AP EXPLICA: Cómo nueva ley dificulta la votación en Texas

Los cambios radicales en las leyes electorales de Texas que el gobernador republicano Greg Abbott promulgó el martes harán más difícil —e incluso más arriesgado legalmente— votar en el estado, que ya tenía algunas de las normas electorales más restrictivas del país.

Los demócratas paralizaron las sesiones del Capitolio estatal durante 38 días consecutivos, después de que más de 50 de ellos huyeran en julio a Washington D.C. con el fin de privar a los republicanos del quórum necesario para conducir los asuntos del estado. Hace unas tres semanas regresaron los suficientes para poner fin al estancamiento, y los líderes del Partido Republicano se apresuraron a aprobar el proyecto de ley en ambas cámaras. El gobernador Abbott dijo inmediatamente que lo firmaría, lo que ocurrió el martes.

Texas es uno de al menos 18 estados —entre ellos Florida Georgia y Arizona— que han promulgado nuevas restricciones a la votación desde las elecciones de 2020, según la organización sin fines de lucro Centro Brennan para la Justicia.

La campaña nacional realizada por los republicanos para endurecer las leyes de votación ha sido impulsada en parte por las afirmaciones falsas del expresidente Donald Trump de que le robaron las elecciones de 2020.

A continuación, un vistazo a lo que incluye la nueva ley de Texas:

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EMPODERAMIENTO DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES

Algunos de los cambios más significativos en la ley de Texas tienen que ver con los observadores electorales de los partidos: los voluntarios que los dos partidos principales despliegan para observar la votación y el recuento. En fecha tan reciente como 1962, los observadores electorales republicanos en algunas partes de Texas retaron a los votantes negros y latinos a que leyeran y explicaran la Constitución de Estados Unidos antes de votar, como parte de una campaña apodada “Operación Ojo de Águila”. En 2020, el entonces presidente Donald Trump citó declaraciones no verificadas de observadores electorales del Partido Republicano para sembrar dudas sobre los resultados y hacer afirmaciones falsas de fraude.

El texto final de la ley general da a los observadores electorales de los partidos nuevos accesos, protecciones y poderes. La ley convierte en un delito menor de clase A —comparable al robo de un vehículo— el hecho de que un funcionario electoral rechace a un observador electoral designado. Según la nueva ley, cualquiera que obstruya deliberadamente el acceso de un observador electoral también comete un delito. La normativa establece que los observadores pueden tener “libre movimiento” en las instalaciones de votación y pueden “sentarse o estar lo suficientemente cerca como para escuchar o ver la actividad”. La ley de Texas sigue prohibiendo a los observadores electorales ver cómo vota alguien. Sin embargo, pueden observar la transferencia de los datos de la votación.

La ley faculta a los observadores electorales a demandar y solicitar órdenes judiciales contra los funcionarios electorales que se interpongan en su camino. La nueva ley también exige a los observadores electorales que hagan un juramento de que no van a acosar a los votantes y que completen un curso de formación antes de participar, para lo cual deben mostrar un certificado a su llegada.

Los observadores electorales sólo pueden ser expulsados por violar la ley electoral si tal violación es presenciada por el secretario o juez electoral y por violaciones del código penal.

Los republicanos argumentan que estos cambios son necesarios porque los votantes sólo confiarán en los comicios si sus representantes tienen acceso libre a casi todos los aspectos de la votación y el escrutinio. Sin embargo, los demócratas y las organizaciones de derechos civiles recuerdan la historia de los conservadores de Texas que han utilizado a los observadores electorales para intimidar a los votantes de minorías raciales y étnicas del país.

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LIMITACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE VOTAR

La ley redactada por los republicanos revierte explícitamente las formas en las que los condados demócratas han facilitado el voto, especialmente durante la pandemia de coronavirus. Prohíbe los buzones para votar por correo —una práctica que se ha utilizado durante años en otros estados sin mayores problemas— y prohíbe el envío por correo de solicitudes de voto en ausencia y de papeletas a todos los votantes con derecho a voto. La ley también convierte en delito grave el envío por parte de cualquier funcionario electoral de formularios no solicitados o de papeletas para votación por correo.

La ley republicana también prohíbe la votación desde el automóvil para la mayoría de los electores y controla los horarios en los que los gobiernos de los condados pueden mantener abiertas las casillas de votación. Eso pondrá fin a los centros de votación abiertos las 24 horas. El condado de Harris en Houston, una de las áreas más grandes y con mayor diversidad racial de la nación, dice que 140.000 votantes utilizaron en noviembre sus centros de voto desde el automóvil y sus centros de 24 horas.

Los republicanos alegan que estos procedimientos se utilizaron durante la pandemia existente pero que una crisis de salud como ésta sólo se produce una vez en un siglo y que no deberían ser características habituales de la votación en el estado. Los demócratas y los grupos de derechos electorales dicen que esas medidas simplemente facilitan que las personas puedan votar y que, en especial, ayudaron a los votantes de la clase trabajadora, los jóvenes y los enfermos a llegar a las urnas.

Dos disposiciones de la ley hacen que la votación sea más conveniente, al extender las horas de votación anticipada y al exigir que los lugares de trabajo permitan a los empleados trasladarse a las urnas durante una votación anticipada o el día de las elecciones.

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NUEVOS OBSTÁCULOS PARA VOTAR POR CORREO

Texas ya es uno de los estados de la nación en los que es más difícil votar por correo. El proceso está limitado a personas de 65 años o más, votantes que estarán fuera del estado durante las elecciones o personas con discapacidades. Pero después de que Trump se opuso a la votación por correo durante su fallida candidatura a la reelección, los republicanos en Texas y otros lugares se enfocaron contra el método y han estado ansiosos por endurecer las regulaciones al respecto.

La ley de Texas agrega más pasos y papeleo para los votantes, incluidos los requisitos para incluir su número de licencia de conducir, el certificado de identificación electoral o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y una firma de “tinta sobre papel” que se pueda cotejar con cualquier firma archivada previamente en los registros correspondientes del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Quienes se oponen a la disposición —que es similar a una que se aprobó en Georgia— dicen que crearía otra oportunidad para que los votantes cometan errores menores que podrían resultar en la eliminación de las boletas.

La nueva ley aborda parcialmente esa preocupación. Los votantes que envíen sus boletas antes del día de las elecciones serán notificados de los problemas y se les permitirá ir a una oficina electoral para solucionar los que puedan descalificar el voto, como una firma que no coincida, mientras que algunos votantes que califiquen podrán corregir los errores en línea.

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CASTIGOS PENALES

La ley de Texas, al igual que otras aprobadas o propuestas este año, crea o amplía varias sanciones penales relacionadas con las elecciones, algunas de las cuales están definidas en términos muy generales y podrían comprometer a los votantes o a quienes los ayuden. Los republicanos sostienen que son necesarias para evitar fraudes o una influencia indebida en los votantes.

Los demócratas apuntan, con toda razón, que el fraude electoral es extremadamente raro. El fiscal general del estado, que es republicano, dedicó millones de dólares a investigaciones de fraude electoral desde el año pasado, pero sólo ha detectado un puñado de casos en un estado en el que votaron más de 11 millones de personas en noviembre.

La ley amplía el mandato existente de que las personas que ayuden a los votantes con las papeletas proporcionen información en el sobre que acredite su función. Según la ley, cualquier persona que ayude a un votante a rellenar una papeleta debe presentar también su nombre, dirección, parentesco y detalles sobre si ha sido pagada por una campaña o comité político y prestar juramento, bajo pena de perjurio. Los votantes que no puedan rellenar la papeleta por sí mismos o leerla podrán votar con ayuda.

En una victoria para los defensores de los discapacitados, que decían que la cláusula exigía la revelación de información personal o médica, el texto final de la ley modificó el juramento para no obligar a quienes ayuden en la emisión del voto a prometer que certificaban que el votante era elegible debido a una discapacidad o a su incapacidad para leer la papeleta.

La ley también exige a los funcionarios electorales locales que remitan al fiscal general del estado todos los casos de votos emitidos indebidamente. A los grupos de defensa del derecho al voto les preocupa que se pueda abusar de esta medida para procesar penalmente errores comunes, como que un votante no actualice su registro al mudarse de condado. Los republicanos argumentan que se trata de una forma sensata de prevenir el fraude.

El texto que habría protegido a las personas con condenas por delitos graves de la acción de la justicia si emiten un voto sin saber que no son elegibles para votar fue eliminado del proyecto de ley en el último minuto. Había sido una de las pocas áreas de acuerdo bipartidista y se aprobó por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes tras la detención de dos votantes de Texas, ambos de raza negra, que intensificaron las críticas en medio de la lucha sobre las restricciones al voto que, según los opositores, afectan de forma desproporcionada a las personas no blancas. Los legisladores republicanos del Senado rechazaron el cambio.

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Riccardi informó desde Denver. El periodista de The Associated Press Paul J. Weber en Austin contribuyó a este despacho.