Gobierno francés presenta proyecto de ley antiterrorista

El gobierno francés presentó el miércoles un proyecto de ley antiterrorista y de inteligencia que apunta a la prevención de los ataques e incluye una vigilancia más estricta de los sitios web extremistas.

El proyecto, que está en preparación desde hace meses, fue presentado al gabinete días después de que una mujer policía fue asesinada dentro de su comisaría, hecho que las autoridades investigan como ataque terrorista.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, dijo que el proyecto dará mayor poder a los servicios de inteligencia para vigilar la actividad en línea de personas sospechosas. Los extremistas “utilizan cada vez menos las líneas telefónicas y cada vez más las conexiones de internet”, dijo en conferencia de prensa.

Los servicios de inteligencia ampliarán el uso de algoritmos para rastrear a los extremistas en línea, un método que está en ensayo desde 2015 para monitorear las aplicaciones de mensajería.

Darmanin dijo que el uso de los algoritmos permitirá a los servicios de inteligencia ubicar a alguien que haya entrado varias veces en sitios web extremistas.

El ciudadano tunecino que el viernes mató a una empleada de la policía en Rambouillet, al sur de París había mirado videos extremistas poco antes de perpetrar el ataque, dijo un fiscal del contraterrorismo.

El primer ministro Jean Castex enfatizó que el proyecto ha sido parte de las medidas antiterroristas del gobierno desde el inicio del mandato del presidente Emmanuel Macron en 2017.

Se han aprobado varias leyes de seguridad, se han creado unos 1.900 puestos de inteligencia y se han impedido 36 ataques en los últimos cuatro años, dijo Castex. En 2019 el gobierno creó el cargo de fiscal nacional contra el terrorismo para coordinar mejor las investigaciones relacionadas con los ataques.

Darmanin dijo que el rastreo de los extremistas se ha vuelto más difícil desde que los autores de los ataques ya no son personas que combatieron en Siria o Irak

Entre otras medidas, el proyecto daría a las autoridades mayores poderes para limitar los movimientos de personas condenadas por terrorismo durante hasta dos años después de su salida de prisión.