EEUU pide a jueza rechazar recurso de expresidente peruano
El gobierno de Estados Unidos pide a una jueza de California que rechace el pedido de habeas corpus que presentó el expresidente Alejandro Toledo en busca de frenar su extradición a Perú, donde es requerido por acusaciones de corrupción relacionadas con la compañía Odebrecht
El gobierno de Estados Unidos le pidió a una jueza de California que rechace el pedido de habeas corpus que presentó el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) en busca de frenar su extradición a Perú, donde es requerido por acusaciones de corrupción relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht.
El habeas corpus es una petición para que la persona bajo arresto pueda ser llevada ante un juez o una corte.
“Toledo ahora busca volver a litigar tres argumentos que la corte de extradición ya consideró cuidadosamente y rechazó”, expresó la fiscal Stephanie Hinds en un documento de 50 páginas que firmó junto a otros colegas. “Estos argumentos tienen menos mérito aún que antes”, consideró.
En su pedido de habeas corpus del 28 de octubre, el último de los recursos que interpuso el expresidente para poner en tela de juicio su extradición, Toledo alega que fue detenido ilegalmente y que Perú nunca lo ha acusado formalmente de ningún delito. Según el expresidente, las autoridades peruanas se quedaron en la fase preliminar de la investigación del caso. Además, alega, el acuerdo vigente entre Estados Unidos y Perú prohíbe la extradición de personas que no han sido acusadas formalmente.
Toledo asegura que Perú tampoco ha presentando una Orden de Enjuiciamiento, otro de los documentos requeridos para la extradición. En el hábeas corpus sus abogados aseguran que el expresidente es inocente y que no fue él quien aceptó sobornos de la compañía brasileña Odebrecht sino el fallecido ciudadano israelí Josef Maiman, quien habría recibido el dinero actuando falsamente en nombre de Toledo.
Odebrecht admitió a fines de diciembre de 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.