Ayotzinapa: Más que un exprocurador mexicano en el banquillo

Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014.

El caso, calificado recientemente por el actual gobierno mexicano como “crimen de Estado”, se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos grados de impunidad, corrupción y violencia. La audiencia contra el exprocurador dejó ver los entresijos de esa realidad.

En ella la fiscalía describió una procuraduría donde se falsificaban documentos para “cuadrar” la versión que convenía, funcionarios que grababan torturas en vídeo —se desconoce con qué fin— y jefes investigadores que manipulaban escenas de los hechos.

Todo, insistió el Ministerio Público, bajo la supervisión de Murillo Karam, a quien acusan de urdir e inventar toda una verdad paralela sobre la desaparición de los jóvenes a través de torturas generalizadas y manipulación de pruebas para acallar el clamor social que había a fines de 2014 por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela de magisterio, la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

La fiscalía mostró cómo Murillo Karam, tal vez pensando que nunca sería llamado a rendir cuentas, informó en una conferencia de prensa de los testimonios de unos detenidos —-que serían clave para su tesis— aunque ellos se veían maltratados y rindieron declaración al día siguiente.

Sus defensores argumentaron que era ilógico pensar que un exprocurador fuera a declarar ante los medios hechos que eran fruto de irregularidades. Pero después pidió no considerar esas conferencias de prensa como prueba, algo que el juez les denegó.

En otro país podría considerarse increíble plantear como tesis oficial la que Murillo Karam calificó de “verdad histórica”: que 43 cuerpos habían sido amontonados por unos criminales en un basurero e incinerados en una inmensa hoguera antes de arrojar sus restos en bolsas en un río. Pero en México, no dejan de aparecer fosas llenas de huesos humanos calcinados que solo se pueden contar por kilos.

El exprocurador, más delgado que cuando estaba en funciones, vestido con chamara y pantalones del beige que identifica a los presos en México, reconoció que pudo haber errores y que algunas cosas se hicieron mal pero insistió en su verdad, la de la gran incineración en el basurero, pese a todo lo escuchado en la audiencia.

Y ante una de las intervenciones de la fiscalía, arremetió contra los expertos internacionales que fueron los primeros en cuestionar su tesis. “Desde hace seis o siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen”, aseguró.

Su versión también se cayó. Aunque tres estudiantes de Ayotzinapa fueron identificados a partir de fragmentos óseos quemados, primero los expertos internacionales y luego la actual fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero. Confirmaron que el crimen no fue solo una acción de policías locales y criminales que pudieron confundir a los estudiantes con integrantes de una banda contraria sino que fue un operativo muy organizado donde participaron también autoridades estatales, federales y militares y, tras el cual, hubo toda una estrategia para ocultar la verdad.

Una cosa que nadie le discute a Murillo Karam es que no se ha podido llegar a una explicación de lo ocurrido con los muchachos —aunque no hay evidencias de que estén vivos— ni sobre el móvil del crimen y aunque la Comisión de la Verdad ha revivido la hipótesis de que pueda estar vinculado al tráfico de heroína que tiene lugar desde esa región a Estados Unidos.

Quedan por cumplirse más de 80 órdenes de captura, 20 de ellas a militares, cuyo papel en el caso sigue siendo un gran enigma. Quedan por entregarse a la justicia bitácoras y archivos de las fuerzas armadas con los que la fiscalía espera contar en los próximos tres meses, el plazo dado por el juez para ampliar la investigación contra Murillo Karam.

En los últimos años decenas de procesados por el caso Ayotzinapa han quedado en libertad porque las numerosas irregularidades procesales y torturas confirmadas invalidaron los procesos.

Vidulfo Rosales, uno de los abogados de los padres de los 43, tuvo palabras esperanzadoras al acabar la audiencia y dijo que “el mensaje que da el juez es que todo aquel funcionario que comete irregularidades pues hay una consecuencia jurídica”.

Pero no está claro si esta administración, como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará dispuesta a llegar al fondo del asunto y uno de los problemas sigue siendo el acceso a documentos militares.

Mientras, la prioridad de los padres sigue siendo que se sepa la verdad, así, sin adjetivos. Lo pidió una mamá al final de la audiencia del miércoles desde una sala contigua a la principal. Lo gritarán todos el viernes que, como cada día 26 desde aquel fatídico 26 de septiembre de 2014, salen a marchar por las calles de la capital.

Murillo Karam, de 74 años y con toda una vida pública a sus espaldas como miembro del Partido Revolucionario Institucional, pasó las doce horas de audiencia moviéndose en su silla. A ratos parecía derrotado, con las manos en sus bolsillos o apoyado en la mesa. Otras conversaba mostrando cierta autoridad sobre los abogados.

Su defensa intentó argumentar que no había pruebas directas que lo incriminaran pero no rebatió los hechos de fondo y se concentró en intentar que el exfuncionario siguiera su proceso fuera de la cárcel. Debido a que tras su detención sus abogados vieron que ni el argumento de la edad ni sus problemas de salud convencieron al juez, el miércoles por la noche optaron por presentar a un testigo.

Al ser cuestionado por la fiscalía, reconoció que había sido colaborador del exprocurador y que le conocía desde hace 12 años. El “experto en medidas cautelares” habló de cómo el “desempeño intachable” de Murillo Karam y el apego a su familia y sus mascotas eran pruebas de que no se fugaría y que podría concedérsele un arresto domiciliario.

No convenció al juez que lo regresó a la celda, con un proceso abierto que podría conllevar hasta 40 años de cárcel.