Fiscalía pide prohibir salir de Perú a esposa de presidente
La fiscalía peruana solicita a un juez prohibir salir del país por tres años a la primera dama Lilia Paredes y a dos cuñados del presidente Pedro Castillo, sindicados de integrar una red criminal de lavado presuntamente liderada por el mandatario
La fiscalía peruana solicitó el lunes a un juez prohibir salir del país por tres años a la primera dama Lilia Paredes y a dos cuñados del presidente Pedro Castillo, sindicados de integrar una red criminal de lavado presuntamente liderada por el mandatario.
El Ministerio Público informó sobre la medida en su cuenta oficial de Twitter. La esposa de Castillo no ha sido acusada formalmente, sólo investigada de manera preliminar.
Una tercera cuñada del mandatario —Yenifer Paredes, de 26 años y criada como hija desde pequeña por la pareja presidencial— está detenida y a la espera de una decisión judicial el martes que decidirá un pedido de tres años de cárcel mientras es investigada por el presunto delito de lavado.
El domingo el presidente peruano aseguró que la justicia buscaba detener a su esposa.
“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia”, indicó Castillo, quien está acorralado por seis investigaciones fiscales que han provocado que abandone su habitual mutismo y critique a la fiscalía, la oposición parlamentaria y parte de la prensa a quienes califica como una triada que busca despojarlo del poder.
La semana pasada la policía llegó al palacio presidencial para detener a Yenifer Paredes y buscó en todas las habitaciones, incluso debajo de la cama del mandatario, de acuerdo a una acta de allanamiento a la que The Associated Press accedió. Los agentes no encontraron a la cuñada del mandatario, quien al día siguiente se entregó a la fiscalía.
El viernes Castillo dijo que su esposa está dispuesta a entregar su pasaporte al juez para demostrar que no tiene intenciones de abandonar el país, quiere someterse a la justicia y demostrar su inocencia.
La fiscalía sospecha que la familia presidencial ayudó al dueño de una supuesta empresa de fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.
Castillo niega todas las acusaciones. Gobierna desde hace un año y su mandato terminará en 2026.