Creyentes de teorías conspirativas contra elecciones en EEUU

Incitados por teorías de conspiración sobre la elección presidencial de 2020, activistas en todo Estados Unidos están usando leyes que permiten que la gente cuestione el derecho de una persona a votar a fin de objetar el registro de miles de votantes a la vez.

En Iowa, el auditor del condado de Linn Joel Miller tuvo que lidiar con tres objeciones similares en los 15 años previos. Miller recibió 119 en apenas dos días, luego de que Doug Frank, un activista de Ohio que está recorriendo el país para diseminar dudas sobre la elección del 2020, pasó por el estado.

En el norte de Florida, en el condado de Nassau, dos residentes impugnaron las inscripciones de casi 2.000 votantes apenas seis días antes de las primarias del mes pasado. En Georgia, los activistas están presentando montañas de objeciones en los condados mayoritariamente demócratas que forman el área metropolitana de Atlanta, incluso más de 3.500 en un condado el mes pasado.

Los funcionarios electorales dicen que la vasta mayoría de las objeciones serán irrelevantes, porque disputan la presencia en las listas de votantes de personas en el proceso de ser retiradas porque se mudaron fuera de la región. Aun así, crean potencialmente centenares de horas adicionales de trabajo en momentos en que las oficinas electorales se preparan para la elección de noviembre.

“En el mejor de los casos, abruman a los funcionarios electorales de cara a una elección y en el peor de los casos obligar a sacar del padrón de electoras a personas que no deberían serlo”, lamentó Sean Morales-Doyle, del Brennan Center for Justice, una organización que ha monitoreado el aumento de tales impugnaciones.

Las personas que defienden las mentiras del expresidente Donald Trump están inundando las oficinas electorales en todo el país con pedidos de documentos públicos y amenazas de litigio, creando una sobrecarga de trabajo para los funcionarios electorales en momentos en que las oficinas se preparan para los comicios legislativos de noviembre.

“Nos hace desperdiciar tiempo, porque tenemos que consultar con los abogados del condado sobre la respuesta apropiada”, expresó Rachel Rodriguez, supervisora electoral del condado de Dane, en Wisconsin, que incluye a Madison, la capital del estado.

Ella recibió hace dos semanas correos electrónicos duplicados que demandaban documentos públicos: “Toma tiempo valioso que no tenemos como funcionarios electorales cuando estamos tratando de prepararnos para la elección de noviembre”.

Michael Henrici, el comisionado demócrata para las elecciones en el condado de Otsego, en el estado de Nueva York, recibió la semana pasada un correo electrónico de una sola línea que advertía de un litigio no especifico sobre la “integridad lectoral”, seguido por una queja de que él no había respondido.

“No son personas con quejas específicas”, agregó Henrici. “Están recibiendo un formulario de carta del podcast de alguien y algunas veces únicamente están llenando los espacios en blanco”.

Numerosas investigaciones y revisiones, incluso una por parte del Departamento de Justicia de la era de Trump, concluyeron que no hubo fraude significativo en la elección presidencial de 2020 y las cortes rechazaron decenas de demandas presentadas por Trump y sus aliados, pero Trump ha seguido insistiendo en que hubo un supuesto fraude generalizado que le costó la reelección. Eso ha inspirado a legiones de partidarios a convertirse en una especie de detectives electorales improvisados en todo el país, que cuestionan a los funcionarios electorales cada vez que pueden.

En el condado de Linn —en el estado de Iowa y que incluye la ciudad de Cedar Rapids— Miller dijo que él y los auditores que supervisan las elecciones en los otros 98 condados se han visto inundados con pedidos de documentos públicos y cuestionamientos de votantes.

“La avalancha se produjo en un período de dos semanas”, dijo Miller, después de la gira de Frank, quien usa proyecciones matemáticas para afirmar que una vasta conspiración le robó la elección a Trump y que está “sucediendo entre los auditores en todo el estado”.