EEUU se prepara para una frontera sur más ajetreada

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer el martes un plan para hacer frente al aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera sur del país que se prevé que ocurra cuando se levante una orden de salud pública que ha impedido que la gente solicite asilo.

Un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, esboza un plan más robusto para hacer cumplir la ley de inmigración de Estados Unidos sin el uso del Título 42, el cual fue invocado al comienzo de la pandemia en marzo de 2020.

“Cuando se levante la orden de salud pública del Título 42, prevemos que los niveles de migración aumentarán, ya que los contrabandistas tratarán de aprovecharse y obtener ganancias con los migrantes vulnerables”, advierte Mayorkas en el memorando difundido un día antes de que comparezca ante el Congreso sobre un tema que se ha convertido en un potente elemento del mensaje político de los republicanos.

El plan incluye el aumento de personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y de otras agencias federales que trabajan en la región fronteriza, la ampliación de la capacidad de detención con el uso de instalaciones temporales y el despliegue agresivo de un proceso conocido como expulsión acelerada para deportar a los migrantes que no califican para el asilo o algún otro alivio bajo la ley de Estados Unidos.

También se apoya en las nuevas iniciativas del Departamento de Seguridad Nacional diseñadas para agilizar la evaluación de las solicitudes de los migrantes, como el despliegue de funcionarios de asilo en la frontera para ayudar a determinar si se debe conceder a alguien la residencia legal temporal hasta que un tribunal de inmigración se pronuncie sobre su caso.

No se menciona el hecho de que un tribunal podría ordenar pronto al gobierno que dé marcha atrás y detenga los planes de levantar el Título 42 el 23 de mayo debido a las demandas presentadas por algunos estados gobernados por republicanos.

El lunes, un juez federal de Luisiana dijo que emitiría una orden para limitar la capacidad de preparación del gobierno federal, pero dejó los detalles del acuerdo al gobierno federal y a los estados.

El juez de distrito Robert Summerhays, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, tiene programada una audiencia para el 13 de mayo en la demanda entablada por Luisiana y otros 20 estados que buscan mantener el Título 42 en vigor. Legisladores republicanos y algunos demócratas también han pedido al gobierno de Biden que mantenga vigente la orden.

Los migrantes han sido expulsados más de 1,8 millones de veces con el uso de esa norma, que fue emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades durante el gobierno de Trump.

Los defensores de los solicitantes de asilo respaldan el retiro de la norma, la cual, señalan, pone en peligro a la gente que huye de la persecución en su país y viola el derecho a solicitar protección, el cual está consagrado en la ley estadounidense y en los tratados internacionales. Los estados que desafían al gobierno afirman que Estados Unidos no está preparado para una probable afluencia de inmigrantes como consecuencia del fin de la norma, lo que pondría presión a los servicios públicos.

La controversia se produce en medio de lo que el gobierno federal reconoce que son cifras históricas de migrantes que tratan de cruzar la frontera debido a factores que incluyen crisis económicas y políticas en Latinoamérica, así como una acumulación de personas que buscan solicitar asilo.

El aumento en las detenciones de migrantes también se debe en parte al Título 42.

Las autoridades de inmigración detuvieron a migrantes 221.303 veces a lo largo de la frontera suroeste de la nación en marzo, un aumento del 33% respecto a lo registrado el mes anterior, de acuerdo con datos de la CBP.

Pero muchas de esas detenciones fueron de personas que regresaron al país luego de haber sido expulsadas con base en la autoridad de salud pública. La CBP dijo que el número de individuos detenidos a nivel nacional en marzo llegó a 159.900, todavía alto, pero significativamente por debajo del total.

Funcionarios del gobierno de Biden argumentaron que el uso de la expulsión expedita es más bien un elemento disuasorio porque las personas sometidas a ella son inadmisibles durante cinco años y pueden ser acusadas de un delito grave si intentan regresar al país. Bajo el Título 42, no hay consecuencias legales y muchas personas simplemente se dan la vuelta y regresan.