Corte de Pensilvania rechaza demanda sobre abuso sexual

La Corte Suprema de Pensilvania desechó la demanda de una mujer que acusó a un sacerdote de abusarla sexualmente asestando un golpe a las víctimas de ese tipo de excesos.

La decisión de 5 votos a favor y 2 en contra pone fin al intento de Renee Rice de obtener compensación de parte de la Diócesis de Altoona-Johnstown, a la que acusó de encubrir los abusos que, según dijo, sufrió a manos de un cura en los años setenta.

Rice presentó la demanda en el 2016, pero la mayoría de los magistrados determinaron que eso superaba el límite de tiempo para presentar ese tipo de querellas según las leyes de Pensilvania.

Otro tribunal falló en el 2019 que había suficientes evidencias para dejar que un jurado decida si se le impidió a Rice enterarse del presunto encubrimiento.

De niña, se le encargó a Rice la limpieza de los aposentos del cura Charles F. Bodziak, organista de la iglesia y a quien ella acusa de abusos. Bodziak rechaza las acusaciones.

La Corte Suprema de Pensilvania determinó que el lapso máximo de dos años para presentar ese tipo de denuncias comenzó la fecha del último supuesto abuso, que habría ocurrido en 1981, aunque pudo haber vencido en 1987, cuando ella cumplió los 20 años de edad. Rice no presentó su demanda hasta el 2016, cuando un jurado investigador emitió un reporte con sus conclusiones sobre la investigación a la diócesis.

“No necesitamos resolver el tema ya que queda claro que el límite de tiempo expiró hace décadas”, escribió la magistrada Christine Donohue en representación de la mayoría.

“Decidir si un tribunal acepta demandas basadas en conductas ocurridas hace mucho tiempo es un ejercicio en la fijación de límites que incluye decisiones políticas difíciles” y los tribunales “no están facultados para tomar ese tipo de decisiones”, determinó Donohue.

El abogado de Rice reconoció que la decisión del tribunal pone punto final a la demanda.

“Una vez que un niño es abusado por un sacerdote, tendrá que saber si debió haber sospechado y debió haber investigado si la diócesis estaba o no al tanto de dicha conducta, si la había ocultado, si la había ocultado ante la parroquia incluyendo al demandante mismo”, declaró el abogado. Alan Perer.