CIDH finaliza visita a Colombia tras escuchar testimonios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplió el jueves su último día de visita oficial en Colombia, donde verificó las denuncias de abuso policial, violencia de género y desapariciones en el marco de las protestas que iniciaron el 28 de abril contra las reformas del gobierno, la desigualdad y el desempleo y se convirtieron en un estallido social que ha dejado decenas de muertos y más de 2.300 heridos.

La presidenta de la CIDH, comisionada Antonia Urrejola, visitó en Bogotá la exposición fotográfica “Vidas Robadas”, realizada en homenaje a las víctimas fatales de las protestas de 2019, 2020 y 2021 en este país y escuchó a algunos de sus familiares.

”Él activó el arma de fuego, dio seis tiros. Desgraciadamente para mí, impactó a mi hija con uno de esos tiros. Mi hija luchó por su vida y se me murió hace nueve meses”, dijo a la comisionada y a la prensa Nury Enith Rojas, madre de Angie Paola Baquero Rojas, quien murió tras recibir un disparo en cercanías del Comando de Atención Inmediata (CAI) de Aures de la policía el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá.

“Quiero justicia, quiero verdad, quiero saber quién dio la orden para que mataran a esos muchachos”, agregó la madre. La Fiscalía imputó a un policía el delito de homicidio en el caso de Baquero Rojas, pero todavía no hay condena.

La CIDH recibió durante su visita más de un centenar de testimonios de víctimas de violencia, estudiantes, indígenas, sindicatos, periodistas, representantes gremiales y recibió informes gubernamentales y de ONG. Tras el análisis de la información recaudada, la CIDH emitirá una declaración pública con observaciones y recomendaciones para Colombia.

Las protestas se originaron por una impopular reforma tributaria propuesta por el gobierno a finales de abril y posteriormente retirada ante la presión ciudadana. Ahora el gobierno intenta llegar a consensos con la ciudadanía para crear una nueva reforma fiscal.

“Es indispensable en este momento construir consensos de país… tendremos espacios con la juventud, con los más vulnerables y beneficiarios de programas sociales”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el jueves ante la prensa. También aseguró que iniciará una serie de reuniones regionales para discutir la nueva reforma tributaria, la cual priorizará la austeridad en el gasto público y no afectará, como sí lo hacía la anterior, a la clase media ni elevará los impuestos a la renta, las ventas (IVA) y las pensiones.

El gobierno presentará al Congreso el proyecto que deberá ser discutido después del 20 de julio, cuando comienza la nueva legislatura, una vez que finalicen las reuniones presenciales y se analicen los más de 2.000 comentarios que ha recibido de forma virtual.

El déficit fiscal en Colombia alcanzó el 7,8% durante 2020 y el gobierno calcula pérdidas económicas de 11,9 billones por los cientos bloqueos viales derivados de las manifestaciones que han ido menguando. El Ministerio de Defensa informó el jueves que sólo permanecen activos cuatro bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos e insumos en Valle del Cauca, al suroccidente, y Norte de Santander, al nororiente.

El fin de los bloqueos viales se convirtió en la principal condición del gobierno para negociar con el Comité Nacional del Paro, conformado en su mayoría por sindicatos. Sin embargo, dicha posibilidad se diluyó el domingo, cuando el Comité suspendió unilateralmente las negociaciones al denunciar que el gobierno pretendía “dilatar” las conversaciones sin comprometerse a dar garantías para el ejercicio de la protesta.

El Comité se reunía el jueves para determinar la estrategia a seguir, después de 43 días consecutivos de manifestaciones y de solicitarle a la CIDH que le exija al gobierno el “cese de inmediato la violencia policial contra los manifestantes”.

Según Human Rights Watch, la policía sería responsable de la muerte de al menos 20 personas durante las manifestaciones, una cifra superior a la que investigan las autoridades colombianas. La Procuraduría abrió 13 investigaciones a miembros de la policía por homicidio.