Arzobispo dice no le compete aprobar la reelección de Bukele
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, afirma que no le compete aprobar o desaprobar la reelección del presidente Nayib Bukele y que solamente expuso que el mandatario tiene una alta aceptación y que queda de los ciudadanos tomar la mejor decisión
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, dijo el lunes que no le compete aprobar o desaprobar la reelección del presidente Nayib Bukele y que solo expuso que el mandatario tiene una alta aceptación y que queda de los ciudadanos tomar la mejor decisión.
El religioso publicó en la jornada un vídeo en el que busca aclarar comentarios formulados la víspera sobre la reelección de Bukele y ante los ataques que formularon en su contra algunos sectores que rechazan que el gobernante busque un segundo mandato consecutivo en El Salvador.
“Yo no me pronuncié en el sentido de aprobar o desaprobar tal posibilidad (de que Bukele busque la reelección) porque no me compete hacerlo, le compete a la Suprema Corte y al Tribunal Supremo Electoral (que) ya lo habían hecho a favor, actos también conocidos por todos", señaló monseñor Escobar Alas.
Bukele anunció su intención de buscar la reelección el 15 de septiembre durante la celebración por el Día de la Independencia de El Salvador y un año después de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema -designados por sus aliados en el Congreso- lo habilitaron para inscribirse como candidato en las elecciones del domingo 4 de febrero de 2024.
Bukele, quien asumió el poder el 1 de junio de 2019 y mantiene un nivel de popularidad por encima del 80%, ya recibió el apoyo de algunos sectores para buscar la reelección, mientras que otros expresan rechazo con el argumento que la Carta Magna la prohíbe.
Los niveles de aceptación de Bukele aumentaron con el combate a las pandillas y según encuestas de opinión recientes el 95% de la población está a favor de las medidas de seguridad que han reducido considerablemente la violencia en el país, según las autoridades, aunque son cuestionadas por organismos de derechos humanos.