Guatemala: siguen las protestas contra la corrupción

Cientos de personas se agolparon el jueves en diferentes puntos de la capital guatemalteca convocadas por organizaciones sociales, en medio de una huelga contra la corrupción, el alto costo de vida y la defensa de derechos como la libre expresión y manifestación.

En los alrededores de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes, trabajadores y profesores se reunieron para luego partir en una marcha hacia el centro histórico y sede del poder político, Ejecutivo y Judicial.

Los manifestantes rechazan los presuntos actos de corrupción de la administración del presidente Alejandro Giammattei y que, alegan, no son investigados por la fiscal general Consuelo Porras, que mantiene una amistad con el mandatario.

Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo a The Associated Press que el alto costo de vida “significa un aumento del hambre de los pobres”.

“La corrupción al final se concreta en el robo del dinero del pueblo y los que pagan impuestos son los pobres y la clase media, porque los ricos no contribuyen equitativamente al país”, agregó.

Enrique Saquic, autoridad ancestral de Santa Lucia Utatlán, dijo los indígenas participan de la protesta en representación de sus pueblos. “Nos están ahorcando, nuestros hermanos, nuestros pueblos son los que están sufriendo todo este alto costo de la vida”.

Squic dijo que la cooptación del sistema de justicia desde la fiscalía hasta el más alto tribunal, la Corte de Constitucionalidad, ha dejado indefensos a los guatemaltecos.

Porras ha sido señalada y sancionada por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.

Un contingente de soldados con equipos antidisturbios fue captado entrando a un lugar cercano a la casa presidencial. Rubén Tellez, vocero del ejército, confirmó que “es un movimiento preventivo normal” cuando se anuncian manifestaciones.

Los manifestantes han denunciado que el Congreso pretende aprobar un ley que le da el poder a policías y militares para usar sus armas para disolver las protestas.