Corte Suprema de EEUU desestima caso de inmigración

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró el miércoles que se equivocó al inmiscuirse en una disputa en torno a una norma migratoria aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que el gobierno actual ha anulado, por lo cual el máximo tribunal desestimó el asunto.

El máximo tribunal del país había dicho que se involucraría en el asunto de si varios estados con gobiernos republicanos, encabezados por Arizona, podían asumir la defensa legal de la norma según la cual se le debe negar asistencia económica y otros beneficios a inmigrantes, a los que considera una “carga pública”.

La Corte Suprema escuchó argumentos en febrero y parecía estar a punto de emitir un fallo, pero el miércoles divulgó una opinión sin firma y de apenas una oración diciendo que desestimaba el caso. Ello deja intacto el fallo de una instancia menor a favor del gobierno del presidente Joe Biden, de que los estados no tenían derecho a intervenir.

El presidente del tribunal, John Roberts, escribió un anexo diciendo que coincidía con la decisión de no escuchar el caso, pues contiene “una gran cantidad de asuntos ajenos” a la Corte Suprema.

“Queda claro que este avispero podría impedir” una determinación en el caso “o por lo menos, complicaría nuestra resolución de ese tema”, escribió el magistrado.

A Roberts se sumaron otros tres jueces de la mayoría conservadora del tribunal: Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch. Gorsuch fue designado al tribunal por Trump. Los otros dos magistrados designados por el anterior presidente —Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— no se expresaron al respecto.

El meollo del caso es una ley federal según la cual un inmigrante que resulte ser una “carga pública” no puede recibir la residencia permanente en Estados Unidos. La administración Trump amplió significativamente la definición de ese término para incluir a quienes reciban varios tipos de beneficios, incluyendo cupones de alimentos o Medicaid, el programa de asistencia financiera para los pobres. Ello llevó a demandas en los tribunales, pero la Corte Suprema permitió mantener la política mientras los litigios seguían su curso.

La administración Biden revocó la norma y ha instalado nuevas directrices. El gobierno actual señala que bajo la presidencia de Trump se le negaron beneficios a solo tres personas, cuyas solicitudes fueron luego reevaluadas y aprobadas.

Grupos que defienden a los migrantes dicen que la norma había asustado a los inmigrantes, llevándolos a rechazar las prestaciones públicas ante el temor de que éstas les obstaculizaran sus procesos para obtener la residencia permanente.