Desaparecidos en México: impunidad marca lucha de una madre

“Al principio no podía ni decir el nombre de Roy sin llorar. Ahora ya no me salen las lágrimas tan fácil”.

Es la voz de Leticia Hidalgo, quien durante más de diez años ha buscado a su hijo Roy Rivera Hidalgo, desaparecido desde el 11 de enero de 2011 en el estado de Nuevo León al noreste de México, cuando hombres vestidos de policía lo sacaron de su casa.

México ha padecido por años la desaparición de miles de personas, más de 92.000 desde 1964 según el gobierno, pero el de Roy es uno de los apenas tres casos en México calificados por la ONU como ejemplos de desaparición forzada, es decir, que detrás de todo estuvieron agentes estatales o personas con el respaldo de las autoridades.

Leticia ha recorrido territorios remotos del noreste mexicano, oficinas de fiscales estatales y federales y dialogado con militares en busca de alguna pista sobre el paradero de su hijo, quien tenía 18 años cuando lo sacaron de su casa en la municipalidad de San Nicolás, en el área metropolitana de Monterrey la segunda mayor ciudad del país.

Además, Leticia pasó de sólo buscar a su hijo a convertirse en una de las principales activistas contra las desapariciones y fundó una de las asociaciones más reconocidas en el área, la llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), que presiona a las autoridades para que investiguen los distintos casos.

Nuevo León es un estado fronterizo con Texas que ha padecido diversos momentos de violencia en los últimos años y también se ha visto marcado por las desapariciones.

Este año, en mayo, la FUNDENL hizo público que había un repunte de desapariciones reportadas en un tramo carretero que conecta a la industrial Monterrey con la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, colindante con Nuevo León. Gracias a esa denuncia, las autoridades reconocieron la situación y anunciaron una investigación.

Hace un mes entró un nuevo gobierno en Nuevo León y Leticia volvió a recibir las mismas promesas de que buscarán a su hijo. Ella no suena convencida y platicó recientemente con The Associated Press sobre su caso y la situación actual de las desapariciones. Dice que que la indiferencia mostrada por las autoridades para perseguir este delito es una constante no sólo en su estado, sino en el país.

“Es una tragedia humanitaria nacional, con más de 90.000 personas desaparecidas triplica las desapariciones en la dictadura de Argentina", dice. "Realmente no creo que hay algo que indique que va a haber un cambio. Lo único que hay es lo que hagamos nosotras, las víctimas. Lo que queda es la organización civil”..

Desde la desaparición de Roy en 2011, ella había desconfiado de la capacidad de las autoridades para investigar el caso porque junto con su familia sospechaba que quienes se llevaron a su hijo habían actuado en complicidad con las autoridades del estado. “Teníamos terror de denunciar, no miedo, terror”, recuerda.

En aquel momento, sin embargo, se atrevió a ir con los militares. En esa época, en medio de denuncias de corrupción de autoridades locales, el gobierno federal invitaba a la ciudadanía a denunciar los delitos directamente con el Ejército que había sido desplegado a las calles desde finales de 2006 como parte de una inédita ofensiva del gobierno para combatir a los cárteles de la drogas. No obstante, su caso no se resolvió.

La falta de resultados de las autoridades mexicanas en torno a la desaparición de Roy atrajo la atención del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en marzo pasado calificó el caso como una “desaparición forzada”. La resolución del comité, a través de la cual hizo un llamado al gobierno mexicano a “rendir cuentas” sobre la desaparición de Roy, convirtió el caso del joven en el tercero en ser categorizado por el organismo como “desaparición forzada” en todo México y el primero en Nuevo León, según refirió a la AP la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONUDH).

Tras la resolución del organismo de la ONU, la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció a Leticia presentar un plan de búsqueda que sería coordinado entre distintas agencias de gobierno. Para dárselo a conocer, la FGR la convocó a una reunión ocurrida el 7 de septiembre en las oficinas de la FGR en Nuevo León. Hubo un encuentro, pero no un plan, asegura Leticia. “No fueron los agentes a la cita por cuestiones administrativas", recuerda. "Nos hicieron perder el tiempo, fue totalmente irrespetuoso, indignante, que a 10 años nos hagan esto”.

Desde el despliegue inédito de militares para combatir el crimen organizado en 2006, la violencia se incrementó en diversas zonas del país, con el consiguiente aumento de homicidios y desapariciones. Fue a partir de ese año que las desapariciones incrementaron y desde entonces suman unas 88.000.

En octubre, en una comparecencia ante senadores mexicanos, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), reconoció que existe una crisis y dijo que en México sólo se han emitido 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada. “Es la crisis en materia de justicia, más del 98% de los casos están en impunidad, y es mucho más alto incluso en materia de desaparición”, dijo ante legisladores.

Consultado por separado, Javier Yankelevich, director de Operaciones de Búsqueda de la CNB, dijo a la AP que las resoluciones de la ONU sobre desaparición forzada no se traducen en el inicio de procesos penales en los países, en este caso en México. Añadió que las 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada de las que la CNB tiene registro en México, están relacionadas con 57 víctimas de este delito. Sin embargo, añadió que los acusados aún pueden apelar las sentencias.

Por la desaparición de Roy Rivera nadie ha sido sentenciado.

Leticia cuenta que al denunciar los hechos por primera vez en la sede de la Séptima Zona Militar, un oficial del Ejército que recibió el reporte le dijo que otras familias habían acudido en esas fechas a denunciar casos similares al de su hijo. Aunque se organizaron operativos de búsqueda después de que proporcionó el número del celular de Roy a los militares y otros datos, éstos no lograron establecer el paradero del joven.

Tras varios meses de espera y sin respuestas concretas por parte de los militares, Leticia decidió terminar con su carrera como profesora y optó acudir ante fiscales y denunciar nuevamente lo ocurrido. Aunque también fueron organizados operativos en la ciudad, los fiscales a cargo de las pesquisas en la mayoría de las ocasiones no reportaban ningún avance ni daban seguimiento al caso y hasta ahora tampoco han establecido dónde está Roy.

“Ha habido un desinterés en investigar, en hacer su trabajo, nadie te hace caso, no investigan, nunca saben nada, nunca ha habido algo sustancial”, asegura Leticia.

A partir del acercamiento con personal militar y durante su recorridos por oficinas de gobierno, comenzó a adquirir conocimientos que ella no esperaba. Aprendió sobre la utilización de mecanismos de búsqueda como sistemas de geolocalización de teléfonos celulares, arqueología forense y del despliegue de drones en operativos. Además comenzó a tejer una red de contactos con otros familiares de personas desaparecidas, principalmente del noreste del país, en donde se han reportado miles de estos casos en los últimos años.

Más allá de su trabajo en la FUNDENL, que fundó en 2012 y ahora asesora a unas 400 familias que también buscan a sus seres queridos desaparecidos, Leticia dice que aún espera respuestas sobre el caso de su hijo. “Lo que me interesa es que busquen a Roy y que lo encuentren, es lo que quiero que hagan”.