EEUU: AP pregunta a gobierno sobre periodistas investigados

The Associated Press solicitó respuestas el lunes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre el uso de bases de datos gubernamentales con el fin de investigar a unos 20 periodistas estadounidenses, incluyendo una destacada reportera de la AP, a pesar de que fueron creadas para rastrear a terroristas internacionales.

En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas titular del DHS —siglas en inglés del departamento_, la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, instó a la agencia a explicar por qué el nombre de la periodista de investigación Martha Mendoza, ganadora del premio Pulitzer, fue buscado en las bases de datos y se le identificó como posible informante confidencial durante el gobierno del expresidente Donald Trump, como detalla un reporte del inspector general de Seguridad Nacional.

“Este es un ejemplo flagrante de una agencia federal que utiliza su poder para examinar los contactos de los periodistas”, escribió Pace. “Si bien las acciones detalladas en el informe del inspector general ocurrieron bajo una administración anterior, las prácticas fueron descritas como rutinarias”.

La investigación del DHS a periodistas estadounidenses, así como a personal y quizás miembros del Congreso —informada por Yahoo News y la AP el sábado_, es al parecer el más reciente ejemplo de una agencia creada a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 que utiliza sus vastas capacidades para monitorear a ciudadanos estadounidenses.

El DHS se granjeó críticas del Congreso y de otros en julio de 2020 cuando emplazó a agentes no identificados o poco identificados en uniformes de estilo militar para retirar a gente de las calles de Portland, Oregon, y meterla a automóviles sin letreros durante protestas frente al tribunal federal en la ciudad.

Esta última revelación impulsó al senador Ron Wyden a pedirle al departamento que entregue inmediatamente el informe del inspector general al Congreso.

“Si varias agencias gubernamentales estaban al tanto de esta conducta y no actuaron para detenerla, es necesario que haya consecuencias graves para cada funcionario involucrado, y los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional deben explicar qué acciones están tomando para prevenir esta conducta inaceptable en el futuro”, dijo el demócrata Wyden, que durante mucho tiempo ha intentado que haya mayor supervisión de la vigilancia realizada por el gobierno.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó en un comunicado el fin de semana que sus prácticas de verificación e investigación están “reguladas estrictamente” y que la agencia no investiga si carece de un fundamento legítimo y legal para hacerlo.

Mayorkas y el DHS no han respondido a la carta de Pace, la cual pide “garantías de que estas prácticas indebidas y el aparente abuso de poder no seguirán adelante”.

Durante el gobierno del presidente Barack Obama, investigadores federales confiscaron en secreto los registros telefónicos de algunos reporteros y editores de la AP. Esas incautaciones involucraron líneas de oficina y domiciliarias, así como teléfonos celulares.