Desalojos comienzan a aumentar en EEUU

Poco después de perder un empleo como camionero, Freddie Davis recibió otro golpe: su casero en Miami aumentó casi al doble el alquiler de su apartamento.

Davis se preparó para lo que temía: lo desalojaron en setiembre, apenas un mes después de que caducó una moratoria federal sobre los desalojos. Ahora está viviendo en un hotel, ayudado por una organización sin fines de lucro que ayuda a desamparados.

Davis, de 51 años, busca desesperadamente otro apartamento. Pero le resulta imposible con su cheque mensual de 1.000 dólares por discapacidad.

“Vivimos en Estados Unidos y lo cierto es que las personas como yo terminamos en la calle si no tenemos otro sitio a donde ir porque no podemos para el alquiler”, dijo Davis, que perdió una pierna por la diabetes, sufre problemas cardíacos y se está recuperando de numerosas heridas en su otra pierna. “Realmente no puedo hacer nada”.

La moratoria federal, junto con una mezcla de suspensiones estatales y federales, ayudaron a mantener a Davis y millones más a en sus viviendas y previnieron una mayor diseminación del coronavirus.

Hubo una breve pausa en los desalojos después que caducó la moratoria. Pero los activistas del derecho a la vivienda dicen que los desalojos aumentan en muchas partes del país, aunque los números siguen por debajo de los niveles prepandemia, debido a la infusión de asistencia federal para el alquiler y otra ayuda similar, como la ampliación de los pagos de créditos fiscales por hijo, que también va a caducar.

Parte del incremento se debe a que los tribunales están reduciendo el retraso de casos de desalojos. Pero los activistas dicen además que el aumento muestra los límites de la asistencia federal en lugares en los que la distribución sigue lenta y las protecciones a los inquilinos son débiles. El incremento en los precios de las viviendas en algunos mercados también es un factor.

De acuerdo con datos recientes del Eviction Lab en la Universidad de Princeton, los desalojos han estado aumentando en la mayoría de las 31 ciudades y seis estados en los que recolecta datos. Los desalojos en septiembre aumentaron 10,4% respecto a agosto. Los números en octubre estuvieron 38% sobre los de agosto y 25% sobre septiembre. Las solicitudes cayeron 7% de octubre a noviembre y ahora están 48% por debajo de los niveles prepandemia.

Entre los lugares donde los desalojos están regresando a lo normal están Connecticut además de Houston, Indianápolis, Cincinnati y Columbus, Ohio, de acuerdo con el Eviction Lab. Florida también ha registrado un aumento significativo, con las solicitudes regresando a los niveles prepandemia.

“Hubo una serie de comentarios iniciales cuando la moratoria acabó y el tono era que … no hubo un tsunami así que no hay una crisis de desalojos”, dijo Ben Martin, investigador en Texas Housers, un grupo sin fines de lucro centrado en problemas de vivienda.

“Esa narrativa inicial fue engañosa. Lo que vemos es un reflejo de la realidad, que es que los desalojos toman tiempo para ser procesados en las cortes”.

Una de las inquietudes es que algunos caseros que recibieron asistencia federal están desalojando a inquilinos. Un sondeo de casi 120 abogados en todo el país del National Housing Law Project concluyó que 86% habían visto caso así. Vieron además un aumento de las instancias en las que los caseros mienten en las cortes para desalojar a inquilinos y dejarlos fuera ilegalmente.

“En muchos estados, las leyes son anticuadas y están diseñadas para favorecer a los caseros”, dijo Shamus Roller, director ejecutivo del National Housing Law Project. “En lugar de juzgar los casos, las cortes funcionan como cintas transportadoras, moviendo a inquilinos hacia el desalojo”.

Entre quienes dicen que fueron desalojados ilegalmente está Faye Moore. La mujer de 72 años regresó a su casa del trabajo en octubre y se encontró sus pertenencias regadas en la calle.

Retrasada miles de dólares en el alquiler de su vivienda de dos dormitorios en un suburbio de Atlanta, Moore pensó que tendría la oportunidad de presentar sus argumentos ante un juez, incluyendo como la administración se negó a aceptar sus pagos de alquiler durante meses y que ella no recibió aviso antes de ser desalojada.

“Estoy desesperada. La casa estaba llena de muebles, de todo”, dijo Moore, una terapeuta de salud mental returada que ahora está viviendo con su compañero de 61 años, Garry Betared, en un hotel. “Fue como si una tormenta hubiese llegado y devastado todo. No puedo encontrar documentos importantes ni nada”.

Cicely Murray, asesor de viviendas de la Neighborhood Assistance Corporation of America que está trabajando con Moore, se molestó especialmente por el hecho de que ésta fue desalojada sin una audiencia en la corte y se vio forzada a arreglárselas por su cuenta.

“Me enfurece que alguien haya dejado en la calle a una pareja de ancianos sin tratar de determinar los recursos disponibles”, dijo Murray. “Seguimos en una pandemia … Estás poniendo en situaciones precarias a las personas más frágiles”.

De cara a la Navidad, hay muchos indicios de que los casos de desalojos seguirán aumentando. De acuerdo con el sondeo de vivienda del Buró del Censo, los que dicen que no están confiados en pagar el próximo mes de alquiler aumentaron de 5 millones al final de septiembre a 6,3 millones en los últimos datos.

Los caseros, especialmente los pequeños que tienen solamente un puñado de apartamentos, también han pasado trabajos. Ellos piensan que la moratoria fue ilegal y que los dejó con meses de renta atrasada que pudieran no recuperar nunca. Otros se vieron forzados a despedir a personal de mantenimiento o vender unidades mientras esperaban una asistencia federal que se demoró en llegar.

Algunas localidades se han rezagado en la distribución de su parte de los 46.500 millones de dólares en asistencia federal al alquiler. De acuerdo con un reporte de la National Low Income Housing Coalition, 28% de los beneficiarios gastarin menos de 30% de su primer paquete de fondos y se arriesgan a perderlos.

Entre ellos está Nebraska, que se había gastado solamente 6% de los fondos hasta el final de septiembre y apenas 7% al final de octubre. Algunos caseros se niegan a participar en el programa, dijo Caitlin Cedfeldt, abogado con Legal Aid de Nebraska, mientras que otros se han cansado de esperar y están comenzando a desalojar. Los inquilinos, algunos de los cuales recibieron ayuda inicial, pero siguen sufriendo dificultades financieras, están siendo notificados de que no pueden solicitar ayuda adicional.

Missouri solamente se gastó 18% de la ayuda hasta el final de septiembre, pero ha mejorado desde entonces.

“Tenemos mucho más que hacer”, dijo la representante demócrata Cori Bush, de San Luis, citando datos que durante la pandemia “han cobrado vidas”.

Hay algunos estados y gobiernos locales que “sienten: ‘no queremos este dinero. No queremos esta ayuda federal’”, dijo. “Y tenemos algunos caseros que dicen que n quieren el dinero. Eso dificulta que los fondos sean entregados”.

Gene Sperling, que está a cargo de supervisar la implementación del paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares por el coronavirus del presidente Joe Biden, dijo que era inevitable algún incremento de los desalojos una vez acabase la moratoria. “Pero afortunadamente como el programa de Asistencia de Emergencia al Alquiler está pagando ahora el alquiler retrasado de unos 500.000 inquilinos cada mes, el tsunami de desalojos que temían los expertos no ha ocurrido”, dijo.

En el lado opuesto están las ciudades y estados que se están quedando sin la asistencia. El Departamento del Tesoro espera que hasta 30.000 millones de dólares — dos terceras partes del dinero — habrán sido usados o asignados para el final del año. De acuerdo con la ley, el Departamento del Tesoro deberá reasignar los fondos de los sitios que no los están gastando en personas necesitadas.

Texas ha dejado de aceptar nuevas solicitudes porque ha asignado todos sus fondos, aunque continúa procesando solicitudes recibidas antes del plazo. Oregon ha dejado de aceptar por ahora nuevas solicitudes.

El estado de Nueva York se ha gastado o comprometido casi todos sus fondos, al igual que la ciudad de Filadelfia. California pronto agotará sus fondos, mientras que Atlanta ha cerrado su programa a nuevos solicitantes. Austin, Texas, también dejó de aceptar solicitudes.

“Es especialmente preocupante que varios de esos programas están siendo cerrados ahora debido a que los fondos han sido gastados o asignados”, dijo Peter Hepburn, investigador para el Eviction Lab.

“Si el financiamiento es retirado, los caseros tendrán menos incentivo para trabajar con los inquilinos”.

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Los periodistas de la Associated Press Adriana Gomez en Miami y Jim Salter en O’Fallon, Missouri, contribuyeron.