Australia aumentará su admisión de migrantes en 35.000

El gobierno australiano anunció el viernes que incrementará su admisión de migrantes permanentes en 35.000 hasta llegar a 195.000 en el presente año fiscal para hacer frente a la escasez de mano de obra y personal calificado en el país.

La ministra del Interior, Clare O’Neil, anunció el aumento para el año que finaliza el 30 de junio de 2023 durante una cumbre de dos días en la que participaron 140 representantes de gobiernos, sindicatos, empresas e industrias con el fin de abordar la escasez de personal, la cual se vio agravada por la pandemia de COVID-19.

O’Neill dijo que los enfermeros australianos han estado trabajando turnos dobles y triples durante los últimos dos años, que se han cancelado vuelos por falta de personal de tierra y que la fruta se pudre en los árboles porque no hay quién la recoja.

“Nuestro objetivo siempre es empleo primero para los australianos, y por eso gran parte de la cumbre se ha centrado en la formación y en la participación de las mujeres y otros grupos marginados”, señaló O’Neill.

“Pero el impacto del COVID ha sido tan fuerte que, incluso si agotamos todas las demás posibilidades, aún nos faltarán muchos miles de trabajadores, al menos a corto plazo”, añadió.

O’Neill dijo que muchas de las “mentes mejores y más brillantes” estaban eligiendo emigrar a Canadá, Alemania y Gran Bretaña en lugar de Australia.

Describió el programa australiano de inmigración como “terriblemente complejo”, con más de 70 programas de visado únicos.

Australia establecerá un panel para reconstruir su programa de inmigración en el interés nacional, dijo.

El primer ministro Anthony Albanese anunció el jueves —el primer día de la Cumbre sobre el Empleo y Competencias— que el año que viene se ofrecerán 180.000 plazas en escuelas de formación profesional, a un costo de 1.100 millones de dólares australianos (748.000 dólares), para reducir la escasez de competencias del país.

Australia impuso algunas de las restricciones de viajes internacionales más estrictas para un país democrático durante 20 meses en la primera etapa de la pandemia de coronavirus, y a partir de diciembre del año pasado volvió a abrirse gradualmente a los trabajadores calificados.