Civiles disparando contra manifestantes alarman a Colombia

El grave panorama de violencia en medio de las protestas antigubernamentales en Colombia escaló el 28 de mayo cuando las cámaras de periodistas locales registraron a un grupo de civiles disparando hacia los manifestantes acompañados de policías en el sur de Cali, la tercera ciudad de Colombia y la más afectada durante un mes de estallido social.

Ese día, cuando se cumplía el primer mes de las protestas, se registraron 13 muertos en hechos aún por esclarecer, según confirmó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró a The Associated Press que “hemos corroborado vídeos y entrevistado a testigos que indican que en Cali hombres armados vestidos de civil han disparado contra manifestantes ante la plena inacción de miembros de la Policía”.

La Justicia Penal Militar vinculó en una investigación a siete miembros de la policía por el “presunto delito de prevaricato por omisión”, es decir el incumplimiento de sus funciones, después de recaudar “material probatorio y evidencia física”, según informó el sábado en un comunicado.

En una pesquisa aparte, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) creó un equipo especial que busca identificar y judicializar tanto a los policías como a los civiles que dispararon.

“Lamentablemente en este lugar y en ese mismo momento se encontraban varios funcionarios de la fuerza pública, los cuales omitieron su deber de evitar que sus hechos sucedieran y de capturar a estas personas que habían realizado esta actividad”, aseguró el mayor general Fernando Murillo, director de la DIJIN, el 29 de mayo en un comunicado.

La Procuraduría -encargada de investigar disciplinariamente a funcionarios públicos- indicó a la AP a través de su oficina de prensa que abrió una investigación a un policía por “omisión en su función por civiles que se encontraban disparando” en Cali. En otros 17 casos hay indagaciones por presuntos homicidios y abusos de autoridad en esa ciudad.

En Colombia, el Estado tiene el monopolio de las armas y es el Ejército el que otorga los permisos a civiles que quieren portar un arma legalmente, después de verificar los antecedentes judiciales.

Uno de los civiles armados, identificado como Andrés Escobar, reconoció a través de sus redes sociales que usó un arma “no letal, traumática” para hacer “disparos al aire” el 28 de mayo y así intentar disuadir a un grupo de manifestantes que trataban de quemar una estación policial en Ciudad Jardín, un barrio acomodado de Cali.

Durante las protestas han sido incineradas o vandalizadas 113 de esas estaciones en todo el país.

“Yo no soy ningún paramilitar, por eso tenía la cara limpia (destapada), soy una persona de bien, trabajadora”, dijo Escobar, quien denunció ser víctima de amenazas. “Defender la propiedad privada en mi comuna 22 es normal, para cualquier ser humano, yo era conocedor de que me estaban filmando y que esta situación se podía presentar… Hemos creado un grupo para beneficio de la comuna 22, salimos a defendernos”, agregó.

No se trata del primer episodio. El 9 de mayo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció un caso similar en el sur de Cali. El líder indígena Ermes Pete Vivas relató a la AP que civiles los “atacaron con armas” cuando querían pasar por la zona en sus tradicionales chivas -medios de transporte-.

“Ahí empieza el altercado, la gente se tira de las chivas y empezaron a disparar desde las camionetas de alta gama, la policía los cubría y resultamos con ocho heridos, a uno la bala le pasó por la espalda hacia el pecho”, aseguró.

Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group, expresó a la AP su preocupación “porque eso abre una caja de pandora de toda la historia en Colombia de autodefensas”.

“En cuanto haya más presión sobre la economía corremos el riesgo de que este fenómeno se pueda incrementar si no hay un ejemplo de justicia en contra de las personas que se encuentran disparando contra los manifestantes”, agregó.

Colombia dentro de su largo conflicto armado sufrió el fenómeno del paramilitarismo: grupos de autodefensas creadas para combatir a las guerrillas izquierdistas tomando la justicia por mano propia en ocasiones con complicidad del Estado. Entre 1975 y 2015, los paramilitares fueron responsables de 21.044 asesinatos, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Las denuncias abrieron un viejo debate sobre el uso de las armas, especialmente aquellas no letales de venta libre. Durante las protestas las autoridades han incautado 1.540 armas de fuego y 676 armas neumáticas.

El alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, propuso el 31 de mayo a través de su cuenta de Twitter regular las armas traumáticas, y aseguró que su despacho le ha propuesto al Ministerio de Defensa considerarlas “técnicamente como armas de fuego”.

Algunos congresistas del Centro Democrático, partido de gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), han asegurado que en Cali hubo una defensa legítima.

“Si se van a entrar a mi casa, a quemarla, donde tengo mis hijos, yo tengo el derecho a defenderme. Considero que lo que pasó allí fue una población de un barrio con su legítimo derecho a la defensa”, dijo la senadora María Fernanda Cabal el viernes a Caracol Radio, donde además aseguró que tiene pruebas que demuestran “quién disparaba a quién” que aún no puede revelar porque hace parte de la investigación.

Colombia está bajo el escrutinio internacional por presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará el país el 8 de junio para verificar las denuncias.

El Ministerio de Defensa reporta 46 personas fallecidas: 18 casos estarían relacionados con las protestas y nueve más se encuentran en verificación. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales advierten que la cifra es más elevada.