Familias de EEUU con rehenes, frustrados con el gobierno

Cuando los familiares de ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Venezuela se entrevistaron este mes por teleconferencia virtualmente con un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, casi de inmediato afloraron sus frustraciones.

Le preguntaron insistentemente sobre las posibilidades de un intercambio de prisioneros que pudiera hacer que sus seres queridos regresaran a casa, pero se les dijo que al final se trataba de una decisión de la Casa Blanca y no algo que el gobierno estadounidense estaba inclinado a hacer. También se desahogaron por la extradición de un asociado del presidente venezolano Nicolás Maduro, una acción que inflamó las tensiones con Caracas y resultó en el regreso a la cárcel de los ejecutivos estadounidenses, que estaban bajo arresto domiciliario.

La reunión, no reportada previamente y descrita por una persona que participó en el encuentro virtual, terminó sin compromisos firmes, pero resaltó las frustraciones acumuladas dirigidas por algunos familiares de rehenes y detenidos hacia el Departamento de Justicia, una agencia que ellos consideran indispuesta a buscar activamente maneras de traer a sus familiares de regreso y tozudamente renuente a la posibilidad de un intercambio de prisioneros.

“La cuestión sigue siendo cómo lograr que el Departamento de Justicia se dedique plenamente al proceso de recuperar a rehenes y personas detenidas erróneamente”, expresó Everett Rutheford, cuyo sobrino, Matthew Heath, está detenido en Venezuela por lo que su familia dice son cargos falsos de armas de fuego. “Y no ha habido una respuesta sobre eso aún, a excepción de decirnos que el presidente puede instruirles hacerlo”.

El Departamento de Justicia no es considerado usualmente una agencia clave en asuntos de rehenes. Después de todo, es el Departamento de Estado el que tiene las herramientas diplomáticas a su disposición y es la base del principal negociador de rehenes del país, mientras que el Pentágono tiene la autoridad para lanzar operaciones militares para liberar a rehenes de su cautiverio.

Los intereses de las tres agencias no siempre coinciden en casos de rehenes, que pueden ser eclipsados por preocupaciones más amplias de seguridad nacional o diplomáticas, o —en el caso del Departamento de Justicia— lo que el gobierno considere que es la mejor manera de hacer que los criminales rindan cuentas.

El Departamento de Justicia dijo en una declaración que reconoce “que las familias son colocadas en una circunstancia extraordinariamente difícil, con un dolor inimaginable” cuando estadounidenses son detenidos injustamente. Dijo que trabaja con otras agencias federales para traerlos de vuelta al país en una manera coherente con la política del gobierno de “no hacer concesiones” en asuntos de rehenes.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, un intercambio de prisioneros puede crear una equivalencia falsa entre un estadounidense detenido injustamente y un delincuente convicto, además de que puede alentar capturas adicionales por parte de otros países.

Mickey Bergman ha trabajado en casos de rehenes como vicepresidente del Richardson Center for Global Engagement. Dice que ya ha oído ese argumento, pero que cree que “el planteamiento es erróneo”.

“Porque no se trata de las personas culpables que salen en libertad, se trata de que estadounidenses inocentes regresen al país”, afirmó Bergman, “Así que yo revierto la pregunta y digo: ¿Vale la pena dejar que estadounidenses inocentes queden en prisiones en otras partes del mundo por nuestra insistencia en que delincuentes extranjeros cumplan sus sentencias en el sistema estadounidense?”.

El asunto es relevante de nuevo en momentos en que varios países o grupos que tienen a estadounidenses en su poder —entre ellos Rusia y el Talibán— han mencionado los nombres de prisioneros en Estados Unidos que ellos quieren.

La exasperación de las familias no es tanto con los dirigentes actuales del Departamento de Justicia como con la naturaleza de la institución, una agencia que tradicionalmente ha priorizado su independencia y su prerrogativa para tomar decisiones de enjuiciamientos y recomendaciones de sentencias sin consideraciones políticas.

Ese instinto es crucial para la democracia, pero puede resultar en acciones que las familias de rehenes consideran que desdeñan sus intereses.

La extradición en octubre a Miami del empresario colombiano Alex Saab, presentado por funcionarios estadounidenses como un aliado de Maduro, agitó a los familiares de seis ejecutivos de Citgo que han estado en prisión en Venezuela por un plan nunca ejecutado de refinanciar miles de millones de los bonos de la compañía petrolera.

Fue un punto de tensión en la teleconferencia con el Departamento de Justicia este mes y en un encuentro en diciembre entre familiares de los rehenes y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, aunque la situación pudiera ser complicada por la revelación esta semana que Saab fue usado en 2018 como informante por la agencia federal antidrogas DEA.

La reticencia a los intercambios precede al gobierno del presidente Joe Biden y algunos de los acuerdos que las familias quieren no ganaron impulso bajo el expresidente Donald Trump. Aun así, existe un precedente para un arreglo que sirva un propósito diplomático.

El gobierno de Trump, considerado más dispuesto a ignorar las convenciones en casos de rehenes, trajo de regreso al país en 2020 al veterano de la Armada Michael White mediante un acuerdo que libró a un médico iraní-estadounidense enjuiciado por el Departamento de Justicia más años en prisión y le permitió regresar a Irán. Incluso antes de eso, el gobierno de Barack Obama perdonó o retiró cargos contra siete iraníes en un intercambio de prisioneros vinculado con el acuerdo nuclear con Teherán. Tres cubanos prisioneros fueron devueltos a su país en 2014 cuando La Habana excarceló al estadounidense Alan Gross luego de cinco años.

Hay unos 60 estadounidenses retenidos como rehenes o encarcelados injustamente, una definición que cubre a norteamericanos considerados inocentes o prisioneros con el propósito de obtener concesiones de Washington.

Las familias de al menos algunos de ellos ven oportunidades para lograr acuerdos.

El Talibán, cuya red Haqqani se piensa tiene como rehén al veterano de la Armada Mark Frerichs, le ha dicho a Estados Unidos que quiere la libertad del caudillo del narcotráfico Bashir Noorzai.

Rusia tiene en su poder al marine Trevor Reed, sentenciado a nueve años en prisión por cargos de agredir a policías en Moscú y al ejecutivo empresarial Paul Whelan, condenado por cargos de espionaje. Los funcionarios del Kremlin han mencionado en varias ocasiones los nombres de ciudadanos rusos que quieren a cambio, incluso el traficante internacional de armas Viktor Brout y el narcotraficante Konstantín Yaroshenko, ambos prisioneros en Estados Unidos. Estados Unidos considera a Whelan y Reed como detenidos arbitrariamente.

Nueve estadunidenses, incluso Heath y los llamados “6 de Citgo”, están detenidos en Venezuela en un momento en el que Estados Unidos tiene a dos sobrinos de la primera dama venezolana detenidos por cargos de drogas.

Algunos familiares de rehenes y detenidos dicen que se sienten alentados por el acceso que han tenido a altos funcionarios del gobierno, incluso el secretario de Estado Antony Blinken y Sullivan, pero la resistencia a un intercambio persiste.

Charlene Cakora, la hermana de Frerichs, se reunió en agosto con funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Afirmó que se le dijo que Noorzai, un narcotraficante convicto afgano, era una “mala persona”. Dijo en una entrevista que, si el gobierno “no hace un intercambio por mi hermano, entonces quiero saber que otras ideas se consideran”.

Paula y Joey Reed, los padres de Trevor, dicen que funcionarios estadounidenses les han dicho que ellos buscarían lo mismo si estuvieran en su lugar, pero aunque la pareja ha llamado a funcionarios del Departamento de Justicia durante reuniones a buscar un acuerdo ya, los funcionarios le han dicho solamente que “lo están considerando todo”, dijo Paula Reed.

“Ellos no dijeron: ‘Oh, estamos de acuerdo con ustedes, es una gran idea’. No dijeron nada así. Solamente dijeron: ‘Los entendemos. Muchas gracias’”, dijo. “No dieron indicios en ningún sentido”.

Elizabeth Whelan, la hermana de Paul, dice que se siente agradecida por la atención del gobierno. Dice que no está completamente segura de lo que quiere Rusia con su hermano y dijo que sus demandas y las de otros países le parecen “tontas” y “excesivas”.

“Pero”, añade, “siento que mi hermano vale cualquier cosa que ellos pidan”.

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El periodista de The Associated Press Joshua Goodman en Miami contribuyó para este reportaje.