Arzobispo de San Salvador: Gente apoya estado de excepción

El arzobispo capitalino, monseñor José Luis Escobar Alas, declaró el domingo que la mayoría de los salvadoreños están a favor del estado de excepción porque quieren que se termine la violencia generada por las pandillas.

“Las personas no quieren que vuelva la situación de violencia. Quisieran que las cosas no sólo se mantengan, sino que avancen para que termine la violencia”, dijo el prelado en conferencia de prensa luego de presidir la misa dominical en la catedral metropolitana.

Después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en varios años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

El estado de excepción se extendió por última vez el 19 de julio y, según las autoridades de seguridad pública, lo seguirán prologando hasta que se termine la violencia de las pandillas, también conocidas como maras.

Escobar Alas dijo que los pobladores a los que ha escuchado esperan que se mantenga la lucha contra la violencia de las pandillas, pues “la gente tiene mucho miedo de volver a la situación de antes; hoy que han comenzado a vivir sin ese flagelo, por lo menos disminuido”.

Al ser consultado sobre la presencia de militares en las unidades del transporte público, que algunos han llamado “militarización del transporte”, el arzobispo dijo que los usuarios están contentos con la medida, porque les ofrece seguridad.

Escobar Alas dijo haber escuchado las quejas de familiares de personas capturadas durante el estado de excepción, y que alegan son inocentes, y pidió a las autoridades que busquen una forma en la que se continúe haciendo justicia, pero se trate de evitar en cuanto sea posible estos “márgenes de error o como se le quiera llamar”.

Exhortó al sistema judicial a comprobar lo más rápido posible la inocencia de los detenidos para ponerlos en libertad, y recordó que el arzobispado cuenta con el organismo de Tutela de los Derechos Humanos, que escucha y orienta a los familiares.

Entretanto, familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción marcharon a la Casa Presidencial para exigir su libertad, asegurando que son inocentes. Sin embargo, unidades del Mantenimiento del Orden le cerraron el paso con barricadas de alambres de púas. No se reportaron mayores incidentes.

Los familiares de los detenidos entregaron recientemente al gobierno un documento con los nombres de sus parientes que, aseguran, fueron detenidos arbitrariamente bajo acusaciones de pertenecer o colaborar con las pandillas, pero aún no han recibido respuesta, señalaron.

Desde que se decretó el régimen de excepción, las autoridades han capturado a 48.207 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o de ser colaboradores de las pandillas.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto, siempre que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas.

El Congreso salvadoreño aprobó en marzo pasado algunas reformas al Código Penal para convertir en delito el ser parte de una pandilla, lo que podría sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas podrían enfrentan condenas de 40 a 45 años de cárcel.

En los delitos relacionados con el rimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.

Las llamadas maras o pandillas, que se estima que tienen unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.