Algunos estados de EEUU no refrenan a la policía; al revés

Luego de un año de protestas en todo Estados Unidos contra la brutalidad policial, algunos estados controlados por los republicanos han minimizado o bloqueado propuestas de reformas a sus cuerpos policiales y han actuado en dirección opuesta: otorgando más poderes a los agentes. Con ello, están haciendo más difícil penalizarlos y expandiendo su autoridad para reprimir manifestaciones.

Los patrocinadores de las medidas republicanas actuaron a raíz de las protestas en toda la nación tras la muerte de George Floyd y usaron como argumento los disturbios y la destrucción ocurridos el verano pasado en grandes ciudades estadounidenses, incluso Portland, Nueva York y Minneapolis donde Floyd murió a manos de la policía.

“Tenemos que fortalecer nuestras leyes en lo que se refiere a la violencia de las turbas, para asegurarnos de que las personas serán disuadidas inequívocamente de usar la violencia cuando estén en grupos grandes”, dijo el representante estatal de Florida, el republicano Juan Fernandez-Barquin, durante una audiencia sobre una ley antimotines promulgada en abril.

Florida es uno de los pocos estados este año que han expandido la autoridad policial y han aprobado reformas: una propuesta separada en espera de la firma del gobernador requeriría entrenamiento adicional sobre el uso de fuerza y busca garantizar que los policías intervengan si otro agente usa una fuerza excesiva.

Los estados donde los legisladores rechazaron el movimiento reformista de los cuerpos policiales son Arizona, Iowa, Oklahoma Tennessee y Wyoming, de acuerdo con un análisis de sus legislaciones por parte de The Associated Press.

El jueves, la gobernadora de Iowa Kim Reynolds firmó una ley para expandir la inmunidad cualificada para los policías y aumentar las penalizaciones contra los manifestantes, incluso al elevar el motín a delito grave.

“Se trata de proteger a los agentes del orden y darles las herramientas que necesitan para mantener seguras a nuestras comunidades y mostrarles que los apoyamos”, dijo el representante estatal republicano Jarad Klein, que respaldó la iniciativa.

La propuesta fue aprobada por la Legislatura, controlada por los republicanos, pese a promesas de la gobernadora republicana y líderes legislativos de su partido, que dijeron que buscarían poner fin a la conducta discriminatoria de la policía y adoptar otras reformas de la justicia penal.

Reynolds introdujo varias iniciativas al inicio de las sesiones legislativas de 2021 para prohibir el etiquetamiento racial por parte de los policías y establecer un sistema que monitoreara los datos sobre raza en las detenciones policiales. Ambas ideas fueron recomendadas por una fuerza especial creada por la gobernadora en noviembre de 2019. En lugar de ello, los legisladores republicanos ignoraron las propuestas y promovieron la nueva ley.

Reynolds reconoció que no siempre obtiene lo que quiere, incluso de su propio partido. Ella planea reintroducir las iniciativas el año próximo, dijo su portavoz.

Los activistas por las reformas expresaron su decepción por el rápido cambio de posición de los republicanos en Iowa.

“¿Será demasiado difícil hacer lo correcto?”, preguntó el representante demócrata Ras Smith durante el debate de la propuesta. “Ustedes decidieron tratar esto como uno de dos: pisotearon la libertad, mostraron respaldo a las agencias del orden de una forma que ni siquiera ellas pidieron”.

Tras la muerte de Floyd a manos de policías, los demócratas de Oklahoma trataron de aprovechar el movimiento de protestas para aprobar leyes que prohibieran el uso de llaves de estrangulamiento, dieran directrices uniformes sobre el uso de cámaras corporales y crearan una base de datos sobre abuso de la fuerza por parte de la policía, pero ninguna de esas propuestas siquiera fue sometida a una audiencia. Un legislador republicano las llamó innecesarias, luego de que las propuestas se toparon con la oposición de policías, fiscales y sheriffs.

Los republicanos que controlaban la asamblea estatal aprobaron una ley para otorgar mayor inmunidad a los conductores cuyos vehículos atropellaran e hirieran a manifestantes en calles públicas y para prevenir la publicación de datos personales que identificaran a policías si el objetivo es hostigar o amenazar al agente.

“Yo me sentí decepcionado porque se trataba simplemente de medidas de rendición de cuentas” con el fin de “asegurarnos de que la gente entiende lo que sucede cuando se hace algo malo”, dijo el representante estatal demócrata Monroe Nichols, cuyo padre y tío eran policías.

En Wyoming, la representante de demócrata Karlee Provenza presentó una propuesta de ley que habría prevenido que los policías despedidos por mala conducta fueran contratados por otra agencia del orden. Su propuesta fue aprobada en la cámara baja estatal, pero no pasó en el Senado. Ambas cámaras están controladas por los republicanos.

“Si la conversación es: ‘ésta es una propuesta antipolicía’ en lugar de ‘ésta es una propuesta de rendición de cuentas’, la cuesta es mucho más empinada”, dijo Provenza.

Byron Oedekoven, director ejecutivo de la Asociación de Sheriffs y Jefes de Policía de Wyoming, dijo que la propuesta de ley era innecesaria. Las agencias del orden, dijo, ya realizan un buen trabajo investigando a los policías, incluso al seguir los estándares de contratación y reportando voluntariamente a policías que son descertificados a una base nacional de datos.

Mientras ciudades en todo el país estaban creando o expandiendo juntas civiles de supervisión policial, los gobernadores republicanos en Tennessee y Arizona firmaron leyes que pudieran reducir la independencia de esas juntas. Las leyes requieren que los miembros de las juntas completen horas de entrenamiento policial o bien disponen que una mayoría de las posiciones en las juntas sean cubiertas por policías. Los críticos dicen que esos pasos contradicen el propósito de la supervisión civil.

La intención de las juntas era responder a preocupaciones, especialmente entre las comunidades negras, de que los departamentos de policía tienen poca supervisión aparte de sus propios sistemas internos, que a menudo exoneran a los agentes en casos de tiroteos fatales.

“Da la impresión de que la zorra está a cargo del gallinero”, dijo la senadora demócrata de Arizona Kirsten Engel sobre la iniciativa en el estado.

Algunos estados continúan presentando propuestas para proteger a la policía, incluso propuestas recientes en Ohio y Kentucky que harían delitos provocar o filmar a un policía, pero la mitad de los estados en el país han adoptado al menos algunas reformas.

Desde mayo de 2020, al menos 67 reformas policiales han sido promulgadas en 25 estados, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL). Esas leyes lidian con asuntos como las polémicas llaves estranguladoras, cámaras corporales, historiales disciplinarios y de personal e investigaciones independientes, entre otros asuntos.

Al menos 13 estados promulgaron leyes que restringen el uso de la fuerza y al menos ocho implementaron medidas para fortalecer las revisiones e investigaciones de policías, de acuerdo con datos de la NCSL.

Minnesota prohibió las llaves de estrangulación. Colorado en el primer estado en el país en despojar a la policía de la inmunidad cualificada. Washington implementó una decena de reformas policiales. Incluso Texas, dominada por los republicanos, implementó acciones disciplinarias más uniformes por conducta inapropiada de los agentes.

Algunos demócratas en estados de mayoría republicana se han sentido desalentados en sus esfuerzos para reformar el sistema de justicia.

“Hemos encontrado tantos obstáculos”, dijo la representante demócrata de Dakota del Sur Linda Duba, que fue parte de una coalición en favor de reformas.

En la reacción nacional a la muerte de Floyd, pareció haber suficiente impulso para reevaluar el papel de la policía en las comunidades de minorías, dijo Duba, pero el asunto se calcificó a lo largo de líneas políticas.

“Está sucediendo lentamente porque vivimos en un estado en donde las personas no están expuestas a ello, no creen que suceda o piensan que es antipatriótico criticar a las agencias del orden”, afirmó.

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Los periodistas de The Associated Press Acacia Coronado en Austin, Texas; Brendan Farrington en Tallahassee, Florida; Stephen Groves en Sioux Falls, Dakota del Sur; Jonathan Mattise en Nashville, Tennessee; Sean Murphy en Oklahoma City; David Pitt en Des Moines, Iowa; y Colleen Slevin en Denver, contribuyeron a este reportaje.

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Farnoush Amiri es parte de la Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que coloca periodistas en salas de redacción para cubrir temas que no reciben mucha atención.