que su esposo estaba en Haití, solo que viajó a República Dominicana, para ella fue una sorpresa enterarse de su muerte por los noticieros.

El caso de Haití presenta un golpe reputacional para las fuerzas armadas colombianos que se suma a otros cuestionamientos como los abusos policiales durante las recientes protestas antigubernamentales y las imputaciones a militares por los “falsos positivos”, como se conoce las ejecuciones extrajudiciales en las que se hacían pasar civiles como guerrilleros muertos en combate.

La canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez defendió la reputación de las fuerzas armadas a las cuales lideró como ministra de Defensa en 2002.

“Sé perfectamente que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar”, señaló.

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García Cano reportó desde México.