Arce deroga polémica ley para calmar descontento en Bolivia

El presidente boliviano Luis Arce anunció la derogación de una polémica ley tras una semana de protestas y huelgas a nivel nacional de varios sectores económicos, las cuales han provocado la muerte de un manifestante, y denunció un supuesto “trasfondo político” para desestabilizar a su gobierno.

“Hemos tomado la decisión de abrogar la ley para que no haya más pretextos de seguir paralizando la economía”, dijo el mandatario izquierdista el sábado en la noche en un mensaje al país, rodeado de dirigentes sindicales afines a su gobierno.

“Hay factores de la ley que inquietan a algunos sectores, pero también hay intereses políticos”, dijo en referencia al apoyo de partidos y organizaciones ciudadanas opositoras a las movilizaciones que se han extendido a todo el país.

Gremiales, pequeños empresarios y transportistas rechazan la “Ley de Ganancias Ilícitas y Lucha contra el Terrorismo” por considerarla “confiscatoria” . La ley fue aprobada en agosto como parte de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia. La norma impone fuertes controles y sanciones para evitar que dinero ilícito del contrabando y del tráfico de drogas se infiltre en las finanzas a través de sectores informales que dominan poco más del 70% de la economía.

La oposición rechazó la ley por temores de que el gobierno la use para perseguir a opositores ante la ausencia de una justicia independiente. Los opositores acusan al gobierno de “manipular la justicia” para perseguir y castigar la disidencia.

El sábado fue otra jornada de violencia callejera en barrios populares de la ciudad de Santa Cruz, en el este, la urbe más poblada del país y reducto de la oposición. La policía se enfrentó a bandos encontrados de seguidores y opositores. Decenas de tractores y camiones fueron usados en la protesta para reclamar la derogatoria de la ley.

Arce celebró el lunes su primer año en el gobierno en medio de conflictos sociales y descontentos debido a la crisis agravada por la pandemia y fuertes tensiones derivadas de la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales por sospechas de fraude electoral.

Es la segunda norma que abroga Arce por presión popular.