Expertos: nuevos obstáculos a la justicia en caso Ayotzinapa

El grupo de expertos internacionales que investiga la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México en 2014 denunció “obstáculos” a la justicia por parte del fiscal general de la República aparentemente debido a la urgencia por mostrar resultados y frenos a la investigación desde principios de este año.

Estos problemas coincidieron con nuevas evidencias que involucran a altas instancias del Estado y al Ejército en las desapariciones y que apuntan a una “relación cercana” de militares con miembros del crimen organizado, subrayaron los investigadores.

En conferencia de prensa, los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que llevan trabajando en el caso desde 2015 dijeron que la retirada de las últimas órdenes de captura a 21 personas, entre ellas 16 militares, no se debió a razones vinculadas a la investigación y no se ajustan “a un estado de derecho”, indicó la guatemalteca Claudia Paz, una de las integrantes del equipo.

El grupo también subrayó que todavía hay información de inteligencia militar que les está siendo negada, aunque reconocieron que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó que las fuerzas armadas les dieran acceso a todos los archivos.

Entre otros problemas surgidos desde la fiscalía federal, destacaron el bloqueo de la unidad especializada dirigida por el fiscal Omar Gómez Trejo, que renunció esta semana y la urgencia en la judicialización de los casos que podrían poner en peligro que actuales procesados pudieran no ser condenados, como el ex procurador Jesús Murillo Karam.

También mostraron su preocupación por lo que parece un mayor interés de esta administración en las detenciones que en la sentencia.

Los expertos, cuyo mandato de trabajo concluye el viernes, pidieron prorrogar su mandato para seguir con la investigación, algo que el gobierno de México apoya, según dijeron, y subrayaron la importancia de que se reviertan las condiciones que han bloqueado el trabajo de la unidad especializada porque —aseguran— se debe garantizar la autonomía e independencia de los fiscales.

“Cuando se toca la justicia se hace un gran daño al país”, dijo la experta Angela Buitrago.